Siguiendo la inveterada costumbre de hacer un juicio paralelo al que se pueda hacer en un tribunal de justicia, me apresto a valorar las circunstancias de los hechos acaecidos en Madrid el pasado 8 de marzo que doña Carmen Rodríguez-Medel, jueza interina del Juzgado de Instrucción n° 28 de Madrid está analizando.
Ese día, 8 de marzo, además de transporte público, espectáculos deportivos, y de todo tipo, así como otros eventos políticos, se celebró en Madrid, como en otras ciudades del mundo, una manifestación para reivindicar la igualdad de la mujer con el hombre, una lucha con cerca de un siglo de antigüedad. Dicha manifestation, y aquí radica el problema, no fue prohibida por la Delegación del Gobierno en Madrid y, relacionando esto con el hecho de que, posteriormente, se conociera la extensión del corona virus por el mundo, incluido Madrid, alguien ha señalado indicios delictivos en la actuación administrativa de don José Manuel Franco, delegado del gobierno en Madrid por no prohibirla.
Porque es un hecho que el delegado del gobierno no prohibió esa manifestación, ni los otros actos multitudinarios de ese fin de semana, ni cerró transportes públicos ni cines o cualquier otro espectáculo de los múltiples que se celebraron en los 168 municipios de la Comunidad de Madrid. Pero centrémonos en la manifestación ya que el resto de actos, aunque reunieran, en su conjunto, más personas que las que acudieron a la manifestación, no debieron atraer al virus, razón por la cual no han sido motivo de atención, tampoco, para ningún denunciante.
Son ya conocidos esos denunciantes y alguna pericia solicitada por la jueza instructora. Y, a estos efectos, cualquiera podría extrañarse de que, en el caso, figurase como denunciante la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la jueza haya solicitado un informe pericial a, precisamente, la Guardia Civil. Curioso es, pero legal estoy seguro de que también lo es. La prueba es que se está haciendo y nadie dice nada. Al fin y al cabo, esa institución es muy amplia y no todos sus miembros tienen porqué pensar lo mismo. El hecho de que denunciantes y peritos parezcan leer los mismos periódicos no significa más que algo casual que no tiene porqué alarmar a nadie. Y, menos que a nadie a quien tiene que valorar eso, es decir Su Señoría. Por cierto, nieta, hija y hermana de guardias civiles.
Una vez sabido esto, conviene centrar la atención en las obligaciones de la Delegación del Gobierno. A cualquiera que, aprovechando el régimen de libertades de que disfrutamos, quiera organizar una manifestación, le interesa entrar en la web del Ministerio del Interior. Ahí se enterará de que debe comunicar su intención de organizar dicha manifestación, no para pedir autorización si no para que la Delegación del Gobierno correspondiente tome las medidas oportunas para garantizar ese derecho constitucional. Lo normal es que la tal manifestación se celebre cumpliendo las condiciones necesarias para compatibilizarla con el resto de usos permitidos en la ciudad.
Solo en casos excepcionales, y muy justificados, la Delegación del Gobierno puede limitar el ejercicio de ese derecho de manifestación. No al revés. No se trata de solicitar una autorización graciable si no, hay que volver a repetir, de comunicar que se va a ejercitar un derecho. Por eso, limitar ese derecho no puede hacerse por presumir unos supuestos efectos, si no por manejar unos informes justificados por la opinión de expertos.
A este respecto, voy a hacer una suposición, naturalmente gratuita. Me extrañaría mucho que, si la Jueza instructora de este caso hubiera sacado, en lugar de su oposición de jueza, la de jefa de los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno de Madrid, hubiera recomendado la prohibición de esa manifestación con los datos que había en ese momento.
A propósito de expertos, en momentos, como el del corona virus, en los que se busca la opinión de los que saben, empiezan a salir expertos hasta de debajo de las piedras y, desde luego, en toda tertulia de prensa, radio y televisión. Por alguna, o muchas de esas tertulias, y no digamos en el meme nuestro de cada día, hemos conocido que más de la mitad de los infectados españoles tienen su origen en el 8M. Así, a ojo y, obviamente, sin ninguna evidencia que avale esa cifra, es posible atribuir cerca de 15.000 muertos a ese, fatídico, día. Y, como es posible, se hace. Pues ya puede sentirse afortunado Jose Manuel Franco en que le acusen, solo, de prevaricación y no de genocidio. Por mucho menos hay en la historia asesinos en serie y criminales de guerra.
Una prueba de descargo que, a mí al menos, me parece convincente, es que hubo hasta ocho ministros y ministras que acudieron a la manifestación y, algunos con familiares. El propio delegado del gobierno lo hizo. Como no creo en la existencia de un número tan elevado de héroes y heroínas que estén dispuestos a sacrificar sus vidas, y menos la de sus seres queridos, por la causa de la igualdad, colijo que debía de haber otra causa para ello. Y esa razón no puede ser otra que la inconsciencia. Esas personas, incluido el delegado del gobierno, desconocían el riesgo que corrían, independientemente del número de informes, correos electrónicos, conversaciones, sugerencias o rumores que hubieran recibido. Así pues, más allá del reproche que se les pueda hacer por su falta de visión de futuro, me da a mí la impresión de que, penalmente, esa inconsciencia es exculpatoria.
Porque, además, tenemos antecedentes. Después de actos terroristas ha sido costumbre celebrar manifestaciones, en España y fuera de España. Y, eso, a pesar del riesgo de que los terroristas pudieran aprovechar esas concentraciones de personas para producir nuevas masacres. Y nadie ha dicho nunca nada, al menos tan estentóreamente como ahora.
Pero en lo que no me gustaría engañarme es en el sentido final de todo esto. España se divide en dos y los bordes de ambas divisiones son múltiples. En lo que respecta a la igualdad entre hombres y mujeres, esos bordes son menos nítidos pero se pueden apreciar muy fácilmente. El uso de conceptos como la paridad, la discriminación positiva, la violencia de género, o su confusión con la violencia doméstica, etc, definen el sitio en el que cada uno, y una, se posicionan en alguna de las dos Españas.
Por eso, terminaré señalando lo obvio. El escándalo del 8M se basa en la causa de la manifestación. Si el motivo de la misma hubiera sido la defensa de la familia tradicional o la celebración de un importante éxito deportivo, por ejemplo, otro gallo cantaría. Se que no ganaré ningún Nobel este año por decirlo, pero de alguna manera tenía que acabar.