@jgonzalezok / Uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina, José Nun, que fue secretario de Cultura de Néstor Kirchner (entre 2004 y 2009), dijo claramente estos días algo que la prensa y los ciudadanos argentinos venían percibiendo:que Cristina Kirchner es la presidenta de facto, aunque formalmente es la vicepresidenta; y que Alberto Fernández es su jefe de Gabinete, aunque es el presidente titular.
Han pasado solo 9 meses desde que Alberto Fernández asumió la presidencia argentina, pero su autoridad se derrite a pasos agigantados, los mismos que da su vicepresidente y jefa política, Cristina Kirchner. Su manejo de la pandemia, que cosechó elogios y adhesión popular -según demostraron las primeras encuestas-, es ahora ampliamente criticado. Con la cuarentena más larga del mundo, los resultados no acompañaron, mientras la economía sufre una crisis que ya supera al desastre de diciembre del 2001.
El poder real de la vicepresidente quedó más claro a raíz de la reciente protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires, que comenzó el pasado 7 de septiembre. Se trata de la fuerza de seguridad más grande e importante del país, que llegó a trasladar su protesta a las puertas de la residencia presidencial de Olivos y la residencia del gobernador de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. La crisis tomó de sorpresa al gobierno central y al propio gobernador, Axel Kicillof. Nadie supo anticiparse, a pesar de que en las redes sociales y los medios era claro el clima de descontento, frente a salarios miserables, un 35 % inferiores a los que tienen la policía de la ciudad.
El gobierno no resistió más que tres días la protesta, con la consiguiente pérdida de autoridad y confianza. Y la solución fue quitarle un punto en la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y pasarlo a la provincia de forma unilateral y por decreto, para pagar a la policía. Es decir, se le quitan fondos al principal distrito opositor, para dárselos al que le aporta más votos al oficialismo.
La coparticipación es un porcentaje de lo que el Estado repasa a las provincias una vez recaudados determinados impuestos. El recorte, entre 30 y 35 millones de pesos, es casi la mitad del presupuesto que la ciudad destina a la seguridad y el 10 % de su presupuesto total.
La crisis dejó en evidencia el desbarajuste de la principal, más extensa y poblada provincia argentina, que ya venía recibiendo fondos extraordinarios del Estado. En el primer semestre del año, un 822 % más que en el período anterior en concepto de fondos discrecionales, o 88.585 millones de pesos.
Las razones históricas esgrimidas para echar mano de los recursos que le corresponden a la ciudad son una falacia. Fernández recordó que en el primer gobierno de la democracia, con Raúl Alfonsín, la provincia sufrió un corte de fondos. Pero omitió que después se estableció un Fondo del Conurbano y, sobre todo, que durante el anterior gobierno kirchnerista, el gobernador tenía que suplicar por la llegada de fondos. Y eso que se trataba de tropa propia: Daniel Scioli, que fue vicepresidente de Néstor Kirchner y luego dos veces gobernador, era percibido como un liberal heredado de Menem y solo era soportado porque tuvo siempre mayor índice de popularidad que los Kirchner, es decir, les aseguraba votos.
Las razones de solidaridad son las habituales, aunque tiene dos explicaciones políticas claras. En primer lugar, cuidar el principal semillero de votos de la vicepresidente, como es la provincia de Buenos Aires. Un distrito, además, que se ha constituido como el principal asiento de La Cámpora, es decir los ex jóvenes que constituyen la guardia de hierro de Cristina. En segundo término, socavar a un distrito, el de la capital federal, que siempre le dio la espalda al peronismo; y, al mismo tiempo, perjudicar al principal líder de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, que actualmente es el dirigente político con mejor consideración en las encuestas y claro presidenciable para el 2023. La orden de Cristina, además, hizo volar por los aires la relativa buena relación del presidente con el alcalde porteño, al que incluso llamó su amigo hace unas semanas, para espanto del kirchnerismo más radicalizado, que no concibe la política sino en términos de amigo/amigo.
La ciudad de Buenos Aires aporta el 18 % del PIB, pero recibía solo un 3,45 % en concepto de coparticipación, antes del recorte. También es cierto que la provincia de Buenos Aires genera un 32 % del PIB y recibe un 20 % de los impuestos coparticipables. El aumento de fondos que se le reconocieron años pasados a la ciudad capital estuvo justificado por el traspaso a la misma de la Policía Federal y la Justicia Nacional. Y la provincia solo recuperó los recursos del llamado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano durante el gobierno anterior de María Eugenia Vidal, hoy en la oposición.
El artículo 75 de la Constitución, inciso 3, establece: “Corresponde al Congreso establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. Nada de eso cuadra con el decreto de Alberto Fernández, y es por eso que el alcalde capitalino decidió presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema.
El auxilio extraordinario que el presidente argentino decidió otorgar a la provincia de Buenos Aires, es un sustento para el gobernador, Axel Kicillof, ex ministro de Economía de Cristina Kirchner y que responde políticamente a la vicepresidente. Él es uno de los pocos incondicionales con acceso directo a la señora de Kirchner, que lo impuso como candidato. Es más, podría ser el elegido de Cristina para las presidenciales del 2023.
Pero la solución elegida por el presidente supone, al mismo tiempo que, de esta crisis,el propio Alberto Fernández y el gobernador salen debilitados, cuestionada su credibilidad y su autoridad, puesto que no resistieron la presión policial y abren la puerta a nuevos reclamos por parte de otros sectores esenciales -la salud, por ejemplo-, que también cobran sueldos miserables.
A pesar de que Cristina Kirchner vive en el barrio más elegante de la ciudad, y de que tiene numerosas propiedades en la capital, no puede ocultar la inquina que siente hacia la oposición, que tiene en la ciudad su principal feudo. En diciembre pasado, Cristina decía: “En capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro”. Meses después, el presidente denunció que la ciudad de Buenos Aires era injusta y que “llena de culpa por verla tan opulenta”. Pero olvidan que la provincia de Buenos Aires estuvo gobernada durante décadas por el peronismo y que durante ese tiempo aumentó la pobreza y se lumpenizó gran parte del conurbano.
Fernández llegó a la presidencia asegurando que volvían mejores y dispuesto a cerrar la grieta. En la práctica ha dinamitado el diálogo con la oposición y muestra su sumisión hacia su mentora, acepta sus órdenes y hasta sus humillaciones. Es peligroso para el futuro político del presidente atar su destino al de Cristina, teniendo en cuenta lo que señaló José Nun, el ex secretario de Cultura de Néstor Kirchner: “(Cristina Kirchner)no tiene ningún plan que no sea liquidar o anular por completo todos los juicios que le afectan a ella y a su grupo de confianza y, para esto, traspasa cualquier límite constitucional, porque la separación de poderes no es algo que les importe a autócratas de estas características”. Su otro propósito, no citado por Nun, es sumar poder asegurar dichos propósitos.