Cuando Alain Minc resaltó en su libro La borrachera democrática (1995) que tres nuevos poderes –los jueces, los medios de comunicación social y las encuestas– estaban condicionando el devenir de las democracias no estaba exagerando.
La historia reciente de bastantes democracias está plagada de ejemplos de cómo determinados jueces-estrella han montado procesos mediáticos contra líderes de orientación contraria a la suya, de cómo determinados medios de comunicación social han trasladado sistemáticamente imágenes negativas contra ciertos líderes o partidos con los que no comulgan, y de cómo muchas encuestas apabullaban a la opinión pública con datos de sondeos de opinión bien cocinados, que vaticinan que determinados partidos y candidatos se encuentran lejos de poder ganar unas elecciones.
Cualquiera que recuerde lo que ha sido la vida política española a lo largo de la última década, podrá poner nombres y apellidos a esta dialéctica de poderes a la que se refirió Alain Minc. Dialéctica que tiende a deteriorar el funcionamiento de la democracia en muchos países. Entre ellos España.
Estos tres nuevos poderes no son inocuos ni neutrales políticamente, sino que los tres obedecen a una inspiración conservadora, operando en ocasiones como auténticas jaurías que se ensañan con los líderes y partidos dispuestos a defender las causas sociales que afectan a amplios sectores de sociedades como la española.
Resulta inexcusable subrayar las interdependencias existentes entre los poderes mediáticos y los sociológicos. Hasta el punto que algunos grupos mediáticos han llegado a tener –o a patrimonializar– empresas de encuestas. En ocasiones, en conexión con partidos políticos concretos, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar o disimular sus preferencias –y odios– particulares.
Tales interconexiones permiten entender cómo está discurriendo la vida política en España y cómo se ha desarrollado la guerra de encuestas en los últimos procesos electorales.
Antes de que Pedro Sánchez afianzara su triunfo interno en el PSOE, venciendo grandes resistencias externas (también de estos tres poderes) y que ganara la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy, la operativa de las encuestas era bastante clara. En prácticamente todas las encuestas publicitadas –incluidas las del CIS– el PSOE aparecía por detrás del PP. Incluso en aquellas en las que superaba al PP en voto primario decidido (lo que responden los propios encuestados).
Este raro fenómeno de unanimidad se debía a que las encuestas que se publicaban en su mayor parte obedecían a una estrategia de “guerra de encuestas” de los nuevos poderes de los que habla Alain Minc. Lo que les eximía de atenerse a determinadas exigencias técnicas y de basarse en muestras amplias y rigurosas. Sin embargo, en el caso del CIS, que siempre ha trabajado con muestras domiciliarias amplias y criterios científicos exigentes, el problema –en opinión de algunos– estribaba en que se estaban utilizando modelos de ponderación que habían quedado desfasados (algunos tienen más de veinte años) y que no recogían la nueva complejidad del mapa de partidos políticos, fallando precisamente por intentar explicar el futuro del comportamiento político a partir del pasado. Es decir, por el recuerdo de voto.
Fuera como fuese, lo cierto es que las encuestas del CIS, antes del Gobierno de Pedro Sánchez, no preocupaban a los estrategas de la guerra de encuestas, no solo por el inercialismo de sus modelos de pronóstico, sino también porque estos se producían solo cada tres meses y lo hacían en solitario. Es decir, sin el acompañamiento de ninguna otra encuesta política realizada por instituciones independientes de prestigio, como hasta hace no mucho ocurría con las que efectuaba la Universidad de Granada, por ejemplo.
