Teofrasto llevaba razón: quienes se asustan del universo tal como es, quienes proclaman un conocimiento inexistente, prefieren los consuelos pasajeros de la superstición. ¿Cuándo la política se convierte en una superstición? ¿En un conocimiento inexistente? ¿En un miedo a la verdad?
Todo ello se sustancia en el momento en que el verdadero poder, las influencias dominantes y los intereses que, siendo minoritarios, han adquirido la cualidad de universales del Estado, suplantan los espacios de convivencia democrática. Porque como afirma Rubén Blades, el poder no corrompe; el poder desenmascara. Las minorías económicas y estamentales, y sus sumisos coéquipiers partidarios y mediáticos, demonizan la posibilidad de un gobierno de izquierdas atribuyéndole el Armagedón político y social más oneroso desde unas posiciones y verborrea de tono exponencialmente más filofranquista en un ámbito predemocrático restrictivo de lo opinable y los planteamientos ideológicos progresistas de la praxis.
¿Se considera sostenible mantener en toda su crudeza las reformas estructurales en el ámbito laboral, consistentes en maximizar el beneficio de la élite económica a base de la depauperación de las clases populares, la precariedad laboral, los salarios de hambre y la desigualdad creciente?
El Partido Popular cada vez más influido por Vox, junto a un disminuido Ciudadanos, intentan imponer, con mandato fáctico, una democracia nominal, sin atributos democráticos, donde, sobre todo, la redistribución del poder real y la riqueza –dos factores indefectibles para que un Estado pueda considerarse auténticamente democrático-, estén pecaminosamente ausentes de la agenda pública del Reino de España. La principal obsesión de los poderes fácticos que sostienen al régimen del 78, en avanzado deterioro por sus propias contradicciones constituyentes, es evitar con creciente firmeza cualquier profundización democrática en las hechuras del sistema al considerar que es signo de debilidad y origen de los graves problemas que padece el régimen político, aunque sea exactamente lo contrario.
Todo ello cristaliza, en respuesta a los severos problemas que afronta el régimen, en una sobrecarga de violencia institucional muy alejada de la beligerancia democrática en torno a soluciones dialogadas y carentes de la negación punitiva del otro. ¿Realmente se puede pensar en el medio plazo que la solución al caso catalán consiste en suspender indefinidamente las instituciones electas catalanas y criminalizar a sus representantes, como una retardataria reactivación de los decretos de nueva planta del siglo XVIII o, en el caso de Vox, simplemente suprimir todas las autonomías?
O en el contexto social ¿se considera sostenible mantener en toda su crudeza las reformas estructurales en el ámbito laboral, consistentes en maximizar el beneficio de la élite económica a base de la depauperación de las clases populares, la precariedad laboral, los salarios de hambre y la desigualdad creciente? Y todo lo anterior, incardinando colateralmente dentro de orden público el malestar ciudadano por las políticas agresivas con las mayorías sociales.
Hay una singularidad del régimen del 78 que lo diferencia de las democracias de nuestro entorno y condiciona sus características más ortopédicas de su arquitectura institucional: el régimen de la Transición no tuvo su elemento fundante en el antifascismo, como las democracias europeas tras la II Guerra Mundial, sino todo lo contrario, nació para dar continuidad al sistema surgido de la guerra civil al amparo del nazismo y el fascismo. Los mismos muñidores franquistas de la Transición hablaron de ir de la legalidad a la legalidad, siendo la legalidad de partida la supuesta originada por la sublevación de los militares africanistas contra la democracia de la República española.
Ello ha condicionado que, más allá del atrezo publicitario, el régimen monárquico deba sustentarse en el déficit democrático y en los arquetipos patrioteros del caudillaje, lo cual conduce a un autoritarismo siempre latente y dispuesto a ampliar su espacio hasta ocuparlo todo. La quiebra de la alternancia –cambio de gobierno sin que suponga una autentica alternativa política y social- supuso una redefinición más restrictiva del sistema con el intento de disciplinar a la izquierda y los nacionalismos. El bloqueo es, por tanto, el colapso del régimen de la Transición incapaz de asimilar políticas de progreso que reequilibren los espacios de poder absolutos de las élites económicas y estamentales y profundicen en la democratización de los órganos del Estado que devuelvan a los ciudadanos su plena soberanía.
Vivimos momentos de últimas oportunidades. Si se malpara en este instante histórico un gobierno de izquierdas, que suponga algo más que una alternancia, es decir, que sea una auténtica alternativa a las políticas y la hegemonía cultural de una derecha recalcitrante, se habrá agotado el camino del régimen de la Transición para solventar democráticamente los problemas que padece el país. Y esto es algo que le ocurrirá al sistema, a la derecha y también a la misma izquierda.