Cataluña y los catalanes se encuentran ante una encrucijada económica y política muy complicada, con serios riesgos de entrar en una espiral de inestabilidad y de incertidumbres económicas
Durante mucho tiempo el secesionismo catalán ha venido estrellándose periódicamente con el mismo muro impenetrable.
El último choque contra el muro ha sido de una gran dureza, habiendo quedado emplazados los secesionistas ante una triple realidad: en primer lugar, ante la Unión Europea y sus exigencias (y su falta de apoyos); en segundo lugar, ante la realidad económica (con un abandono masivo de empresas y una fuga de ahorradores e inversores); y, en tercer lugar, ante el Estado, con todo su poder y sus instancias jurídico-políticas, desde la activación del artículo 155 por parte del Poder Ejecutivo, con el respaldo de fuerzas políticas que representan bastantes más de dos tercios del electorado, y con el Poder Judicial, con su inexorable función de actuar con autonomía y rigor en la aplicación de las normas jurídicas y de los requisitos funcionales del Estado de Derecho.
En este choque, los secesionistas también tienen que añadir que se han encontrado con la dura realidad de la activación de una parte importante de la opinión pública de Cataluña –los “otros catalanes”−, que hasta ahora permanecía silenciosa y pasiva, y que ha reaccionado con una notable capacidad de movilización en la calle. Capacidad que al menos iguala, si no supera, las movilizaciones callejeras del secesionismo irredento.
A partir de esta situación, Cataluña y los catalanes se encuentran ante una encrucijada económica y política muy complicada, con serios riesgos de entrar en una espiral de inestabilidad y de incertidumbres económicas. Lo cual es un problema no solo para Cataluña, sino para toda la economía española, dadas las fuertes interdependencias que existen entre la economía española y la catalana. Interdependencias que constituyen una de las razones por las que la independencia pretendida no es factible. Interdependencias que tienen también –o pueden tener− efectos cruciales para la evolución de la economía española en su conjunto. Por eso, el objetivo de salir de la actual encrucijada y recuperar la buena marcha de la economía catalana es –debe ser− un objetivo netamente compartido por todos los catalanes sensatos y por el conjunto de la sociedad española.
Llegados a este punto, la cuestión política fundamental que se dilucida en las elecciones del 21 de diciembre es quién puede sacar a Cataluña del embrollo en el que ha sido metida por la irresponsabilidad de los secesionistas catalanes, y cómo se puede solucionar este lío.
En este sentido, nadie debiera engañarse, ni desconocer que la realidad sociopolítica de Cataluña está caracterizada, hoy por hoy, por una dualidad bastante remarcada, en la que incide tanto la presencia de aquella parte de la sociedad catalana que está más sensibilizada con los objetivos y propósitos independentistas, como aquella otra parte que piensa en términos de continuidad sociopolítica y legal en la actual conformación del Estado español. Estado que asimismo está inmerso en el marco de una Unión Europea, que cada vez va a exigir mayores grados de convergencia en múltiples aspectos de la vida social, económica, legal, etc.
Por ello, el objetivo crucial que toda persona sensata debiera tener en mente es cómo se pueden lograr armonizar estas dos realidades, y quién puede hacer el papel, tan necesario, de bisagra, de reconciliación y de integración de estas dos mitades. Dos mitades que, como en el caso de cualquier puerta de dos hojas, son necesarias para el buen funcionamiento y la recuperación económica y política de Cataluña, y que por lo tanto necesita, como ocurre con una bisagra, la capacidad de operar como gozne de unidad, de integración y de funcionalidad. Consiguiendo así la optimización de las oportunidades de la mejor Cataluña que podamos imaginar.
Así las cosas, posiblemente el único partido y el único líder que están en condiciones de desempeñar este papel imprescindible en Cataluña son el PSC y Miquel Iceta. De ahí que en las elecciones del 21 de diciembre la gran pregunta que tienen que hacerse todos los electores que quieran contribuir a la solución del embrollo actual sea, precisamente, quién puede desempeñar mejor y con mejores garantías este papel imprescindible.
En consecuencia, todos los que están emplazados ante las urnas el 21 de diciembre van a tener una gran responsabilidad en sus manos y, sobre todo, una oportunidad de poder contribuir a evitar con su voto el riesgo de que Cataluña se deslice hacia la ruina económica, política y cultural.