Con el Gobierno de Pedro Sánchez y mi nombramiento como Presidente del CIS era evidente que se podía trastocar tal estado de la situación. Como así ocurrió. De ahí que los ataques contra mi nombramiento empezaran antes de que tuviera tiempo de entrar por la puerta de dicha institución. Desde el primer minuto, resultaba evidente que tal nombramiento trastocaba los planes y propósitos de los altos mandos de la guerra de las encuestas y restaba argumentos a sus proyecciones mediáticas. Por eso, nunca se pusieron en cuestión mis competencias técnicas, ni mi capacitación para ocuparme de aquella tarea. Sino que se objetaba mi afiliación política. Como si los anteriores Presidentes y Presidentas del CIS no hubieran tenido ideas ni ideologías. Algo que todo el mundo sabía, y que demostraba que algo importante les fastidiaba, o les estropeaba los planes, a los nuevos poderes.
Bien pronto tuvieron pruebas de ello en forma de dos medidas técnicas suficientemente justificadas. La primera de ellas fue aumentar el tamaño de las muestras para ganar en representatividad y obviar el problema que planteaba el aumento de las “no respuestas”. Y la segunda fue incluir las preguntas sobre intención de voto en todos los barómetros mensuales del CIS. Dado que una institución pública como el CIS se gasta todos los meses un dinero en hacer una encuesta representativa, domiciliaria y rigurosa, parecía lógico que en contextos tan volátiles como los actuales se incluyeran preguntas políticas todos los meses (y no una sola vez al trimestre), con la finalidad de que la opinión pública española y las instituciones (no solo el gobierno) tuvieran informaciones solventes y actualizadas sobre lo que piensan los españoles en cuestiones políticas. Y no solo las informaciones que proporcionan ciertas empresas encuestadoras y grupos mediáticos, con muestras más pequeñas y metodologías menos representativas.
Se trataba, pues, de un ejercicio de transparencia y de mejora de la información sociológica, que puso de los nervios a algunos y que les llevó a lanzarse a ejercicios argumentales tan disparatados como sostener que aquello modificaba las series temporales del CIS (nadie sabe por qué), o que incrementaba los gastos (nadie dijo en qué). Todo ello acompañado de insultos y descalificaciones “ad personan”, impropias no solo de demócratas, sino de cualquier persona mínimamente educada y motivada por razones científicas.
Los “jefes” de la guerra de encuestas se encontraron también con un obstáculo mayor en su estrategia de presentar al PSOE como un partido derrotado, y en decadencia, con un líder repudiado por sectores mayoritarios de la sociedad. Ese obstáculo fue la decisión del CIS de presentar solo los datos primarios (lo que dicen los encuestados) en sus encuestas mensuales, hasta que no se encontrara un nuevo método riguroso y contrastado para intentar desvelar el voto posible de los indecisos. Algo que, según explicamos, haríamos solamente en períodos preelectorales, para evitar que los ciudadanos pudieran ser engañados o manipulados con la presentación de proyecciones de intención de voto que todos sabíamos que no eran certeras. Como ya se pudo ver en las últimas elecciones que había ganado Mariano Rajoy en junio de 2016. Elecciones en las que las previsiones del CIS fallaron en 18 escaños en el caso del PP, en 18 en el caso de Unidas Podemos y sus confluencias, y en 7 en el caso de Ciudadanos y del PSOE (al que el CIS le llegó a atribuir 78 escaños).
Aunque no es posible explicar aquí en detalle cómo se diseñó en el CIS un modelo distinto al tradicional de imputación de la intención de voto de los indecisos en dos elecciones generales, sí es preciso reseñar que en un caso (las elecciones generales del 28 de abril) el resultado de tal imputación prácticamente calcó los resultados de las urnas, mientras que en el otro (elecciones del 10 de noviembre) se apartó de estas. ¿Por qué tales diferencias?
