@jgonzalezok / Hace un año (10 de diciembre) que Alberto Fernández se instaló en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino. Había sido elegido el 27 de octubre, venciendo en primera vuelta, con el 40,28 % de los votos, al conservador Mauricio Macri, que buscaba la reelección. Su victoria no fue inesperada, porque el gobierno de Macri acabó con un alto índice de rechazo y en medio de una crisis social y económica de gran envergadura, a pesar de que en la elección la ventaja de Fernández fue mucho menor de la esperada, de poco menos de ocho puntos. La victoria en las urnas de Fernández la compartió con la ex presidente, Cristina Fernández, candidata a la vicepresidencia, que fue quien tuvo la idea de armar tan peculiar candidatura, sabiendo que su propia figura tenía un alto índice de rechazo.
La idea de una presidencia tutelada, en la que Cristina tuviera el poder real, planeó desde el principio y fue objeto de cientos de columnas de opinión en los medios argentinos. Y los hechos confirmaron este año los temores -o los deseos- de tan particular situación. En cada rincón de la administración del Estado hay militantes que responden directamente a la viuda de Kirchner y que actúan como comisarios políticos frente a cargos superiores designados por el presidente. Las apetencias de Cristina son órdenes para Alberto, incluso contrariando sus propias ideas. Alberto Fernández no se atrevió hasta ahora a contradecir a su mentora, que le responde con frialdad y altivez, al punto que hace casi dos meses que no se hablan. Es Cristina la que impone la agenda política, como presidente del Senado. Y tiene a su hijo, Máximo, como jefe de filas del peronismo en el Congreso, para replicar todo movimiento.
El golpe de efecto más impresionante lo dio el pasado 26 de octubre, cuando publicó una carta en sus redes sociales con el título “A diez años sin él (por Néstor Kirchner) y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”. En la carta no puede ocultar su opinión negativa sobre la marcha del gobierno que ella misma integra, aunque asegura que quien manda es el presidente. Y lanza algunos recados punzantes, como cuando habla de “funcionarios que no funcionan”, en clara referencia a la ministra de Justicia, Marcela Losardo -amiga personal y socia del presidente-, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Aunque la primera victima será María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, que en el pasado se había atrevido a hacer una sorprendente confesión: “Voy a ser sincera, me duele en el alma ir y sentarme e una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos. Robamos y esto, perdónemne que lo diga así, robamos, y no hay que robar en la política”.
La economía en situación terminal
El gobierno de Alberto Fernández heredó una situación económica realmente complicada, en la que casi el único triunfo fue renegociar la deuda con los tenedores de bonos privados (65.000 millones de dólares). En este campo el gobierno argentino logró retrasar el calendario de pagos, pero dejando una bomba de tiempo para próximos gobiernos. Y todavía está pendiente la negociación de la deuda con el FMI (44.000 millones de dólares). Pero la situación general es arrasadora. El economista argentino Guillermo Calvo, profesor de la Universidad de Columbia, le dijo a la periodista Laura Di Marco que ve a la Argentina en una situación terminal: “Yo nunca la he visto tan mal como ahora. Además, con un presidente que será muy bien intencionado, pero dice cosas que ahuyentan. Sin inversión no podemos crecer ni bajar la pobreza”. Apuntando indirectamente a las diferencias internas del gobierno, señaló que llevar adelante un ajuste, “requiere que por lo menos dentro del partido del gobierno haya cierta unidad”. Esta situación terminal que señala el economista, se ve acentuada por la falta de un verdadero programa económico. Gran parte de este año el gobierno lo pasó diciendo que desvelaría su programa después de arreglar el problema de la deuda. Ahora, el programa parece ser la improvisación, el “vamos viendo”.
Pero antes de la aparición del virus ya hubo señales de alarma. En febrero, por ejemplo, la economía ya sufrió una fuerte contracción. Los niveles de pobreza subieron un 10 % en un año y alcanzan hoy al 44,2 % de la población, que en el caso de niños y adolescentes sube al 64,1 %. Una cifra que seguramente seguirá aumentando en los próximos meses, teniendo en cuenta que el gobierno decidió suspender dos programas de ayuda que había puesto en marcha para hacer frente a la pandemia y que también se decidió descongelar las tarifas de servicios básicos. El dólar se depreció un 40 % en un año, aunque en el mercado paralelo la brecha llegó a ser del 150 % en octubre. Y en Argentina la historia dice que la suba del dólar significa aumento de la inflación y de la pobreza. La cuarentena impuesta tempranamente, con la llegada del virus, fue la más larga del mundo (“cuareterna”) y acabó con el dilema salud/economía. Según la OCDE, Argentina es el país con una caída más pronunciada del PBI y el cuarto por víctimas del coronavirus por millón de habitantes. Se está a punto de llegar a 40.000 muertos, después de que el presidente pronosticara, al comienzo de la pandemia, que si fuera Macri el presidente se llegaría a las 10.000 víctimas mortales.
