“Que caiga España, ya la levantaremos nosotros”, decía ufano en la oposición el ahora ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Con las políticas del gobierno se iba a salvar a España de la hecatombe económica. La realidad es que con sus recortes se ha destruido un millón largo de empleos y cerca de dos millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Con Rajoy, además, se ha producido un importante desmantelamiento del sistema de servicios públicos. Los PGE 2014 profundizan en su deterioro y en la pérdida de empleo público. Como si no hubiera sido suficientes los recortes emprendidos en 2010 que supuso la congelación de pensiones, o las del año pasado con los tijeretazos a la prestación y subsidios de desempleo, y la no revalorización de las pensiones. Qué decir de todo lo que han padecido los empleados públicos. Los más favorecidos han sufrido, entre congelaciones y rebajas salariales, un 15% de pérdida de poder adquisitivo desde 2009. Menos suerte han tenido los casi 400.000 que han sido despedidos desde 2011. A los que se sumarán muchos miles gracias a la recién aprobada Reforma de la Administración Local.
Se produce otra vuelta de tuerca al establecimiento del objetivo de déficit con medidas antisociales, y sin que se reactive la economía. En una etapa en la que seguimos más cerca de la recesión económica que de la cacareada recuperación, la inversión del Estado en los servicios públicos deberían jugar un papel dinamizador de la economía y paliativo en lo social. Pero la inversión pública ha disminuido 30.099 millones de euros desde 2009, con una caída del un tercio del total. Y mientras, el pago por intereses de la deuda pública aumentará 2.827 millones en 2014, hasta situarse en 37.708, cifra superior al pago en prestaciones por desempleo (29.329 millones). Y qué decir de las ayudas públicas a la recapitalización de la banca española entre 2009-2013, que suman 61.366 millones de euros, un 5,9% del PIB.
Además, los nuevos presupuestos incidirán en el mantenimiento de las altas tasas de desempleo y en la precarización laboral, debilitando más la arquitectura de protección social del país, y ello a pesar de las crecientes necesidades de la población. Así, las cuentas que va a aprobar el rodillo popular en el Parlamento, profundizan en el deterioro del sistema público de sanidad. Pero, además, ponen en jaque al principio básico de igualdad en educación, por mucho que Wert se vea forzado a recular con los Erasmus.
En lugar de disponer de unas cuentas que jueguen con un margen más amplio de déficit para poder atender debidamente tanto a los servicios públicos básicos, como a la protección social; sin embargo, insisten en el reparto injusto de las cargas del déficit entre la ciudadanía, máxime con la actual fiscalidad, tan feroz como absolutamente desequilibrada en su reparto, casi tanto como la distribución de la renta. Sobre ésta se observa que, desde 2009 y hasta la mitad de 2013, los salarios han perdido un 4 % en favor del excedente empresarial y las rentas mixtas (de los trabajadores autónomos), traduciéndose en la cesión de 30.538 millones de euros de los asalariados a los empresarios.
Con las cuentas del Estado el panorama es tan oscuro como decepcionante aunque, viniendo de este Gobierno, no sorprendente. No podemos esperar otra cosa más que más parálisis en nuestro sistema económico y productivo, y en consecuencia un mayor descalabro para las familias. Además, persistencia en el drama social del paro, de los desahucios, de las colas de los necesitados, y en el empeoramiento de las condiciones laborales que (eso sí) nos hacen más competitivos en el ámbito del comercio exterior.
Las cuentas públicas siguen ancladas en las recomendaciones de la Troika, quedando a mucha distancia de ser unas cuentas equilibradas. No son los presupuestos de la reactivación de nuestra economía, son un fraude. Son unas cuentas que derriban todas las expectativas de avance económico y social. Tras cinco años de penurias de la mayoría de la población, seguimos retrocediendo presupuestariamente.
Con los PGE 2014 va a mantenerse el escenario de empobrecimiento y de paro. No sé si es que nos toman por tontos a los administrados pero sí que resulta especialmente paradójico que se nos venda la recuperación a través de estos presupuestos mermados en un 3,5% respecto al presente ejercicio. Con menos recursos, no ya solo para mantener el sistema de servicios públicos sino para ser destinados a la inversión productiva, ¿vamos por la senda de la recuperación? ¿Acaso les parece bien esperar a que caiga el maná del cielo mientras ni siquiera se garantizar el mantenimiento de las prestaciones sociales? Entre tanta cohetería preelectoral parece una indecencia conjugar esta política presupuestaria con las notables bolsas de pobreza existentes pese a que a Montoro le parezca que “los salarios están subiendo moderadamente”.
Es hora de invertir más en políticas activas de empleo como de emprender actuaciones legislativas oportunas para poner en marcha “la renta básica” como derecho reconocido, algo que es tan justo como viable, una medida que desde CCOO ya hemos planteado a los legisladores y al propio Gobierno. No es caridad, son derechos.
“España asombrará pronto al mundo”, anunciaba el ministro de los recortes. Tal vez sea por la paciencia que muestra este pueblo sometido indefinidamente a los recortes. Sin embargo, bien merece nuestra castigada nación, además de unas cuentas más decentes con la gente, también otros administradores que tengan el coraje suficiente para acometer una reforma fiscal que nos iguale con los países de la eurozona (la presión fiscal de España es 7,8 puntos inferior), así como más voluntad luchar contra el fraude. Así mismo, deberíamos tener clara la necesidad de emprender ya un cambio de modelo productivo, que apunte a actividades de alto valor añadido (I+D+i) que sea capaz de generar empleo con derechos, algo que tampoco se encuentra ni se le espera en la agenda de la administración popular.