Anda revuelta la prensa, la canallesca y la otra, con el asunto del piso, pequeño (60 m2), de Ramón Espinar, junior, en Alcobendas, y los tertulianos de moral farisaica se han lanzado como chacales sobre una presa menor pero apetecida, fingiendo ignorar cual es la lógica del sistema. Recordémosla brevemente (para más información remito al capítulo 4. “El milagro soy yo. El relato triunfal de la etapa aznariana” de “Perdidos. España sin pulso y sin rumbo”, Madrid, 2015).
Entre las primeras medidas que adoptó José María Aznar, que tomó posesión de su cargo el 4 de mayo de 1996, estuvo el Decreto Ley 5/1996, de 27 de junio, y algo más tarde la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo, que liberalizaron el suelo, haciendo urbanizable todo el suelo nacional, acortaron el tiempo de información pública, agilizaron los trámites para urbanizar, redujeron del 15% al 10% el porcentaje de terreno mínimo cedido por los promotores a los municipios e introdujeron la figura del agente urbanizador no propietario. Era el disparo de salida de la España que iba a ir bien.
La Ley del Suelo, aprobada en el Congreso por 167 votos a favor, 143 en contra y 4 abstenciones, se presentó como una iniciativa para abaratar el precio de las viviendas. El ministro de Fomento, Arias Salgado, señaló que al aumentar la cantidad de suelo urbanizable, la esperable reducción del precio repercutiría en el coste final de las viviendas. Cristina Narbona, entonces portavoz del PSOE en la materia, dijo que con esa ley no se abaratarían ni el suelo ni la vivienda. Y así fue, porque el modelo respondía a lo que se quería obtener de él en una fase alcista de la economía: resultados a corto plazo y proporcionar un dinero fácil y rápido a empresas constructoras y promotores inmobiliarios. Era la mejor prueba de lo bien que funcionaba lo que Aznar llamaba la España de las oportunidades.
Cristóbal Montoro (ABC 10-10-2002), a la sazón ministro de Hacienda, quitaba importancia a la deuda de las familias, porque la compra de un piso programaba a largo plazo el nivel de ahorro, y que eso era muy bueno. Además, el sector inmobiliario, como motor económico, permitía crecer cuatro veces más que la media europea. El auge del mercado inmobiliario había formado un “círculo virtuoso” al empujar el empleo y la demanda de vivienda nueva. Tampoco para Rato, vicepresidente del Gobierno, el modelo era un problema: “En 2003 se construyeron cerca de 700.0000 viviendas, lo cual es muy positivo para la economía española. Además, se han comprado, lo que indica que no hay problema de insatisfacción de la demanda. Al revés, es muy elástica, como lo refleja el ritmo de crecimiento de las hipotecas. Son los españoles los que han decidido invertir en vivienda; unos porque antes no habían podido hacerlo y otros porque destinan ahí sus ahorros “(El País, 23-2-2004).
Lo que vino después es sabido, y padecido, pero entonces lo que importaba era el crecimiento del PIB, o sea la suma de bienes y servicios producidos en un año. Si subía el precio de las viviendas aumentaba su repercusión en el PIB, así como lo que venía antes (créditos a las inmobiliarias y lo derivado de la construcción y comercialización de viviendas, así como el aumento del empleo) y después de cada piso vendido (hipotecas, notarios y la industria auxiliar de productos y servicios -sanitarios, mobiliario, carpintería, fontanería, cristalería, persianas, cerrajería, mantenimientos, etc, etc), con sus correspondientes impuestos. Pero todo eso movía la economía y hacía subir el PIB. Todos contentos, de manera que quien intervenía en el proceso contribuía a aumentar la prosperidad del país y especular se convertía en un inconsciente acto de patriotismo.
Ante esta lógica, en la España que iba bien, ¿quién vendería una vivienda, aunque fuera pequeña, por el mismo precio al que la había comprado? Pues nadie, o casi nadie. Algún loco o algún santo, pero de esos hay pocos.
Dejando aparte el modo de financiarlo y cómo le fue adjudicado el piso de Alcobendas, pormenores que desconozco, este fue el caso de Ramón Espinar, que, como tantos otros, respondió a la lógica del capitalismo, vendiendo una vivienda pública, que nunca habitó, por un precio superior al de compra.
El caso de Espinar no es comparable con la decisión de Ana Botella, siendo alcaldesa de Madrid, de vender 1.860 viviendas públicas, en las que no vivía y que tampoco eran suyas, a un fondo carroñero internacional.
No tiene comparación, pero la acción de Espinar, siendo portavoz de Podemos en el Senado y un crítico severo del capitalismo, no cuadra con la ideología que ahora defiende, y es fea, muy fea, aunque sea legal.