@jgonzalezok / Seis meses después de llegar al poder, el presidente argentino, Alberto Fernández, ha iniciado una senda que contradice lo que muchos esperaban de él: una versión moderada del peronismo/kirchnerismo. Esta transformación se hizo realidad después de unas declaraciones esclarecedoras: “Si Alberto no hubiera sido moderado, no ganábamos, pero ahora hay que terminar con la moderación”. Quien habló fue Gabriel Mariotto, que fuera en el último gobierno de Cristina Kirchner el principal impulsor de la Ley de Medios y de la ofensiva contra el Grupo Clarín, y que suele representar al sector más radicalizado del kirchnerismo. Es más, añadió que se imaginaba la Argentina post pandemia, “bien peronista, con las empresas de servicios públicos y el comercio exterior en manos del Estado”.
El presidente, Alberto Fernández, parece que se puso manos a la obra y decidió intervenir la empresa Vicentín, una de las firmas más importantes del sector agro industrial exportador, previamente a su estatización mediante una ley que espera hacer aprobar en el parlamento. Días antes había desechado la idea de la diputada Fernanda Vallejos, que propuso que el Estado se quedase con acciones de las empresas que recibieran ayudas con motivo de la pandemia. Una “idea loca” dijo el presidente, que ahora puso en marcha la primera estatización de su gobierno y el Estado no se hará con parte de una empresa, sino con la totalidad de la misma.
La decisión de avanzar sobre Vicentín se produjo días después de que el presidente recibiera un documento de 103 movimientos sociales que hablaba de soberanía alimentaria y de la intervención estatal en empresas. En este sentido, dijeron que “la soberanía alimentaria requiere independizar a la producción, el transporte y la comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera”. Ahora bien, el argumento de la soberanía alimentaria no se sostiene por ninguna parte, la empresa en cuestión procesa y exporta productos que no consumen los argentinos, como la soja y sus derivados, aceite y harina.
La empresa Vicentín, de origen familiar y con 90 años de antigüedad, estaba en suspensión de pagos desde el pasado 5 de diciembre. Tiene una deuda total de 1600 millones de dólares, de los que 300 se los debe al Banco Nación. El resto de la deuda se divide entre otros bancos, tanto privados como públicos argentinos y debe también 424 millones a bancos internacionales.
Está entre las diez principales exportadoras del país, siendo la quinta en importancia de su sector, aportando el 15 % del total de ingreso de divisas del complejo cerealero. Es la mayor productora de biodiesel del país y maneja dos puertos privados en la provincia de Santa Fe. Mueve unos 3.000 millones de dólares por año por exportaciones y dedica el 85 % de su producción a ventas al exterior.
Al anunciar su decisión, el presidente argentino destacó que la idea se la había acercado la senadora Anabel Fernández Sagasti, que es la mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado. La senadora dijo en la presentación: “Es una decisión histórica y crucial para lo que viene en la nueva normalidad en la Argentina, ya que en lo cotidiano nos va a beneficiar porque los precios de los alimentos empezarán a valer por el producto del trabajo y no estarán sujetos a la especulación financiera de algunos”. Añadió: “Hemos empezado un camino para que el Estado cuide de otra manera el bolsillo de los argentinos”. Y defendió la intervención con el argumento de que la cerealera tiene un “rol crucial para la estrategia económica”.
La Cámpora, uno de los grupos kirchneristas que responde directamente al hijo de Cristina Kirchner, y por tanto a la vicepresidente, hizo público un comunicado en el que afirma: “Esta definición estratégica busca evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos. A la par, permitirá tener una empresa testigo, no solo en el sector agroindustrial para el mercado interno, sino también en el de divisas. Adquiriendo de esta forma una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país”. Y da pistas sobre el futuro: “Se torna imperioso continuar en el desarrollo de estrategias sólidas y contundentes que puedan terminar con las inequidades en nuestro suelo, conquistando soberanía alimentaria. La participación del Estado en la producción y comercialización agroindustrial, tanto del comercio interior como exterior, es un paso fundamental para comenzar a poner Argentina de pie”.
Por su parte, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Económico habló de dar más previsibilidad a la oferta de alimentos en la Argentina y también más previsibilidad en el mercado de cambios.
La empresa ya anunció que acudirá a los tribunales. Destacó que hasta ahora no había despedido a ningún trabajador, recordando que venía buscando soluciones para refinanciar su deuda: “entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con empresas nacionales”. Todo apunta a que habrá una larga batalla judicial.
Ya hay quien ha hablado de “aberración jurídica” y entre las opiniones en contra está la del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que recuerda que la Justicia cuenta con las suficientes herramientas “para buscar la preservación de los empleos y de los activos, que son prenda común de los acreedores”. Y señalan que la designación de un interventor, ya anunciado por el presidente, le correspondería a la Justicia.
