En España, donde el coste de la corrupción está estimado en 90.000 millones de euros cada año, no existe aún una Ley Estatal de Protección de los Alertadores
Ayer, 16 de abril de 2019, el pleno del Parlamento Europeo votó y aprobó en Estrasburgo la Directiva Europea para la Protección de Alertadores, cuyo camino había comenzado a finales de abril de año pasado. Esta Directiva ha supuesto todo un hito en la protección de los que, desafortunadamente, son unos verdaderos héroes y heroínas de nuestro tiempo. Las y los alertadores, aquellas personas que anteponen el bien común al suyo particular para dar a conocer una situación irregular de la que son testigos en el desempeño de su actividad, sea en el ámbito privado o en el público.
En España, hemos conocido casos como los de Ana Garrido o el Teniente Luis Segura, quienes han sufrido grandes consecuencias tanto laborales, como personales y familiares, desde que decidieron romper su silencio y denunciar. Algo que puede parecer sencillo, pero que se convierte en un hecho de valentía y casi de suicidio personal si tenemos en cuenta que en nuestro país, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, no existe hasta la fecha ningún tipo de protección para los alertadores.
Sólo nueve países de la Unión Europea tienen una Ley específica de Protección de Alertadores, entre los que destacan Francia, Irlanda, Italia, Eslovaquia y Holanda, y sólo 8 más tienen algún tipo de regulación parcial que los protege de acuerdo con leyes laborales o de los servidores públicos.
En España, donde el coste de la corrupción está estimado en 90.000 millones de euros cada año, según un informe del Grupo de Los Verdes/ Alianza Libre Europea, no existe aún una Ley Estatal de Protección de los Alertadores, si bien se ha avanzado y hay algunos intentos positivos a nivel regional, como la puesta en marcha en 2017 de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, una experiencia de referencia que arroja esperanzadores resultados a nivel local.
Con la aprobación de la Directiva Europea, se abre un plazo de dos años para que el Gobierno Español trasponga la misma y cree esta Ley Estatal de protección de alertadores. Una protección que hasta el momento sólo estaba esbozada en el proyecto de Ley Integral de Lucha contra la corrupción de Ciudadanos, proyecto que, aunque muy alejado de los estándares internacionales, permitió a la sociedad civil ser escuchada, pero que no puede ser llevado adelante, dada la convocatoria de las elecciones del 28A.
España se encuentra, por un lado, ante el mandato de trasponer una directiva europea; por otro, ante la posibilidad de llegar allí donde la Directiva no ha sabido llegar. Y es que esta nueva normativa, si bien recoge recomendaciones legislativas y da respuesta a preocupaciones principales de las organizaciones de la sociedad civil, ha quedado circunscrita a un carácter principalmente económico y financiero, dentro de los límites del derecho que regula la Unión Europea.
En España, el Gobierno que se conforme después del 28A, tendrá que comenzar la formulación de una nueva Ley de Protección de los Alertadores, que desde Actúa esperamos que sea independiente, complementaria al resto de normas que regulen la lucha contra la corrupción, porque creemos que este cáncer de la Democracia debe atajarse con un entramado legal institucional, que abarque más de una ley, como manera de asegurar no sólo la persecución y la prevención, también el cambio cultural imprescindible para que nuestro país avance en el nuevo contrato social, para el cual es imprescindible el combate contra la corrupción.
Es más, España ha sido un triste ejemplo de cómo la corrupción puede calar prácticamente todas las instituciones públicas y haber sufrido por ello una crisis aún más feroz que en otros países europeos (recordemos el rescate de la banca, los aeropuertos vacíos, los tranvías que no pueden andar.) Ahora tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y empezar a cumplir las promesas de lucha contra la corrupción, llevando aún más allá la exigencia europea, e incluyendo las demandas de los colectivos más golpeados por la desigualdad. Desde Actúa lucharemos por esto, trabajaremos por esto, porque haya un gobierno progresista que sí haga los deberes y que contemple, por ejemplo, la perspectiva de género en la Ley de Protección de Alertadores, incluyendo, por ejemplo, a las y los alertadores que denuncien la existencia de tramas lucrativas que comercialicen con mujeres, o con los vientres de éstas.
En definitiva, trabajaremos, ya que Europa ha puesto en marcha la cuenta atrás, para que nos lo tomemos en serio en este país y no nos conformemos con trasponer esta directiva para sacar un cinco raspado cuando vengan a evaluarnos. No para cumplir con la Unión Europea, sino porque realmente creemos en el inestimable valor que los y las alertadoras tienen para nuestra Democracia.