viernes 25/6/21

1.323 millones de autobombo publicitario

Es fácil imaginarse cuantas políticas sociales se podrían haber realizado con esta cantidad de dinero...

sanidad

Más de 77.000 personas en lista de espera en la sanidad madrileña, 20.330 trabajadores menos en el Servicio Madrileño de Salud entre 2011 y 2013, privatizaciones, y pagos y repagos, no han impedido que el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid siga con su estrategia de engaño masivo a los madrileños, a través de campañas de autobombo que salen de un dinero público que debería gastarse en mejorar la vida de los ciudadanos.

Me refiero, en esta ocasión, al nuevo acto de infamia que supone el gasto de 1,4 millones de euros en una campaña de publicidad que bajo el eslogan “La mejor sanidad y los mejores servicios hacen de Madrid una gran Comunidad”, está realizando el Gobierno del PP con el objetivo de decir que Madrid tiene la mejor sanidad.

Toda persona de bien, independientemente de su afinidad ideológica, entiende que es una vergüenza que se destine dinero público para hacer este tipo de campañas partidistas en época preelectoral, cuando el PP ha decido realizar tantos recortes, y además se ponen obstáculos para que personas enfermas puedan acceder a determinados fármacos para curarse, como ocurre con los enfermos de hepatitis C.

Pero aparte de vergonzoso e indignante, es que es ilegal. Sí, ILEGAL, como se puede constatar con dos ejemplos. El primero, es que como señala el artículo cuarto de la ley estatal de publicidad, las administraciones no podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o de comunicación que tengan por finalidad destacar los logros de gestión o de objetivos alcanzados. Y el segundo, es que el Tribunal de Cuentas también le ha dicho al Gobierno del PP de Madrid que “la Administración no puede valerse de la publicidad institucional como instrumento para dar a conocer que presta servicios o para referirse a los logros que consigue”.

La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es si estas campañas de autobombo son algo excepcional o, por el contrario, forman parte de una estrategia que desde que llegó el PP al gobierno han estado desarrollando. La respuesta es fácil. De manera sistemática los distintos gobiernos del PP han utilizado ingentes cantidades de dinero público para intentar engañar a los madrileños. Concretamente, en torno a 1.323 millones de euros, de los cuales 630.839.435 euros se han gastado en el periodo de gobierno Aguirre-González que es cuando más recortes han tenido que sufrir los madrileños.

Es fácil imaginarse cuantas políticas sociales se podrían haber realizado con esta cantidad de dinero, es fácil imaginarse cuanto sufrimiento se hubiera ahorrado cientos de miles de madrileños. Pero ahora, lo importante es acabar con estas prácticas en los gobiernos. Porque además, como va a comprobar dentro de poco el PP ya ni le sirven para tapar los escándalos y la corrupción que un día sí y otro también les salpica.

El argumento que se utiliza desde el PP, es que este dinero público se gasta en campañas que son un servicio público. Y ante esta afirmación hay que decirles que la ley es muy explícita. Claro que hay campañas institucionales son un servicio público y sirven para informar a los ciudadanos, pero lo que no es un servicio público es engañar y robar.

Y hoy ya se sabe, y está el informe en la Audiencia Nacional, que un consejero del gobierno de Esperanza Aguirre cobro comisiones por 248.872 euros de campañas realizadas por ese gobierno, y ese dinero salió de las Consejerías, organismos y entes de la Comunidad de Madrid.

Hoy se sabe y no es tolerable ni un servicio público, hacer propaganda en materia de vivienda y regalar 2.935 viviendas del IVIMA a Golman Sachs. Por ese motivo, hay que decir alto y claro que lo que no es un servicio público y además es ilegal es utilizar el dinero de todos los madrileños para intentar tener ventaja electoral, y de manera persistente, saltarse la ley en provecho propio.

Lo que no es un servicio público es utilizar 1.323 millones de euros para acabar con la libertad de información en la Comunidad de Madrid y castigar o premiar a los medios de comunicación en función si sacan o no información relacionada con la corrupción en los gobiernos de Esperanza Aguirre y González.

Lo que no es un servicio público es gastarse 1.323 millones de euros mientras se recortan en becas de comedor, en ayudas de libros, en políticas sociales, en dependencia, en mayores, en políticas de empleo…

Lo que no es un servicio público es la falta de trasparencia en el gasto, la falta de transparencia en la asignación de cantidades a los distintos medios de comunicación e impedir a los grupos de la oposición el acceso a los contratos públicos que tienen derecho a fiscalizar y controlar.

Los madrileños se merecen un gobierno decente, y en tres meses lo tendrán.

1.323 millones de autobombo publicitario