Sabino Alonso Fueyo, director del diario falangista Arriba, se quejaba a Franco de las presiones que recibía de los distintos sectores y familias del Movimiento Nacional, hasta que el dictador cortó el asunto diciéndole: "Usted haga como yo y no se meta en política". Durante largo rato en la historia de España un impenitente sesgo autoritario ha hecho política abominando de la política al considerar que tenía unas legitimidades superiores al juego de la confrontación ideológica. ¿Para qué se necesita la política y el formato polémico de la vida pública cuando se tiene el poder, un poder no sometido a escrutinio alguno? Es por ello, que el franquismo reformado de la transición aún cuando se mostraba propicio a la aceptación teórica del diálogo, planteó, de inicio, la imposibilidad práctica de su realización. En efecto, el diálogo abierto –en su sentido socrático o mayéutico- supone la aceptación de la autoridad racional, es decir, la premisa de lo revisable, discutible, opinable. El patrón de la conducta autoritaria propende a considerar toda revisión como debilidad y la debilidad –centro medular de la autoridad inhibitoria y represiva- como derrota e indefensión ante la fuerza, manus manum lavat, que evita la transformación o redistribución del poder real.
La crisis del régimen del 78, crisis institucional, política y social, agudiza los déficits democráticos y profundiza las contradicciones constitutivas que posibilitan que ese poder, y las élites que lo ejercen, se sientan incómodas con las mínimas exigencias democráticas de organización cívica de la convivencia. De ahí que se refuercen los basamentos seminales del poder fáctico cuya primera víctima es la política concebida por el posfranquismo de este momento de tardía transición como algo falaz y mezquino. El poder verdadero, no compartido, ahorma entonces el monopolio de la violencia del Estado a las necesidades de sus esguinces autoritarios, a las necesidades de control social del establishment.
Se echan de menos voces que digan basta a la conversión de la política en una lucha sin cuartel, cuando una derecha impotente juega con las instituciones para dinamitar al Gobierno
El concepto caudillista de unidad de mando y diversidad de funciones, que hace que Montesquieu se revuelva en su tumba, adquiere bulto en una vida pública con exilio de la política y en un espacio histórico cada vez más posdemocrático. Las peregrinas instrucciones judiciales e informes de la Guardia Civil en el caso catalán, que llenaron de perplejidad a las togas y puñetas europeas, con imaginarios argumentos tendentes a conseguir unas conclusiones previamente establecidas, han tenido continuidad en el caso del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y la instrucción de la jueza Rodríguez Medel. Es como si los problemas y la propia esgrima de índole política sufriera la intervención de los órganos del Estado capaces de convertir al adversario en la vida pública en conculcador de la ley. El escenario dialéctico se convierte en desorden democrático. En el origen de las preguntas que se dirigieron al ministro en el Congreso de los Diputados y en el Senado hay, por tanto, una decisión judicial estrambótica dictada "con una ligereza y falta de ponderación preocupantes" (Martín Pallín). “No se trata de preguntas limpias, sino de preguntas capciosas, que descansan sobre una actuación judicial presuntamente delictiva.” (Javier Pérez Royo). Todo vale para derribar a un Ejecutivo que está en el gobierno pero no en el poder.
Se echan de menos voces que digan basta a la conversión de la política en una lucha sin cuartel, cuando una derecha impotente juega con las instituciones para dinamitar al Gobierno. Porque todo este desarreglo posdemocrático y amoral genera un desorden con un alto grado de letalidad social para la mayoría de los ciudadanos sometidos a los excesos de intereses minoritarios alzaprimados como universales del Estado. Desde la actitud nada ejemplar del mito fundante de la transición, Juan Carlos de Borbón, obseso en acumular riqueza por cualquier medio y su frívola dolce vita mundana, tan lejos de los problemas del país, hasta la visión sobrecogedora de profesionales y trabajadores de alta cualificación, que ayer se creían de clase media, ocupando las colas de la caridad para conseguir unas bolsas de alimentos, sustituyendo a indigentes y homeless, producen un daguerrotipo del reino de España decadente y, sobre todo, inhábil en la garantía de una convivencia cívica democrática y justa. Un proceso de reconstrucción como el que tenemos que afrontar ahora requiere una cierta reinvención de los interlocutores sociales y de la convivencia democrática, si no queremos que quede estrictamente en manos de una clase política subsidiaria, cada vez más condicionada por un establishment que la supera.