Cuando el presidente Roosevelt tomó las riendas de la economía estadounidense en 1933 para hacer frente a la mayor crisis de la historia atacó enseguida el factor que más decisivamente había influido en su estallido: la desigualdad, que entonces había llegado a ser también más grande que nunca.
Para ello recurrió a un término bien significativo: el new deal, es decir, el nuevo trato o acuerdo entre el gobierno y la sociedad, y entre el capital y el trabajo para repartir de un modo más justo los ingresos y la riqueza.
Entre otras medidas, Roosevelt forzó a las empresas a negociar con los trabajadores, fortaleció la presencia y el poder de los sindicatos y subió los salarios mínimos, además de crear bienes públicos como la seguridad social que, igualmente, suponían un mayor ingreso efectivo de los trabajadores y bienestar y riqueza social mejor repartidos.
Desde entonces, multitud de historiadores y economistas han corroborado que con mayor equidad hay menos crisis y que, por el contrario, la economía es más inestable e insatisfactoria cuando aumenta la desigualdad en cualquiera de sus manifestaciones.
Por eso resulta tan peligroso que, en España, se ha optado por aplicar frente a la crisis políticas que aumentan la injusticia y la inequidad hasta el punto de convertir a nuestro país en el más desigual de toda la Unión Europea.
El Gobierno es la punta de lanza de la cruzada contra los sindicatos para limitar la capacidad de defensa de los trabajadores, reformó las normas laborales con el único propósito de aumentar el poder de negociación de las grandes empresas y no tiene empeño más firme que el de reducir los salarios directos, los indirectos que percibimos mediante bienes y servicios públicos y los diferidos en forma de pensiones. Para eso cuenta, entre otros, con el apoyo de la mayor parte de los medios y de los jueces y fiscales, y entre todos han conseguido que la injusticia sea el auténtico modus operandi de nuestra política económica.
En los últimos días hemos vuelto a tener nuevas pruebas de ello.
Un juez acuerda en Granada que estar pendiente de una petición de indulto no impide que vayan a la cárcel dos condenados, si es por participar en un piquete de huelga; pero, en Baleares, se decide que sí porque se trata del expresidente balear del PP Jaume Matas, condenado por corrupto. Esta misma semana, el Gobierno regaló de nuevo miles de millones a los bancos mientras se sigue desahuciando a familias sin ingresos y con bebés recién nacidos.
En lugar de forjar un nuevo trato por la igualdad para salir realmente de la crisis, el Gobierno echa la carga en los mismos de siempre, pero la historia enseña también que este tiro sale a menudo por la culata.