En otros artículos he sido bastante crítico con la acción de los sindicatos españoles. No soy crítico con la actividad que su función en un Estado de Derecho les exige de defensa de los trabajadores frente a los abusos de los empresarios, sin embargo sí que estoy bastante decepcionado por la falta de acción sindical ante los constantes atropellos y ataques que está sufriendo la clase trabajadora con las medidas tomadas por este gobierno cómplice de las ansias de explotación de las élites empresariales. Soy de los que piensa que están teniendo un modo de actuar demasiado light utilizando los métodos de consenso que son propios de una democracia normal, pero que en la situación actual no son eficaces. Soy de los que cree que el único modo de conseguir un mayor número de logros para los trabajadores es la acción a través de huelgas y negociar con el poder que esas huelgas le dan en la mesa de negociación. Soy de los que piensa que dos huelgas generales en una legislatura marcada por los atropellos a los trabajadores son demasiado pocas y que cada vuelta de tuerca a la Reforma Laboral hubiera ameritado un paro general.
Sin embargo, y tal y como se ha publicado en este medio, se están superando demasiadas líneas rojas de criminalización de la acción sindical, de la protesta, de la lucha obrera por parte del gobierno y de otros poderes que deberían ser independientes pero que se han convertido en departamentos del propio Partido Popular. Todo ello sin contar con la alharaca mediática de los órganos de propaganda del Movimiento, es decir, toda la prensa escrita y las cadenas de radio y televisión patrióticas. Superar esas líneas rojas supone una vuelta a los años más duros del franquismo, los años en los que los españoles estaban obligados a afiliarse al Sindicato Vertical, los años en los que se negaba el derecho a huelga, los años en los que se condenaba a sindicalistas a penas de cárcel por defender los derechos de los trabajadores, los años de la represión, de las torturas, de las ejecuciones, los años de los juicios militares para juzgar a quienes luchaban por la libertad y contra la dictadura.
La derecha española actual es heredera del Régimen político de aquellos años y por mucho que se pongan caretas o encalen su presunto espíritu democrático, al final les suele salir el ramalazo autoritario, tal y como estamos viendo con este gobierno del Partido Popular. Esos ramalazos autoritarios los comprobamos en su modo de gobernar, en la forma en que han secuestrado las instituciones colocando a hombres muy afines al PP o a militantes en los puestos clave como la presidencia del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Un modo de legalizar a priori todas las medidas legislativas de este gobierno que son claramente inconstitucionales. Con estos puestos clave se garantizan la imposición de la injusticia hacia el pueblo soberano. Otro aspecto donde se aprecia el ramalazo autoritario lo vemos en el secuestro del lugar donde reside la soberanía popular, el Parlamento. El Partido Popular utiliza su mayoría absoluta de igual modo que lo haría cualquier falso parlamento de una dictadura, o de una «democracia orgánica», el eufemismo que utilizaba el franquismo para referirse a su modo de gobernar. Con este secuestro el PP ha creado un nuevo sistema político: la dictadura parlamentaria. Imponen sus medidas sin contar con nadie. Hablan de consenso y negociación pero su sentido de estas palabras está orientado más hacia el subirse al carro sin condiciones que hacia un verdadero espíritu democrático.
Este autoritarismo enmascarado por un presunto espíritu democrático de la derecha española lo estamos viendo en las condenas de los jueces hacia las libertades y los derechos de los trabajadores. En estos días han sido condenadas dos sindicalistas, Ana y Tamara, que participaban en un piquete informativo donde alguien, que no está probado que fueran ellas porque no se han presentado pruebas concluyentes, lanzó un bote de pintura a una piscina. La persecución hacia los representantes de los trabajadores por parte del gobierno ultraconservador español se ha visto en el caso de Ana y Tamara. Se las condenó en primera instancia a una pena de 6 meses de cárcel, pena por la que no hubieran entrado en prisión. Sin embargo, la Fiscalía, el brazo armado del PP desde que Rajoy llegó a la Presidencia de Gobierno con el mayor fraude electoral de la Historia de España, recurrió la pena y se les impuso la pena máxima, 3 años y un día. Ana y Tamara tendrán que ir a prisión si no llega el indulto por parte del Consejo de Ministros. Como no son afiliadas al PP, ni son corruptas del PP, ni son antiguos dirigentes del PP, ni son ex ministros del PP, ni son conductores kamikazes, entrarán en la cárcel porque, además, tienen algo a lo que el partido ultraconservador le tiene inquina: ser sindicalista.
Sin embargo, Ana y Tamara no son las únicas. En la España de 2014, en la España del siglo XXI, hay más de 40 sindicalistas inmersos en procesos penales por su participación en los piquetes de las huelgas generales. Las penas que pide la Fiscalía para estos representantes de los trabajadores suma más de 130 años de prisión. Ni siquiera en el famoso Proceso 1001 se pidió tanto castigo. Es decir, que en una democracia la Fiscalía solicita más años de castigo para militantes de organizaciones sindicales legales que las que una dictadura impuso a los dirigentes de sindicatos ilegales. Esta es la realidad del PP. La inquina que tienen a los sindicatos les provoca que quieran superar a sus antecesores.
En España hay una paz social que hace que esta persecución sea exagerada. Todo viene de una estrategia por parte del Partido Popular de criminalizar la protesta ciudadana, la protesta de los trabajadores ante los abusos que este Gobierno les está permitiendo a los empresarios. En España, salvo escasas excepciones, no se está produciendo una violencia en las protestas contra el gobierno ilegítimo de Rajoy y sus medidas. Desde los medios sicarios de la derecha se atiza constantemente a estas protestas, a las manifestaciones pacíficas, a los convocantes.