Como quiera que lo que ha ocurrido en el CIS durante este período ha sido objeto de una crítica mediática feroz, acompañada de denuncias judiciales disparatadas, hay que situar tal explicación en el contexto de unos poderes y parapoderes para los que el CIS ha sido un obstáculo en su propósito de imponer unas imágenes predeterminadas sobre la manera en la que se dibuja el estado de la opinión pública a través de la “guerra de las encuestas” y de la utilización de ciertos medios de comunicación social. No solo los más inclinados hacia la derecha, sino algunos otros en los que han intentado encontrar brechas por las que hacerse presentes en una batalla que –en el fondo y en la forma, no lo olvidemos– es una batalla contra el PSOE, en general, y contra Pedro Sánchez, en particular. Batalla feroz en ocasiones. Como estamos viendo.
En esta guerra de encuestas desarrollada por sociólogos y parasociológicos –en la que no han entrado las grandes empresas que trabajan para clientes importantes y no quieren comprometer su prestigio en asuntos menudos y discutibles– se han producido algunos hechos insólitos. Por ejemplo, que algunas empresas encuestadoras hayan sido montadas por antiguos oficiales del Ejército, especializados en asuntos muy concretos y con claros sesgos ideológicos; o que algunas de estas entidades tengan departamentos de comunicación más potentes que los departamentos técnicos (ambos nutridos básicamente por becarios mal pagados que se cambian periódicamente para evitar problemas legales-laborales); o que ciertas empresas tengan entre su accionariado fundacional –y operativo– a Ministros y cargos muy importantes del PP –de cierto PP– y, aún así, intenten presentarse como “independientes”; o que algunos debates entre expertos en estas materias sociológicas hayan tenido como figuras mediáticas estelares a personajes que no han estudiado Sociología ni están colegiados como sociólogos (militares, ingenieros industriales o expertos en comunicación y técnicas de desinformación, con trayectorias políticas bastante oblicuas, por decirlo de manera no agresiva).
Desde luego, se trata de hechos insólitos que si tuvieran lugar en el campo de la Medicina, por ejemplo, hubieran conducido a medidas y reacciones muy diferentes a las que se dan en Sociología; que está convirtiéndose en una ciencia sobre la que casi todo el mundo cree que sabe un poco, y sobre la que cualquiera se siente competente como para hablar, y en determinados casos incluso para pontificar.
Pero, una vez situados en este contexto, vayamos al punto en el que quedamos. ¿Por qué con la misma metodología de estimación del voto indeciso en un caso el CIS acertó y en otro no?
La explicación es muy sencilla y se conecta con el hecho de que el CIS no ha pretendido adivinar el futuro electoral, sino hacer una estimación y apuntar unas tendencias que solo son válidas para el momento en el que se realizaron las encuestas. Algo que se explica con todo detalle y en letras negritas en los textos que acompañan cada una de las encuestas del CIS. Encuestas que se hicieron en unos momentos en los que muchos encuestados no tenían aún decidido el partido por el que votar. Y ni siquiera si pensaban hacerlo o no. De hecho, según las encuestas del CIS en torno a un 9/10% de los entrevistados dicen que toman la decisión sobre a quién votar la última semana de la campaña y en torno a un 4% el mismísimo día de las elecciones.
Por eso, si un mes antes no sabemos aún quiénes van a votar, y si en torno al 14% todavía no sabe por quién hacerlo, ¿cómo puede pretender una institución científica seria como el CIS saber lo que una parte apreciable de la población aún no sabe ni tiene decidido?
Lógicamente, tal cosa solo es posible para “adivinos”. O para los que intentan presentarse como tales. O aparentarlo, para alimentar su autoestima, o para hacer negocio a costa de los ingenuos, o de los interesados.
Pero, los que entendemos la Sociología como una ciencia y los que pretendemos utilizar métodos de investigación rigurosos sabemos que en sociedades en las que más del 40% de la población dice que no tiene una intención de voto fija, sino que vota por uno u otro partido según lo que más le convence en cada momento, es muy difícil lograr previsiones electorales exactas utilizando métodos científicos. Por ello, los pronósticos se han hecho cada vez más difíciles per se (también a medida que aumenta el número de partidos), y solo son plausibles en contextos políticos de bastante estabilidad.