La discusión parlamentaria se anuncia virulenta. Porque ni siquiera en el ámbito del oficialismo hay acuerdo sobre el particular. El ex candidato presidencial Roberto Lavagna, el primer ministro de Economía de Néstor Kirchner -y que es consultado ahora por el presidente Fernández-, hizo la siguiente reflexión: “Hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas y, finalmente, estancamiento económico-social. Ayer se habló de soberanía alimentaria, esperamos que se haya aprendido la lección. No bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien”.
Llama la atención que esta operación se produce cuando Argentina está renegociando su abultada deuda externa y el país explica a sus acreedores que no tiene dinero para pagarles. El Estado -la sociedad argentina- absorberá la deuda de la empresa, así como la indemnización correspondiente. Se pasará una empresa quebrada a manos de un Estado, que también está en bancarrota. Y, cuando el país necesita más que nunca de inversiones que solo pueden venir del exterior, se pone en duda la existencia de reglas claras y seguridad jurídica
Para entender mejor esta decisión, hay que acudir al pasado. Como escribió Ignacio Fidanza en La Política Online, “salvo en el experimento neoliberal de Menem, la presencia de un Estado con algún grado de intervención directa en los sectores estratégicos de la economía es parte del ADN peronista”. Pero también hay que pensar que el kirchnerismo se basa en la construcción de enemigos y en cierto discurso épico basada en slogans de dudosa vigencia.
A partir del 2008, primer gobierno de Cristina Kirchner, se tomó la decisión de tomar al sector del campo como uno de los enemigos a batir o doblegar. El gobierno intentó en ese momento imponer impuestos extraordinarios a la exportación de granos, provocando un conflicto de grandes proporciones. Que se saldó con una derrota para la mandataria, que nunca olvidó. Ahí comienza a modelarse la identidad del kirchnerismo radical, que después emprendería otras batallas, como las que llevó a cabo contra la Justicia independiente y los medios no oficialistas.
Para el kirchnerismo, el campo representó siempre la oligarquía a la que había que someter, a pesar de que es casi el único sector eficiente de la economía nacional. Y ahora, además, con el caso testigo de Vicentín, se avanza sobre una empresa cuyo CEO es amigo del ex presidente Macri. Así pues, la expropiación de esta empresa le da nuevos aires al ala dura del kirchnerismo, que siempre necesitó de la épica. Y el gobierno pone un pie en un sector que siempre ambicionó controlar. Lo hizo en su momento, durante el peronismo histórico, cuando el gobierno controló el comercio internacional.
El análisis de Pablo Wende en el portal Infobae hace también referencia a la necesidad del gobierno de enfrentar la llamada “restricción externa”, es decir, la insuficiencia de dólares por las exportaciones, para hacer frente a sus necesidades de divisas. Se pensó primero en potenciar los yacimientos de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta, la gran esperanza blanca como exportador de energía e hidrocarburos. Pero ante el panorama actual del mercado del crudo, decidieron cambiar de plan aprovechar la oportunidad que presentaba Vicentín.
La nuevas estrategia, según este análisis, consistiría en que el Estado adopte un papel relevante en la exportación de oleaginosas, conseguir que se acelere la liquidación de las divisas obtenidas por estas ventas al exterior y así ayudar a estabilizar el mercado cambiario, además de aumentar las reservas del Banco Central. Desde el gobierno se acusa a los exportadores de granos de retener la liquidación de divisas por motivos especulativos, para forzar un sinceramiento del tipo de cambio oficial.
El kirchnerismo tiene cierta debilidad por las expropiaciones. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina (2003-2015), nacionalizaron cinco empresas, además del sistema de pensioes privado: el Correo (en 2003), Aysa (aguas, en 2006), Aerolíneas Argentinas (2008), la petrolera Repsol-YPF (en 2012) y Ciccone calcográfica (empresa de fabricación de billetes, ese mismo 2012).
El caso más emblemático fue el de la petrolera YPF. Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, pero entonces ministro de Economía, aseguró que no se le pagaría nada a la española Repsol, propietaria de la compañía. Es más, dijo que sería la empresa española la que tendría que pagar, alegando daños ambientales. Al final el Estado argentino acabó pagando 5600 millones de dólares, una cifra que superaba el valor de la empresa. Y como el pago fue en bonos, con cobro en el 2024, al sumar los intereses, el monto total de la operación es de 9000 millones de dólares. Aunque la pesadilla aún no se acabó ya que hay flecos de esta nacionalización que están en un juzgado de Nueva York y pueden suponer todavía una nueva condena para Argentina.
El actual presidente, Alberto Fernández, que acababa de dejar su puesto como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, fue muy crítico entonces con esta nacionalización. Y en un programa de televisión dijo: “Me preocupa el modo y la forma cómo el gobierno toma la decisión. Me recuerda cuando se tomaron los fondos de pensión. La medida fue vista casi como confiscatoria y aquí sucede algo parecido”.