Los centros privados ven asegurado el negocio e incrementan de forma notable la actividad derivada del Sergas
El gobierno de Rajoy actuó desde el primer momento, y de forma implacable, con el objetivo de degradar y descapitalizar los servicios públicos para generar espacios de negocio a las empresas privadas. La sanidad fue seriamente atacada. El funesto Real Decreto 16/2012 significó una auténtica contrarreforma que provocó graves perjuicios, difíciles de reparar, al sistema sanitario, a los profesionales y, sobre todo, a los ciudadanos. La restauración del daño causado debe ser una prioridad del nuevo gobierno. La ministra, Carmen Montón, conoce bien las dificultades de este objetivo: en la Consellería de Sanidad valenciana no se lo pusieron nada fácil.
Pero en Galicia sigue gobernando el Partido Popular y la degradación de la sanidad pública continúa, bajo la batuta de Núñez Feijóo, que es un experto y convencido privatizador. Fue la mano derecha de Romay cuando implantaron en Galicia las nefastas Fundaciones Sanitarias que después tuvo que rescatar –e incorporar al Sergas- el gobierno progresista, pues estaban todas en quiebra. También fue presidente de Correos (2001-2003) y aprovechó la ocasión para privatizar dicha empresa pública
En el primer mandato, iniciado en 2009, el presidente de la Xunta afirmó que podría privatizar actividades relacionadas con la sanidad pero nunca tocaría el núcleo duro del sistema: la bata blanca. Como suelen hacer en el PP, Núñez Feijóo no tardó en hacer justo lo contrario de lo que venía afirmando. Comenzó con la rápida externalización de servicios de apoyo (suministro y logística, mantenimiento, limpieza y energía, cita previa, telecomunicaciones, catering, etc), pero la privatización continúa, afectando a actividades tan importantes para el control del sistema sanitario como la alta tecnología, el Laboratorio Central de Galicia, la investigación e incluso las contrataciones públicas del Sergas. Es decir: entrega la inteligencia y los datos más sensibles de la sanidad a manos privadas, que así dejan de estar bajo el control estricto de la Administración.
Después de nueve años la sanidad pública está en una situación dramática: Núñez Feijóo hizo una drástica reducción del presupuesto sanitario, aplicó severos recortes de personal, rebajó el número de camas hospitalarias y puso en manos privadas el nuevo hospital de Vigo mientras renovaba el concierto singular con el hospital privado Povisa por diez años más. La actuación de Núñez Feijóo en relación con la sanidad tiene una estrategia bien definida (la que aplicó el PP en Valencia y Madrid con resultados nefastos): pretende suspender el derecho a la atención sanitaria, establecido en la Constitución, y convertir la actividad sanitaria en un terreno lucrativo donde crecen los negocios de empresas afines y de las grandes multinacionales tecnológicas y farmacéuticas, que se están haciendo con el control del sistema público.
El trabajo destructivo continúa. El sistema sanitario está siendo atacado desde el propio poder. El gobierno de Núñez Feijóo publicó a finales de 2017 una norma tramposa. El Decreto de tiempos máximos de espera debería servir para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en un plazo razonable en el sistema público. Pero, por el contrario, lo que realmente garantiza es la derivación masiva de pacientes a centros privados y el castigo de los que no acepten tal derivación mediante la exclusión del derecho garantizado por esta ley. Así lo establece, de forma obscena, la Instrucción 1/2018. De este modo los centros privados ven asegurado el negocio e incrementan de forma notable la actividad derivada del Sergas.
En este contexto se entiende que el Hospital de A Coruña venga de firmar un Acuerdo Marco con los hospitales privados de la ciudad, por un montante total de casi 100 millones de euros, para realizar actividad asistencial concertada en los próximos cuatro años. El acuerdo incluye actividad asistencial, quirúrgica, pruebas complementarias y también la hemodiálisis. Los centros más beneficiados por este Acuerdo Marco son el Hospital San Rafael, el Hospital Modelo y el Hospital Quirón, que ya venía realizando la hemodiálisis de pacientes del Sergas desde hace años. Con estas medidas el presupuesto sanitario es desviado a los centros privados, mientras los públicos están siendo descapitalizados y privados de medios y personal, que trabaja en condiciones cada vez más precarias. Es necesario frenar el deterioro de la sanidad pública en Galicia, mientras sea posible: debe ser una de las prioridades de la oposición.