Dicen que cada vez que alguien en política no sabe, o no quiere arreglar un problema, crea una comisión. Pero no es la única maniobra de distracción con la que cuenta un político. Con el tiempo me he dado cuenta de que la educación es otro gran argumento, muy importante pero recurrente para evitar abordar otras preocupaciones acuciantes.
En los últimos 40 años llevamos aprobadas 8 leyes educativas, es decir salimos a una ley cada 5 o 6 años. Cada gobierno que llega al poder quiere pasar a la historia por una nueva ley orgánica de educación. La UCD de Suárez aprobó su ley (LOECE), Felipe González se marcó hasta tres leyes (LODE, LOGSE y LOPEG), Aznar la LOCE, Zapatero la LOE, Rajoy la LOMCE y ahora Sánchez la LOMLOE. No hace falta ser maestrillo, para que cada gobernante quiera su librillo. Es de sobra sabido que el siguiente cambio de gobierno traerá nueva ley que llevará el nombre del ministro o ministra de turno (Maravall, Solana, Castillo, Cabrera, Wert, o Celaá).
Hubo un extraño tiempo en el que un gobierno liberal progresista empleó dos cortos años de gobierno para que un tal Alonso Martínez, que hoy tiene plaza y estación de metro en Madrid, preparase un proyecto de Ley de Instrucción Pública, que terminó siendo aprobado por el gobierno siguiente, nacido del golpe de Estado de O´Donnell contra Espartero. Dicho de otra manera, un gobierno conservador de los moderados aprobó en 1857 una ley diseñada por los progresistas. Una ley que se quedó con el nombre del ministro de turno, que esta costumbre no ha cambiado mucho y pasó a la historia como Ley Moyano.
La Ley Moyano perduró durante más de 110 años, hasta la Ley General de Educación de 1970, con retoques, como es lógico, pero atravesando una revolución Gloriosa, numerosos turnos de poder entre conservadores y liberales, dos Repúblicas y varias dictaduras y dictablandas, aunque eso no quiera decir que coincidieran en los objetivos, las inversiones, o el impulso que dieron a la educación, pero sí, al menos, en el marco en el que se desarrollaba el sistema educativo.
El secreto de su aprobación debió ser la urgencia de los liberales de uno u otro bando, más o menos conservadores, de responder a la necesidad de modernizar el país y formar a una nueva ciudadanía era algo imprescindible, una responsabilidad del Estado. La ley Moyano crea colegios gratuitos en todos los municipios de España, institutos de bachillerato, apunta a la necesaria formación del profesorado en escuelas normales de magisterio y crea las universidades públicas. La enseñanza privada no se prohíbe y goza de la consideración del Estado, pero eso es todo.
No se nos ocurriría que el Estado, vuestro Estado, con vuestro dinero, financiase “mi derecho” a suscribir un seguro sanitario privado, o que me pagase un fondo de pensiones privado, la vivienda que a mí me guste, o la residencia de mayores que yo prefiera y, sin embargo, se paga la enseñanza privada en lugares donde hay recursos públicos educativos sobrantes.
Los centros educativos privados dependientes generalmente de órdenes religiosas siempre existieron con sus propios recursos. En ellos se formaban las élites de la restauración monárquica y luego de la dictadura. Fueron las insuficiencias educativas del franquismo las que dieron lugar a los colegios subvencionados en los barrios obreros de grandes ciudades, donde habían ido llegando millones de personas inmigrantes procedentes de los rincones más olvidados de España.
La denominada ley Celaá puede ser criticada por ser una ley más en este marasmo de leyes y contra-leyes educativas, pero no merece la sarta de despropósitos con el que la obsequia la derechona entregada a sacar cantares sobre las clases de religión en un Estado aconfesional, o exigir el carácter vehicular del castellano en un país donde, como bien nos enseñó Gabriel Aresti,
-Sólo es español quien sabe las cuatro lenguas de España,
Cantares sobre el final de la educación especial en un país paradójicamente especializado en expulsar de las aulas al alumnado con necesidades educativas especiales, cuando toda Europa apuesta por una educación inclusiva, de calidad, que integre en centros ordinarios a un mayor número de estos alumnos y alumnas y eso no supone acabar con los centros de educación especial.
O entonar cantos sobre la libertad de elección de centro privado, financiado con fondos públicos, por supuesto. Nadie pretende acabar con los centros privados, concertados o no, pero sí acabar con el derroche de esos cientos de miles de euros pagados al mano derecha (o izquierda) de Aguirre, el consejero Granados, por promotores de nuevos colegios privados con concierto asegurado de antemano en lugares como la Comunidad de Madrid.
No sé si es hora de que los progresistas elaboren una ley que luego sea respetada por los conservadores, pero parece evidente que no podemos continuar con la conversión de la educación en negocio, ni con el baile de normas educativas, jugando a la soga, al tira y afloja, a jalar la cuerda, al sogatira, en mitad de la pradera de España, para que los niños aprendan desde chiquitos que esto de ser español consiste en aprender la historia interminable de empuñar el garrote.