Todo vale con tal de denigrar la legítima protesta ciudadana. Estos medios del aparato de propaganda de Génova 13, estos medios que han olvidado los códigos deontológicos del periodismo para caer en brazos de la voz de su amo, son los que generan el caldo de cultivo para que cualquiera que salga a la calle para reivindicar los derechos y las libertades de los ciudadanos, para hacer visible los abusos de las élites sobre la clase trabajadora, sea un criminal. Lo hemos comprobado con los escraches, con la persecución a la PAH, a las mareas ciudadanas, a los funcionarios, a los pensionistas. Llaman demagogos a los políticos de la izquierda sólo por el hecho de no subirse al carro de las políticas injustas de la derecha. Han olvidado el código deontológico del periodismo que está basado en 4 puntos:
- Informar de manera veraz, exacta, amplia y oportuna
- Investigar e interpretar y opinar desde el interés público
- Difundir, exigir y defender de manera proactiva los derechos y deberes personales y colectivos
- Fiscalizar con independencia a los poderes del Estado, del mercado y de la sociedad civil
Si usted es lector de cualquiera de los diarios de la prensa escrita española y de algunos de la prensa digital, oyente de las radios patrióticas o telespectador de las cadenas afines al Movimiento se dará cuenta que se han echado a los brazos de la propaganda del PP y se han olvidado de la deontología sobre la que se basa la buena praxis del periodismo. Con los sindicatos, los partidos de izquierda, los movimientos ciudadanos se han sumado a la estrategia de criminalización de la protesta y jalean las medidas represivas que desde el Ministerio de la Gobernación, perdón, del Interior (dirigido por un señor que perfectamente podría haber sido Comisario de la Dirección General de Seguridad), y desde el Ministerio de Justicia (dirigido por uno de los mayores ególatras de la Historia de España).
El objetivo de la derecha española es clara: criminalizar la protesta e imponer el miedo a través de unos sistemas represivos similares, cuando no superiores, a los que impuso Francisco Franco en los 40 años que gobernó. La imposición del miedo o la utilización de la filosofía del miedo es algo muy propio de los gobiernos ultraconservadores. Lo vimos en una de las cunas de la democracia, los Estados Unidos, con el miedo introducido por el ultra George W. Bush que propició que los ciudadanos estadounidenses permitieran la mayor derogación de derechos civiles de su historia en aras de responder a una amenaza inflada desde la propia administración y desde los medios sicarios como la FOX. En España se ha tomado nota de este sistema. Es mejor tener a la población atemorizada por las posibles sanciones, por las posibles condenas a su legítima protesta, que dar una imagen al mundo de las calles llenas de manifestantes solicitando lo que un gobierno con la legitimidad en entredicho les quiere arrebatar. Lo vemos en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, donde el Ministerio de la Gobernación, perdón, de Interior, quiere imponer sanciones tan graves por dar sentido a los derechos fundamentales de manifestación y reunión con el único fin de que los ciudadanos se queden en casa y no protesten. Lo mismo ocurre con los derechos de los trabajadores, como el derecho de huelga y todo lo que conlleva. Hasta el mismo Mariano Rajoy ha apoyado la creación de una ley que regule este derecho. El eufemismo utilizado es la modulación de los servicios mínimos tras el éxito de las huelgas indefinidas en la Comunidad de Madrid. Esta modulación no es otra cosa que la derogación encubierta del derecho a la huelga. Lo mismo que ocurre con la Ley de Seguridad Ciudadana, que no es más que una derogación subjetiva de los derechos constitucionales de los españoles. Ahora la han cogido con Twitter, Facebook y las redes sociales. El execrable asesinato de la Presidente de la Diputación de León a manos de militantes del PP y los condenables comentarios de ciertas personas en las redes sociales han sido la catapulta para la ofensiva del PP contra la libertad de expresión. Eso sí, sólo de aquellos que les atacan a ellos, porque los comentarios de la extrema derecha, de los filonazis, o de los obispos homófobos quedan amparados por la libertad de expresión. Tan condenables son los unos como los otros. No justifico las barbaridades que se han dicho contra la asesinada Carrasco. Sin embargo, siempre la derecha deja de lado a quienes amenazan de muerte a otros ciudadanos anónimos solo por el hecho de pensar de un modo distinto, de pertenecer a otra raza o de tener una orientación sexual. Estos suelen quedar impunes, como ya vimos con la apología del nazismo y del fascismo de los cachorros del PP o con las declaraciones de dirigentes genoveses sobre los derechos de las mujeres o las víctimas del franquismo. Lo que pretende el Ministerio de la Gobernación, perdón, del Interior, es imponer la censura, coartar la libertad de expresión, porque esos comentarios ya están condenados por el Código Penal y no hay más que aplicarlo sin tener que recurrir a la censura previa. ¿Acaso Mariano Rajoy le pidió consejo a Erdogan cuando participó en un mitin islamista en Turquía sobre cómo aplicar la censura en las redes sociales?
Ya es una desgracia que un país moderno esté gobernado por un partido heredero del Movimiento Nacional, pero la democracia permite esto y hay que acatarlo. Lo que no se puede acatar es que ese partido ganara unas elecciones con el mayor fraude electoral de la Historia de España y que gracias a ese fraude lograran una mayoría absoluta que les está permitiendo imponer políticas represivas contra los derechos y libertades que los españoles tenemos reconocidos en la Constitución. Con el PP hemos retornado a la represión del franquismo y, lo que es más grave, sin ningún tipo de oposición por parte de los ciudadanos.