De entrada cabe decir que aquí no se tratará de analizar el contenido de la sentencia del “procés” sino en qué marco se produce. Hemos visto ya muchos análisis dispares y otros más o menos dispares entre sí. Debemos señalar que desde el campo de la política se emitían posiciones casi en el mismo momento de la publicación de la sentencia que se consideraba exagerada para los independentistas y sus acólitos, mientras para la derecha nacionalista española se consideraba insuficiente y corta.
Posteriormente numerosos juristas se han pronunciado con valoraciones diferentes, podríamos decir que se han dado tantas opiniones como juristas hay, muchas de ellas mediatizadas por el pensamiento de sus emisores. Respetando todas las opiniones, creo que debe respetarse con la misma o más consideración la sentencia de los magistrados del Supremo.
Aquí sólo se quiere señalar que la sentencia constata unos hechos que muchos hemos vivido en primera persona en Catalunya. Y no iremos más allá por lo que a la sentencia se trata. Aquí se trata de analizar en qué contexto se produce.
Estamos, y lo reivindico, en un Estado de Derecho derivado de la transición democrática y con una separación de poderes. Un Estado de Derecho y democrático equiparable al de los países de nuestro entorno. En un Estado de Derecho, la Justicia tiene plena autonomía y en base a ella dicta sus sentencias, con más o menos acierto o precisión, como pasa en cualquier otro.
Las sentencias en un Estado de Derecho se acatan, aunque pueda discreparse de ellas. Para ello está establecida la posibilidad de recurrir la sentencia. Y por estar en un estado democrático insertado en la Europa democrática sus sentencias pueden ser recurridas hasta llegar al TEDH.
Esta primera situación debe ser tenida en cuenta. Asimismo debe precisarse que es impropio calificar a los acusados de “presos políticos”, cuando en realidad son “políticos presos”. La diferencia es sustancial. No están detenidos ni condenados por sus ideas sino por los actos políticos que han provocado, la mayoría de ellos desde su función institucional, contra las máximas leyes democráticas que rigen en Catalunya, el Estatut y la Constitución. Con los hechos de 6/7 de setiembre que muchos se empeñan en ignorar se produjo un grave ataque al sistema democrático a partir de la vulneración de las leyes democráticas vigentes. Actuaciones efectuadas desde las máximas instituciones de autogobierno catalanas como son el Govern y el Parlament de Catalunya, con la connivencia y la utilización de entidades como Omnium i la ANC.
Aquí no se trataba de desobediencia social sino de desobediencia e intento de subvertir las leyes democráticas vigentes desde las instituciones. Y lo más relevante es que quienes hoy se quejan de la falta de independencia de la justicia intentaron establecer un nuevo orden en la llamada Ley de Transitoriedad donde textualmente se eliminaba la separación de poderes. Donde el poder ejecutivo nombraba al poder judicial.
La actuación de los dirigentes independentistas ha tenido consecuencias graves, y no en referencia a la propia sentencia que los afecta, sino porque han provocado una grave crisis en la sociedad catalana, provocando una grave fractura dentro de la ciudadanía que difícilmente y en el mejor de los casos después de un largo proceso recuperará la convivencia.
La pugna entre los nacionalismos español y catalán, que tanto rédito electoral les daba a ambos nos ha conducido a este callejón sin salida desde 2012
Y hasta ahí la sentencia. La sentencia no puede ni debe resolver el problema político existente en Catalunya, donde no hay por mucho que se repita hasta la saciedad mayorías del 80%. Es función de la política intentar lograr una salida primero a la actual situación para después intentar tratar de lograr una solución que sin seguramente satisfacer a nadie logre dar una salida aceptable para la mayoría de la sociedad catalana y española.
El fracaso de la política nos ha llevado hasta aquí. La pugna entre los nacionalismos español y catalán, que tanto rédito electoral les daba a ambos nos ha conducido a este callejón sin salida desde 2012 (donde por cierto el gobierno de CiU de Artur Mas aprobaba sus presupuestos con el voto del PP).
Creo que sólo desde la izquierda es posible intentar dar una salida a la situación. La propuesta se ha dicho y repetido. Hace falta un diálogo desde las partes, dentro de Catalunya y entre Catalunya y España, a partir del respeto a la legalidad vigente, incluso si es preciso para efectuar los cambios que se pudieran acordar en su momento. Para ello es necesaria la voluntad de las partes y en este momento, pese a lo duro que pueda parecer, una autocrítica por parte del independentismo del fracaso y las consecuencias de la vía unilateral.
Querría dejar claro que los nacionalismos son adversarios de la izquierda. Donde unos pretenden diferenciación por el origen de la gente, otros defienden o deben defender la solidaridad de clase. Frente al conflicto identitario el conflicto social. Pero ello no debe ser óbice para alcanzar acuerdos.
Sin duda será difícil por la obstinación de los diversos nacionalismos. El catalán que se resiste a reconocer ante sus seguidores el fracaso de un falso relato que no conduce más que a la catástrofe. Y el de las derechas nacionalistas españolas que por cálculos electorales parecen preferir “en cuanto peor mejor”, atizando con su discurso el enfrentamiento y el falso recurso a la fuerza que jamás logrará por si sólo solventar la situación actual.
Es preciso embridar los nacionalismos. La propia construcción de la UE se produjo con el objetivo de evitar el crecimiento de los nacionalismos que tanto daño causaron en los años 30 en Europa y que más recientemente pudimos ver en la antigua Yugoslavia. Es preciso superar los viejos nacionalismos por una forma de cooperación solidaria, el objetivo de la cual sería conseguir avanzar tanto en la federalización de España como de Europa. En un espacio basado en los principios del Estado de Derecho y los principios de la Libertad, Igualdad, Fraternidad y Solidaridad.