Cuelgamuros, a fecha de hoy, es el mayor monumento de exaltación de una dictadura fascista que, como tal se mantiene en la Europa democrática, un hecho tan anacrónico como ofensivo
El 1 de abril de 1940, cuando se cumplía un año del final de la guerra civil, el “día de la Victoria” en la terminología de la dictadura franquista, tuvo lugar el acto inaugural de la construcción del futuro mausoleo del general Francisco Franco, el más tarde conocido como Valle de los Caídos. Ante lo más granado de las dictaduras amigas, los embajadores de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal salazarista, Franco detonó la primera carga de dinamita para perforar la roca granítica en lo alto del valle de Cuelgamuros, en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama. Se iniciaban así las obras de un proyecto, ciertamente faraónico, que tardaría 20 años en concluirse con el cual el dictador parecía querer emular la gloria imperial de Felipe II y la construcción por este monarca del cercano monasterio de San Lorenzo de El Escorial en el s. XVI.
Cuelgamuros tuvo desde su origen un claro significado político, cargado de ideología fascista y espíritu revanchista, el cual quedaba claro en el Decreto de 1 de abril de 1940 por el que se disponía “se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes” con objeto de “perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada”, la cual debía perdurar en el tiempo ya que en el citado Decreto se alude a la voluntad del régimen a que “las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido” y, de este modo, convertirse en “un templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria”.
El significado político e intemporal quedaba claro en la voluntad del régimen el cual se empeñó con ahínco en semejante obra faraónica. Sin embargo, los trabajos, según Pedro Muguruza, entonces Director General de Arquitectura y responsable del proyecto, señalaba que Franco tenía “vehementes deseos de que las obras de la cripta, se hallen terminadas en el plazo de un año, para inaugurarla el 1 de abril de 1941 (otro aniversario de la “victoria”) y el resto del conjunto de edificaciones en el transcurso de 5 años más. Sin embargo, la magnitud del proyecto hizo que los trabajos se prolongasen por espacio de 20 años y ello a pesar de que en los mismos trabajaron un total de 20.000 obreros, muchos de ellos presos políticos republicanos, explotados, como recordaba Julián Casanova, por empresas tales como Banús, Huarte o Agromán. En consecuencia, el espectro construido en Cuelgamuros, esa “fosa común masiva” como la definió The Irish Times, no se inauguraría hasta el 1 de abril de 1959, coincidiendo con el “XX aniversario de la Victoria”.
Pese a las intenciones iniciales de Franco, posteriormente se decidió trasladar a “la gran obra” los restos no sólo de los “héroes y mártires” del bando rebelde, sino también, los restos de soldados y civiles a los que las autoridades franquistas calificaban como “rojos”. La razón de este cambio, ocurrida a mediados de la década de los años cincuenta, como señalaba Belén Moreno, se debió a un intento propagandístico del régimen de transmitir una falsa imagen de “reconciliación” para ganarse la simpatía de las democracias occidentales y, para ello, Cuelgamuros tenía que convertirse en un lugar que aceptase fallecidos sin distinción del bando en el que combatieron. A ello respondió el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957 de creación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y en el que cínicamente se decía que ésta pretendía impulsar “una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad”, cuyo símbolo era “la robusta horizontalidad de los brazos de la cruz monumental que ampara por igual a todos los españoles”.
La documentación sobre estos traslados se conserva en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares. De este modo, diversas actas del Consejo de Obras del Monumento a los Caídos, creado en 1941 y que funcionó hasta 1967, se recogen detalles de interés sobre este tema. Así, sabemos que se encomendó a la Guardia Civil el realizar listados de los muertos y asesinados en las distintas localidades, así como “un informe referente a los deseos de los familiares” acerca del traslado de dichos restos a Cuelgamuros (Acta nº 85, 30 diciembre 1957). Esto último, si bien fue aplicado de forma escrupulosa para el caso de los muertos “nacionales”, (la familia de Calvo Sotelo se negó al traslado), la voluntad de los familiares de las víctimas republicanas nunca fueron tenidas en cuenta, tal y como ocurrió con los restos de miles de asesinados por el franquismo.