“De la pobreza no se sale con el Estado y los planes (sociales), se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”, dijo recientemente Alberto Fernández. Pero las señales de desaliento a los inversores son constantes. En uno de los países del mundo con mayor número de impuestos y mayor presión fiscal, en los últimos meses se crearon 14 nuevos gravámenes, incluyendo un supuesto impuesto a la riqueza, que tiene más un componente ideológico que sentido práctico. A Argentina le falta la confianza, como queda de manifiesto que para conseguir financiamiento en dólares deba pagar el 16 %, mucho más que países que también atraviesan graves dificultades, como Perú.
Siempre a vueltas con Justicia
Pero si algo ha caracterizado este primer año de gobierno ha sido los intentos de liberar a Cristina Kirchner, sus familiares y ex funcionarios, de los rigores de la Justicia, que abrió numerosas causas en su contra. La actual vicepresidenta había dicho poco después de las elecciones del 2019 que la historia ya la había absuelto, pero es evidente que le preocupa que todavía haya causas abiertas y no entiende que la separación de poderes impide que el presidente limpie su prontuario.
En este proceso hubo victorias y derrotas. La paulatina excarcelación de todos los acusados por corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue el resultado del cambio político, con jueces militantes o atentos a la dirección del viento. El kirchnerismo avanzó en el control de la Justicia al cambiar los criterios para elegir al jefe de los fiscales (una mayoría simple del Senado, frente a la mayoría especial requerida hasta ahora), con el evidente objetivo de lograr imponer a uno propio.
Pero también sufrió derrotas. La Corte de Casación ratificó la ley del arrepentido, fundamental para mantener viva la llamada causa de los cuadernos, donde un chofer del ministerio de Planificación fue anotando día a día cómo un alto funcionario del mismo recorría empresas para recaudar sobornos, y cómo miles de dólares iban cada día a oficinas del gobierno y al domicilio particular de la entonces presidente, Cristina Kirchner.
Estos días la Corte Suprema también le dio un disgusto al oficialismo al confirmar la condena al ex vicepresidente, Amado Boudou, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra fraudulenta de la única imprenta que puede imprimir dinero en Argentina. En mayo de 2014, el ahora presidente, Alberto Fernández, publicaba en La Nación: “Todas las excusas dadas por él (Boudou) se ha ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos”. Ante la oleada de indignación con que reaccionaron en el kirchnerismo a la decisión de la Corte Suprema, el presidente mantuvo un perfil bajo. Pero su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, salió a decir: “Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte (Suprema) debía hacerse cargo de un proceso cargado de irregularidades y arbitrariedades”.
Ofensiva contra la ciudad de Buenos Aires
El presidente asumió hace un año con el discurso del diálogo y el fin de la brecha, algo que lo distinguía del talante de Cristina Kirchner. “Yo quiero ser el presidente de la escucha, del diálogo, del acuerdo para construir el país de todos”, dijo en su discurso inaugural. Pero con el tiempo también abandonó su principal característica. El último episodio que así lo demuestra es la ofensiva contra la capital argentina, la ciudad de Buenos Aires, tradicionalmente antiperonista. Su alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, presidenciable que tiene buenos resultados en las encuestas, se ha convertido en el enemigo a batir. Y la ciudad, a la que se trata de presentar como símbolo de la riqueza en detrimento de las provincias empobrecidas, ve cómo está siendo privada de fondos que le corresponden por la llamada coparticipación federal. La ciudad aporta al total de la recaudación fiscal del país un 22 %, pero solo recibe de vuelta entre el 2,5 % y el 3 %. Ahora, el gobierno quiere reducirle aún más los fondos, obligando al gobierno de la ciudad a un severo ajuste y a la suspensión de todas las obras públicas.
Mención aparte merece, en este incompleto balance, el papelón del entierro de Maradona, el ídolo popular que fue velado en la Casa Rosada en un intento de apoderarse de su figura y sacar rédito político. El bochorno que todo el mundo pudo ver por televisión, con hinchas violentos invadiendo la casa de gobierno en medio de la más absoluta improvisación, sería una imagen fiel de esta Argentina eternamente desorganizada, estridente, fanática, imprevisible y violenta, que no logra superar sus crisis.