Las ayudas deben ir acompañadas de proyectos sólidos, innovadores, estabilizadores de empleo en los territorios, y ser nodos para desarrollar estructuras que garanticen humana y tecnológicamente el futuro. Un desarrollo para el futuro no tiene sentido sin un proyecto, y por ejemplo los Objetivo 2030 de Naciones Unidas pueden ser una guía. Decir que las ayudas deben repartirse como si estuviésemos en la cola de una ONG es no tener ni idea de los retos de la reconstrucción.
Así, si hablamos de la reconstrucción del Sistema de Salud Pública, tendremos que establecer su financiación, cómo debe ser el modelo de atención y cómo organizar su gobernanza para que responda con eficiencia a los objetivos propuestos. Porque desde hace más de una década el Sistema de Salud Pública en España ha sufrido descapitalización, desgobierno y una deficiente tecnología. El Covid-19 ha sido la prueba manifiesta de las malísimas ideas que lo minaron. Ahora nos hemos concienciado de que la salud es un bien muy preciado y un elemento fundamental para la seguridad. Proteger la salud es defender el bien común; es el mejor estabilizador de la economía y un generador de empleo. Con la salud, como siempre hemos dicho, no se juega. Pero hay quien ha jugado peligrosamente, se ha enriquecido especulando y recortando, y nos ha arruinado a todos. Por eso no se precisan ayudas: se precisan proyectos de la Salud del futuro. Porque cuanto más se garantice la salud de las personas, sin distinciones, mejor economía tendremos.
Algunas improvisaciones que se han escuchado a los portavoces de ciertas autonomías sobre la distribución de las ayudas europeas, por tanto, han sido más políticas que profesionales, y la Sanidad es un espacio público que como todo el mundo sabe no debe caer en manos del juego político
Cuando se habla de proyectos lo que pedimos es claridad, saber los recursos que se van a emplear y para qué. Con un componente de inteligencia artificial para transformar la gestión burocrática en transparente, lo que abre un cauce para la participación de la ciudadanía usuaria del sistema, que tiene que estar presente. Y una gobernanza profesional que no esté secuestrada por los grupos dominantes de ciertas profesiones o especialidades. Una gobernanza abierta a todos los partícipes del proceso, incluyendo las Administraciones Locales que aun careciendo de competencias son las que tienen la presión de los que padecen los problemas. Esa visión de futuro es la que se precisa para un proyecto de Sanidad. Y ese proyecto debe tener toda la financiación, porque nos jugamos la vida, la economía y la sostenibilidad del futuro de la humanidad, tanto local como globalmente.
El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en su última Memoria, señala que el Covid-19 ha situado a la Salud en una posición central en la vida, que las emergencias se han sumado en una sola, y que nos enfrentamos a una emergencia global. A la Sanidad murciana le han estallado dos crisis en poco más de una década: la crisis financiera del 2008 y la del Covid-19. Si la del 2008 nos hundió, esta segunda nos ha llevado al borde del abismo. El gasto sanitario comienza a reducirse en la Región de Murcia y en otras como Madrid o Cataluña han seguido igual o peor, con variaciones negativas hasta estos acontecimientos pandémicos. Este descenso ha afectado a la población que ha visto que no se atendían sus necesidades ante barreras económicas y de listas de espera inaceptables. En 2018 el 0,3% de la población murciana declara no haber recibido asistencia médica en estado de necesidad, por encima de la media nacional que está en el 0,2% según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).
El coste directo -lo que se conoce como “gastos de bolsillo” de la ciudadanía sobre el total de gasto sanitario- representa en la Región de Murcia un 18,4%, con un repunte muy intenso en los últimos ocho años. Es la Comunidad Autónoma en la que ha aumentado más ese gasto: un 36% frente a la media en España del 6,1%. Y el gasto farmacéutico lleva una clara tendencia alcista junto con el gasto bucodental. Es significativo que un 5% de personas en la Región de Murcia hayan dejado de consumir medicamentos prescritos por no poder pagar su parte de copago.
Un grave problema es el caos de las listas de espera: el último quinquenio el aumento relativo de la demora media para el conjunto del periodo es de un 42,3%. La tasa de mortalidad por todas las causas es mayor en el territorio murciano, pues en 2017 alcanzamos los 470,5 fallecidos por cada cien mil habitantes. Así, la tasa ajustada de mortalidad por causas de muerte relacionadas con la calidad del sistema sanitario -como pueden ser apendicitis, hernias y obstrucción intestinal y efectos adversos de medicamentos y otros agentes terapéuticos- inicia una senda ascendente a partir de 2014 y se mantiene por encima de la media nacional. La Memoria del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia que estamos glosando revela por tanto que la mortalidad evitable si hubiera una correcta actuación del sistema sanitario ha empeorado en los últimos años. Si a esto le sumamos que la Región de Murcia es la cuarta con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social según el indicador de AROPE, estamos conectando esa falta de proyecto global que sufrimos con sus consecuencias, porque la suma de estos problemas tiene un fuerte componente en la precariedad del mercado de trabajo regional, con su fuerte tasa de temporalidad. Tenemos un problema, ¡pero que muy grave!
Para hacer un proyecto sólido hace falta algo de lo que carecemos: una información que sea fiable y que esté homologada, dos cosas que deberíamos tener resueltas. Estos problemas hacen sugerir la idea que se precisa una Agencia de Salud Pública que coordine y que permita tomar mejores decisiones.
Algunas improvisaciones que se han escuchado a los portavoces de ciertas autonomías sobre la distribución de las ayudas europeas, por tanto, han sido más políticas que profesionales, y la Sanidad es un espacio público que como todo el mundo sabe no debe caer en manos del juego político. Con la salud no se juega.