sábado 6/3/21

Necesitamos empresas capitalizadas y solventes

Las fábricas están cerradas y las bolsas siguen abiertas.

Estamos tan enfrascados todos los días en ver las cifras de contagiados, hospitalizados y muertos que no reflexionamos, o lo hacemos poco, sobre los vivos y sanos que han perdido su puesto de trabajo.

Lo más importante es salvar vidas, hemos dicho. Lo menos importante es salvar los puestos de trabajo de los que siguen vivos.Todo se supedita a impedir que los hospitales se colapsen y si para eso tenemos que parar completamente la producción, se para.

Esa es la estrategia que hemos decidido entre todos, no solo en España sino prácticamente en todo el mundo, a través de los parlamentos y en los balcones. Estrategia que la práctica totalidad de la población estamos respetando y cumpliendo.

Es posible que sea la única opción, la mejor y la más acertada. Ahora bien, queda por analizar las consecuencias de la misma y tratar de evitar que al tirar el agua sucia de la palangana a la calle arrojemos también al niño.

Las cifras de más de 3 millones de trabajadores afectados por ERTES y 900.000 empleos menos dados a conocer el 2 de abril nos indican muchas cosas sobre la salud de las empresas en nuestro país, su falta de liquidez y solvencia.

Una parte del empresariado que durante años se ha repartido millones de beneficios sólo ha tenido la astucia y pillería de ser los más rápidos en poner de patitas en la calle a sus trabajadores

Durante los últimos 7 años, desde el inicio de la salida de la crisis económica que comenzó en 2007, muchas empresas han ganado decenas de miles de millones de euros. Tanto en la hostelería con el fuerte auge del turismo, en los sectores de la construcción e inmobiliario con el nuevo impulso de la vivienda y la obra pública, como en el transporte terrestre, aéreo y marítimo las cifras de beneficios han sido extraordinarias.

Sin embargo en cuanto ha surgido un problema coyuntural, una pandemia que ha obligado a paralizar la economía durante 20 días por ahora, lo primero que han hecho esas empresas no ha sido sacar los fondos de reserva, sus provisiones, recapitalizar las empresas con aportaciones de los socios, sino lo más fácil. Despedir a los trabajadores, en muchos casos deprisa y corriendo, sin acudir ni siquiera a las facilidades ofrecidas por los gobiernos para soluciones temporales.

Esa es la realidad. Una parte muy importante del empresariado que durante estos años de “vacas gordas” se ha repartido cientos de miles de millones de beneficios en dividendos y ha dejado a las empresas escuálidas de reservas y provisiones, sólo han tenido la astucia y pillería de ser los más rápidos en poner de patitas en la calle a sus trabajadores.

“Ya los llamaremos cuando volvamos a abrir” dicen. Estará por ver si lo hacen y a quien llaman y a quien no, aprovechando para “hacer una limpia” de todo trabajador que les resulte molesto o menos productivo.

El problema de fondo, no ya del empresariado, sino de la mentalidad imperante, es que la empresa tiene como primer objetivo, no satisfacer las necesidades de la sociedad, sino “remunerar al accionista”. Para conseguir fondos de inversión, para acudir al mercado de capitales, para tener un buen precio de la acción en bolsa, lo importante no es si das buen servicio o no, si tus trabajadores tienen remuneraciones justas o no, sino que el accionista esté satisfecho, que al final del año se le pueda retribuir con un dividendo que le suponga un 15% o un 20% de su inversión. En caso contrario, el inversor amenaza con tomar su capital y aprovechando la libre circulación de capitales - lo único realmente libre que hay en este valle de lágrimas que es nuestro mundo- llevarse su inversión a un paraíso fiscal o a otra empresa que les pueda pagar lo que ellos consideran imprescindible. 

Y así es como funciona esto.                                               

La solución a este estado de cosas solo puede venir de un cambio de mentalidad.

Las empresas están para servir a la sociedad; no a sus accionistas que son sólo una parte de lo que se viene en denominar “stakeholder”, donde se encuentran también los empleados, los directivos, los proveedores, los clientes, los acreedores, los gobiernos y la sociedad.

En la decisión anual de qué hacer con los beneficios, a la hora de la verdad de repartirse el pastel, los frutos de la cosecha, los que toman la decisión son básicamente los altos directivos y los propietarios. El acuerdo entre ellos es sencillo. Los altos directivos se ponen sueldos estratosféricos en algunas ocasiones y muy altos en otras y los propietarios se reparten la parte sustancial del beneficio. Sin embargo, si mirasen realmente por la empresa y fueran previsores dedicarían la mayor parte de los resultados a pensar en el futuro, en consolidar la empresa, y dotar de forma cuantiosa las cuentas de provisiones y reservas que están contempladas en el Capitulo Uno de todos los Planes Generales de Contabilidad. Algunos lo hacen, pero no dejan de ser la excepción que confirma la regla.

Si una empresa es solvente, sólida y cuenta con reservas y provisiones potentes cuando viene una situación como esta, dura pero pasajera, puede enfrentar la situación.

Si el empresario no paga a sus trabajadores porque los despide o aprueba un ERTE, quienes pagamos su desempleo somos todos los españoles

De lo contrario tiene que acudir y exigir a gritos al Estado, al gobierno de turno, sea de derechas, centro o izquierda, que le solucione el problema. Que cubra el pago de sus salarios, que les pague los alquileres, que les dé préstamos al 0%, subvenciones a fondo perdido, que les exima de pagar cotizaciones e impuestos. Ahora sí acuden a que el Estado les solucione el problema cuando han intentado cada año pagar la menor cantidad de impuestos posible, han dejado en nada las reservas y provisiones y “han ordeñado” la vaca hasta dejarla exhausta y con las ubres vacías.

Los gobiernos también tienen su parte importante de responsabilidad. Con el afán de recaudar más en el corto plazo a través de los impuestos de sociedades, no han puesto límite a las retribuciones de los altos cargos y consejeros de las empresas y al reparto de dividendos. No han legislado a favor de la solvencia de las empresas y obligado a dedicar a reservas y provisiones y no a reparto de dividendos una parte de los beneficios.Los defensores del dogma empresarial le llamarían a eso intervencionismo como adjetivo más suave.

Siempre hay que recordar que esta situación no es la que viven centenares de miles de autónomos y pequeñas empresas que en muchos casos bastante hacen con sobrevivir y pagar los salarios,cotizaciones e impuestos. Es a estas empresas a las que se debe ayudar en los momentos difíciles.

Además los empresarios que han sido previsores y afrontan con sus propios medios esta crisis son tratados de idiotas e insolidarios por los que reclaman la ayuda del Estado.

Al final si el empresario no paga a sus trabajadores porque los despide o aprueba un ERTE, quienes pagamos su desempleo somos todos los españoles, no los que se han beneficiado antes con el cobro de dividendos, fruto del esfuerzo colectivo.

Y esto nos parece el estado natural de las cosas. El Estado para los momentos difíciles, el reparto de dividendos, el despilfarro y la ostentación para las épocas buenas.

Las fábricas están cerradas y las bolsas siguen abiertas. Los grandes fondos de inversión que apuestan al casino de las posiciones cortas siguen forrándose y ya anuncian una vuelta a la normalidad y una salida de la crisis veloz y rápida. Sus beneficios este año serán impresionantes. Mientras tanto millones de trabajadores se quedarán sin un salario a final de mes con el que mantener su modesta vida.

Necesitamos empresas capitalizadas y solventes