Esa fue, precisamente, la diferencia que se dio entre las elecciones generales del 28 de abril y las del 10 de noviembre. En abril, desde el momento en el que se hizo la encuesta preelectoral y la aplicación del nuevo modelo de estimación V108 (llamado así porque utiliza 108 variables de análisis y no solo el recuerdo de voto y la simpatía, como se hacía antes) transcurrieron 47 días. Días en los que no tuvieron lugar acontecimientos importantes que cambiaran la intención de voto de los electores. Por eso, el voto se produjo prácticamente de la misma manera, incluso en el nivel de participación que se pronosticó (que fue un 76% y resultó un 75,6%).
Cualquiera que me escuchara en los días posteriores a estas elecciones, me habrá oído explicar los factores de casualidad que se dieron en tal ocasión y el hecho de que el CIS no intentó “adivinar” lo que ocurriría, sino hacer una foto fija precisa, intentando identificar las tendencias más plausibles.
En cambio, en las elecciones de noviembre, en el período comprendido entre la finalización de la encuesta preelectoral y el día de la votación (28 días) tuvieron lugar acontecimientos importantes que, por lo que hemos visto, contribuyeron a cambiar las intenciones de voto de bastantes electores. Entre otros, la exhumación de los restos del dictador y, sobre todo, los acontecimientos de Cataluña, con múltiples imágenes de violencia y actos vandálicos repetidos y replicados continuamente en las pantallas de todas las televisiones.
Por eso, los jefes de la “guerra de encuestas” (y también de la mediática), en cuanto se publicaron los datos de la encuesta preelectoral del CIS en octubre de 2019 (pocos días después de finalizados los trabajos de campo) rápidamente la ningunearon y la descalificaron, porque –decían– las encuestas se habían realizado antes de ambos acontecimientos singulares. Algo que olvidaron el día después de la votación, cuando se dedicaron en diversos medios a ensañarse conmigo y con los pronósticos del CIS, como si eso fuera lo importante.
La encuesta postelectoral del CIS, ya disponible para todos, tiene muchos datos ilustrativos sobre lo que ocurrió en los días anteriores a la votación del 10 de noviembre, por lo que nos permite saber en qué direcciones se movieron los votos a partir de los marcos previos perfilados en la encuesta preelectoral. Por eso, podemos saber que lo ocurrido en Cataluña ha tenido una gran importancia en el voto del 10 de noviembre. De hecho, el barómetro mensual de noviembre, que se estuvo realizando hasta el mismo día anterior a la votación (el 9 de noviembre), además de aportar información útil y directa a los estudiosos de estas materias, indica que más del 40% de los electores reconocía antes del 10 de noviembre que los acontecimientos de Cataluña le estaban influyendo –o le podían influir– en su voto. Cifra que en la Encuesta Postelectoral de diciembre quedó fijado en un 24% del total de población. Entre este 24,2% a los que les influyeron los acontecimientos de Cataluña, un 20,7% reconocen que cambiaron de voto por este motivo. Lo que supone un total del 5% de los encuestados. Bastante más aún si solo tenemos en cuenta a los que finalmente votaron (un 66% del censo). Lo que supone una cifra considerable de personas que cambiaron de voto por este motivo en la recta final de las elecciones (7,6% de los que finalmente votaron). Ahí es, precisamente, donde los que están interesados en la Sociología como ciencia –y no como arma arrojadiza– tienen que intentar encontrar explicaciones. Y analizar rigurosamente lo acontecido, sabiendo –además– que en contextos tan volátiles y con tantos partidos compitiendo en cada circunscripción basta que se den pequeñas modificaciones en el porcentaje de votos emitidos, para que cambien de sentido un número notable de escaños (los últimos asignados en bastantes circunscripciones).
Por lo tanto, ¿hablamos en serio de la Sociología como ciencia, o dejamos que continúen pontificando algunos aprendices de brujo?