viernes. 29.03.2024

Lo que nunca se debe hacer

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Por Enrique Vega Fernández | El pasado 20 de octubre de 2019, se celebraron elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia. En un primer conteo provisional de los resultados de la elección presidencial, el Tribunal Supremo Electoral, con el 83’8% de los votos escrutados, daba la victoria al todavía presidente Evo Morales con el 45.3% de los votos, seguido del opositor (y expresidente) Carlos Mesa con el 38.2% de los votos. Una diferencia de menos de diez puntos porcentuales que, según la ley electoral boliviana, exige una segunda vuelta entre los dos primeros clasificados, ya que el vencedor no había alcanzado el 50% de los votos emitidos. 

Inesperadamente, a partir de las 19:40, el recuento de votos se detuvo en ese porcentaje -al parecer por detalles técnicos- hasta las 19:30 del día siguiente, 21 de octubre de 2019, cuando el Órgano Electoral Plurinacional, en conferencia de prensa, publica los datos que considera definitivos con el 95.3% de los votos computados: el 46’86% de ellos al presidente Evo Morales y el 36’72% a su inmediato seguidor el aspirante Carlos Mesa. Asignando, así, al presidente Morales una ventaja de más del 10% de los votos sobre su inmediato seguidor, es decir, convirtiéndole en vencedor de las elecciones y pudiendo, por tanto, repetir mandato.

Las fuerzas armadas y las de policía no están para suplantar la voluntad popular o decidir cuál debe ser ésta. Están precisamente para todo lo contrario, para garantizar y proteger que ésta se pueda cumplir

La oposición inmediatamente rechaza los resultados y lanza a sus partidarios a manifestarse en contra de ellos y de una posible repetición presidencial del presidente Morales, exigiendo una segunda vuelta. Manifestaciones que acaban convirtiéndose en violentas, con graves disturbios y pérdida de vidas humanas y destrozos. Y entonces ocurre lo que a estas líneas realmente le interesa. La policía, alegando antiguas reivindicaciones, se niega a actuar. Los partidarios del presidente Morales reaccionan a la defensiva, creando, en consecuencia, más disturbios, más violencia y más convulsión. El 10 de noviembre de 2019, tras casi un mes de disturbios y violencia, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, sugiere al presidente Morales, en conferencia de prensa y en nombre de las Fuerzas Armadas, que “renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”. Es decir, tomando partido, no ya él, que tiene derecho a tener su propia opinión política y de la situación, sino haciendo que la tome toda la institución que manda y dirige, las Fuerzas Armadas y, por consiguiente, todos los miembros que la forman y constituyen. El presidente Morales se ve forzado a dimitir y a exiliarse en México.

No pretenden estas líneas analizar ni dilucidar si el resultado electoral ha sido el adecuado o ha sido adulterado, ni si las reacciones violentas de oposición y gubernamentales son aceptables o condenables, ni si las reivindicaciones policiales están justificadas o son desmesuradas. Lo que le interesa a estas líneas es llamar la atención sobre lo que nunca deberían haber hecho las dos fuerzas armadas, policía y ejército, del país, precisamente por ser y estar armadas y organizadas, dotadas y entrenadas para usar dichas armas.

1 | Aprovechar la policía la grave situación de algaradas y desmanes violentos para chantajear a las autoridades, todavía legítimas, replanteando sus reivindicaciones. Puede aceptarse, por qué no, el derecho a la huelga de los policías, pero por profesionalidad, no en este tipo de momentos. Un médico tiene derecho al descanso fuera de sus horas de trabajo, pero no a desasistir a un herido que se encuentre en plena calle. Sería omisión del deber de asistencia.

2 | Inmiscuirse las Fuerzas Armadas en la solución de un problema de carácter político sin ser requeridas para ello por las autoridades legítimas de las que dependen y sin, por tanto, haber recibido las correspondientes órdenes de cómo, cuándo y dónde. 

3 | Arrogarse el jefe de las mismas, general Kaliman, o, lo más probablemente, toda la cúpula militar, el derecho a expresar su opción política como la opción política de todos los miembros de la Fuerzas Armadas. ¿O es que es creíble que no hay partidarios del presidente Morales y de la justeza de su victoria electoral en todas las Fuerzas Armadas? ¿Por qué ponerlos en la difícil tesitura de tener que elegir entre la disciplina y la profesionalidad, entre el castigo y el cumplimiento del deber?

4 | Las fuerzas armadas y las de policía no están para suplantar la voluntad popular o decidir cuál debe ser ésta. Están precisamente para todo lo contrario, para garantizar y proteger que ésta se pueda cumplir, manteniendo el orden público las segundas y manteniendo su neutralidad política bajo las órdenes de las autoridades legales instituidas en cada momento, las primeras. Dispuestas a mantener esa obediencia y esa neutralidad cuando dichas autoridades legales cambien si así lo decide la voluntad popular expresada por los cauces establecidos.


Enrique Vega Fernández | Coronel de Infantería (retirado), firmante del Manifiesto en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas

Lo que nunca se debe hacer