Desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre, el nuevo gobierno argentino tiene dos preocupaciones fundamentales: tratar de que la economía no entre en colapso total y salvar a la vicepresidente,Cristina Kirchner, de las causas judiciales que afronta, fundamentalmente por corrupción durante sus dos períodos presidenciales. De la economía se encarga el presidente, Alberto Fernández, de la Justicia la propia ex presidente y los hombres que ha logrado colocar en lugares clave del nuevo gobierno, que le responden de forma ciega.
Las denuncias contra la actual vicepresidente comenzaron ya cuando ella era presidente (2007-2015), pero no avanzaron mucho porque solo algunos jueces y fiscales tenían la independencia suficiente para soportar las presiones. Y porque no tenía el control total del Consejo de la Magistratura, órgano encargado del nombramiento y destitución de los jueces. Pero con el cambio de gobierno, tras la llegada de Mauricio Macri el poder, en 2015, se aceleraron las causas.
Alberto Fernández dijo al asumir, el 10 de diciembre: “Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el pueblo argentino, un contundente nunca más (repitió tres veces el nunca más)”. Y añadió: “Nunca más una justicia subordinada al poder de turno y sometida al linchamiento mediático”. Y a continuación anunciaba que en breve enviaría al parlamento un conjunto de leyes para una reforma integral del sistema federal de justicia. Eso sí, prefirió en esta ocasión no hablar de lawfare ni habló expresamente de presos políticos.
Esta parte de su discurso fue la que más aplausos despertó en el peronismo. Aplausos que olvidaron que en los años del kirchnerismo la justicia y los servicios secretos fueron usados en favor del gobierno. Con jueces que absolvían al matrimonio presidencial de forma exprés y fiscales que no ocultaban su condición de militantes políticos.
El gobierno de Alberto Fernández ya convocó sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el proyecto de reforma judicial. Aunque se desconoce el texto que enviará el gobierno, se da por hecho que se va a tratar de desbaratar la justicia federal, los doce jueces que tienen potestad para actuar en casos de corrupción cometidos por un funcionario nacional con sede en la capital, es decir, el gobierno. Estos doce magistrados son conocidos genéricamente como Comodoro Py, que es la calle de Buenos Aires donde están los juzgados correspondientes. La estrategia sería fusionar Comodoro Py con los once juzgados del fuero penal económico y los sesenta y tres de la justicia en lo criminal correccional. Es decir, las causas se sortearían entre 86 magistrados.
Además se quiere avanzar en el proyecto para cambiar a un sistema acusatorio, en el que el fiscal lleve la instrucción de los casos y los jueces solo controlen el proceso y dicten sentencia. Y se sabe que en los 12 años de kirchnerismo el gobierno de entonces logró cooptar a muchos más fiscales que jueces. Le queda también la opción de que la Corte Suprema intervenga, activando los numerosos recursos extraordinarios interpuestos por los abogados.
En cualquier caso el kirchnerismo ya consiguió revertir algunos de los pasos que la Justicia había avanzado en los últimos años. Desde 2016 se habían ordenado 74 prisiones preventivas sobre ex funcionarios, empresarios y dirigentes políticos, en diversos casos de corrupción. Habían sido posibles gracias a lo que se conoce como “doctrina Irurzun”, que hace referencia al voto del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, en noviembre de 2017, cuando ordenó la detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en una de las causas por corrupción. El camarista argumentó que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal podían ser usados para complicar la causa, aludiendo también al rol preponderante de De Vido, que en ese momento era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Este argumento fue citado luego por otros jueces para dictar más detenciones.
Pero la doctrina Irurzun se cayó el 22 de noviembre pasado, cuando entró en vigor el nuevo régimen de prisiones preventivas. La nueva regla establece que la detención sin condena es la última medida de coerción y que antes hay que analizar otras 10 alternativas. Entre ellas, la promesa del acusado de estar a derecho, la prohibición de salir de determinado territorio, la colocación de tobilleras electrónicas, o la prisión domiciliaria, sin necesidad de llegar a los 70 años o estar enfermo.
No obstante, desde que quedó claro que volvía el peronismo a la Casa Rosada, los jueces ya habían empezado a actuar en consecuencia. Se sabe que la mayoría de los jueces argentinos son tiempistas, saben leer como nadie los tiempos políticos y actuar para no molestar al poder de turno. Por tanto, desde el 11 de agosto, fecha de las elecciones primarias, empezó un rosario de liberaciones de ex funcionarios. Proceso que se aceleró con las elecciones definitivas, el 27 de octubre.
En las últimas semanas el kirchnerismo insistía en la campaña para liberar a los presos políticos. “No puede haber un gobierno peronista con peronistas presos”, había dicho el ex ministro Julio De Vido a principios de noviembre. Y días después añadió: “Defiendo a Cristina porque es la única garantía de que los presos políticos salgamos en libertad”. Él lo logró el 13 de diciembre.
Al final, solo cinco ex funcionarios pasaron la Nochebuena en la cárcel: el ex vicepresidente, Amado Boudou, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Tierras, Luis D´Elía y el ex director de la Aduana, Edgardo Paolucci, todos condenados ya en juicio oral.
Salieron de prisión, incluso, personajes marginales, pero que estuvieron cerca del kirchnerismo y que se declararon también perseguidos políticos, como el sindicalista Omar Caballo Suárez, procesado por asociación ilícita, y Jorge Castillo, conocido como el Rey de la Salada, la mayor feria informal de América Latina, donde la mayor parte de productos son falsificaciones.
Por el contrario, el fiscal Carlos Stornelli, el fiscal que investigó el escándalo de los Cuadernos, fue procesado por el juez Alejo Ramos Padilla, como presunto responsable de una asociación ilícita dedicada al espionaje. Y otro juez procesó a dirigentes del sector del campo y de la entonces oposición, por un corte de rutas durante el conflicto del 2007, cuando el gobierno quiso imponer impuestos extraordinarios a la exportación de granos.
Si la jugada para blanquear a Cristina tiene éxito, quedaría aún un escollo. Según publicó en el diario La Nación el periodista Hugo Alconada Mon, el FBI norteamericano continúa con las investigaciones contra ex funcionarios kirchneristas, sus cómplices y operadores, que movieron fondos por EEUU, el Caribe, Panamá, Uruguay y Argentina. Y también observa los movimientos de jueces y fiscales tras el cambio de gobierno. Una fuente le dijo al periodista: “Como premisa general, la decisión es avanzar en silencio mientras se evalúa si avanzan las investigaciones locales y se sanciona a los responsables.