Lamentablemente nuestro país tiene un problema con el déficit democrático de la derecha española. Al contrario de otros países de nuestro entorno a nuestra derecha parece que le falta madurez democrática y liberal. La sombra del tiempo del franquismo revolotea por encima de la derecha que ni tan sólo se reconoce como heredera de Adolfo Suarez y su UCD, sino que es más hija de la más retrograda Alianza Popular de Fraga. Su ideología se rige aún bajo la hegemonía del nacional-catolicismo más reaccionario.
Eso les lleva a posicionarse siempre en contra de cualquier ley que permita crear nuevos derechos sociales individuales para la ciudadanía. Nuevos derechos que no representan ninguna obligación que cumplir para los ciudadanos que no quieran acogerse a las posibilidades que los nuevos derechos le brindan.
Los nuevos derechos no atentan contra la libertad de nadie. Al contrario permiten que una buena parte de la ciudadanía pueda acogerse a los supuestos que regulan y a nadie se le obliga a ello.
Esta situación no se da en la mayoría de países de la “vieja Europa” donde en gran parte de ellos existen o han existido partidos conservadores democráticos y partidos de derecha liberal que en muchos casos han sido paladines de esos nuevos derechos personales. Cabe señalar por ejemplo el caso de Simone Veil de la UDF francesa, partido de centroderecha liberal, que fue la ministra que legalizó el aborto en Francia en 1975. Asimismo muchos partidos de centro derecha liberal han asumido desde hace muchas décadas las leyes de divorcio o algunas legislaciones que favorecen los derechos de los homosexuales.
En España no se ha dado el caso. En todas las ocasiones la derecha que hoy representa el Partido Popular, se dividió en la votación de la Constitución democrática y después se ha opuesto de forma recurrente a las leyes del divorcio, del aborto, de los derechos homosexuales y ahora a la de la regulación de la eutanasia.
En 1981 Coalición Popular que integraba a Alianza Popular votó en contra de la “Ley del Divorcio” presentada por el Ministro Fernández Ordoñez de la UCD.
En 1983 el Partido Popular votó en contra de la “Ley de la despenalización del aborto”. Posteriormente en el 2010 el Partido Popular votó en contra de la Ley que ampliaba el derecho al aborto.
En el 2005 el Partido Popular votó en contra de la “Ley sobre el matrimonio de los homosexuales”. Cabe decir que leyes en el mismo sentido existen en Bélgica y Países Bajos, y sobre derechos LGTBI en estos tres países y en la mayor parte de Europa, esto es en Alemania, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.
Finalmente este año 2021 el Partido Popular ha votado en contra de la “Ley de la Eutanasia”.
Como ya hemos comentado estas leyes no obligan a nadie a divorciarse, abortar, no significa ningún cambio en la legislación del matrimonio heterosexual, y tampoco obliga a nadie a utilizar la eutanasia para morir dignamente.
Sólo desde una visceralidad propia del sectarismo o desde la falsedad y el fariseísmo más absolutos puede entenderse esta posición del partido que pretende englobar el centro y la derecha en España. Sectarismo propio de un pensamiento ultramontano de quien pretende que el conjunto de la sociedad se vea obligado a tener unas mismas creencias religiosas. Pero falsedad y fariseísmo porque después nunca han intentado de forma real anular estas leyes y además muchos de sus electores e incluso dirigentes se han servido de ellas. No queremos señalar nombres propios de miembros del PP que se han divorciado, no una sino algunos en diversas ocasiones. Tampoco queremos recordar que algún alto representante del PP ha utilizado la fórmula del matrimonio gay incluso con la presencia en el acto del en su tiempo Presidente del PP. Que hayan utilizado el derecho que les han dado esas leyes no es ningún reproche sino un ejemplo de que respondían a una necesidad social cierta.
Hay que tener presente que cuando el aborto estaba prohibido miles de mujeres con posibilidades económicas iban a abortar a Londres u otros países. Pero muchas mujeres que no tenían capacidad económica solo podían optar por formas más precarias, perseguidas y sancionadas de abortos clandestinos.
La derecha española es sumamente contradictoria en sus principios, presume de ser más “constitucionalista” que nadie y siempre trata de recortar derechos. Presume de su defensa de la “Libertad” a la vez que pretende negar la libertad de una parte de la ciudadanía al estar siempre contra el establecimiento de nuevos derechos sociales individuales para que los ciudadanos puedan hacer uso o no de estos nuevos derechos.
La derecha en nuestro país parece querer ejercer una patria potestad sobre los ciudadanos. Cómo si alguien les hubiera otorgado el derecho a establecer y cuidar el pensamiento moral de los ciudadanos.
No hay duda que en la ideología de la derecha española subyace un deseo de tutelar moralmente a la sociedad. Este es un pensamiento totalmente iliberal o anti-liberal contrario a su permanente apología de la libertad en abstracto. Subyace sin duda un pensamiento basado en un planteamiento religioso retrógrado como el que controló la sociedad durante la dictadura.
En una democracia cabe aceptar el papel de la derecha en el juego político. Pero de una derecha democrática, liberal, laica que defienda sus principios e intereses pero que lo haga desde una perspectiva moderna y acorde con los tiempos en que vivimos. Hace ya dos décadas que vivimos en el siglo XXI y nuestra derecha conservadora parece instalada aún en el siglo XIX, o aún peor aún instalada en conceptos morales que rigieron los 40 años de la dictadura.