Por su parte, Camilo Alonso Vega, por aquel entonces ministro de la Gobernación, dictó diversas instrucciones de cómo debían de efectuarse los traslados de los restos, entre ellas, hasta las medidas de las cajas donde debían depositarse para ser llevados a Cuelgamuros (60 x 30 x 30 cm. para los restos individuales identificados y 120 x 60 x 60 cm. para los restos colectivos sin posible identificación), a la vez que ordenaba se realizase un mapa por provincia en la que se debían de indicar todas las poblaciones con enterramientos y fosas así como el números de éstas. De este modo, los traslados se iniciaron a finales de 1958 y principios de 1959, prolongándose hasta el año 1983, contabilizándose un total de 491 traslados desde fosas y cementerios, quedando los restos depositados en diversos columbarios. En la actualidad, según documentación oficial, el número de restos registrados sería de 33.833, de ellos, 21.423 son víctimas identificadas y 12.410 serían personas desconocidas. Dicha en dicha documentación hace referencia a los restos procedentes de las provincias aragonesas: Huesca (532), Zaragoza (3.430) y Teruel (4.590). No obstante, a fecha de hoy, la situación de las galerías que albergan los restos es tan mala que la humedad ha deshecho las cajas que los ordenaban y los huesos se han mezclado haciendo difícil, casi imposible, su identificación, tal y como advertía el antropólogo forense Francisco Etxeberría.
Resulta significativo que, cuando en diciembre de 2014 el entonces diputado socialista Odón Elorza propuso crear un censo actualizado de las personas enterradas en Cuelgamuros, la diputada Rocío López (PP), rechazó esta posibilidad alegando que ello “vulneraría la legislación de protección de datos y el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen proclamado por el artículo 18 de la Constitución Española”. Sin comentarios.
Tras cuatro décadas de recuperada democracia, el espectro de Cuelgamuros sigue pesando, cual pesada losa, sobre la historia y la memoria de España pues, sigue siendo, se diga lo que se diga, una exaltación ostentosa del franquismo. Por ello, resultan falsos todos los intentos que, desde diversos ámbitos, pretenden maquillar el mausoleo del dictador como “un lugar de reconciliación, unidad, paz y hermandad de todos los españoles”. Ni en su origen ni en su espíritu estuvo tal pretensión y el hecho de inhumar en él a miles de víctimas del franquismo, realizado sin conocimiento ni autorización de sus familias, no significa una auténtica voluntad de reconciliación, bien al contrario, como señalaba Baltasar Garzón, el hecho de enterrarlas junta al dictador, junto a su verdugo, supone “una nueva revictimización” para ellas.
A modo de soluciones, con arreglo al artículo 16 de la Ley 52/2007, popularmente conocida como Ley de la Memoria Histórica, el futuro de Cuelgamuros pasa no sólo contextualizar su significado, por limpiarlo de todo vestigio franquista sino, también, por convertirlo en un Lugar de la Memoria, en un espacio que dignifique a las víctimas, lo cual supone, por supuesto, la salida de la basílica de los cuerpos de Franco y José Antonio y arbitrar las medidas precisas para la exhumación e identificación de las víctimas que así lo deseen, tal y como ha quedado patente tras la reciente sentencia del Juzgado nº 2 del San Lorenzo de El Escorial para exhumar los restos de los hermanos bilbilitanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás.
Cuelgamuros, a fecha de hoy, es el mayor monumento de exaltación de una dictadura fascista que, como tal se mantiene en la Europa democrática, un hecho tan anacrónico como ofensivo. Por ello, con todo lo que representa dicho lugar en nuestra historia reciente, supone un espectro que sigue pesando, cual pesada losa de granito de Guadarrama como la que cubre la tumba del dictador, sobre nuestra historia y memoria colectiva. Por ello, resulta obligado disipar este espectro del pasado por un elemental sentido de justicia democrática, por la reparación debida a la memoria de las víctimas del franquismo.