La CEOE se perfila como el mayor enemigo de los empleados públicos. Mucho me temo que pretenden asaltar la función pública (y con ello la vida de sus empleados) para ir privatizando cada departamento, sección, negociado…
Algo que no debe extrañarnos en una organización rémora para la economía y refugio del fraude fiscal.
Así, hace unos días, el actual presidente rebuznó de nuevo contra los trabajadores públicos pidiendo que se vayan a casa “con un subsidio para no gastar papel y teléfono”.
Algo que no debe extrañarnos, pues posiblemente este individuo ha lanzado un globo sonda sobre los propósitos del actual Gobierno. Es decir, trocear poco a poco la Administración para entregarla en manos de “empresarios” (es un decir) y que, de este modo, los “empresarios” puedan mantener un tren de vida que les niega su falta de talento e innovación.
Por cierto, el anterior presidente de esta nociva organización está en la cárcel y el vicepresidente actual investigado por presuntos pagos en negro que, de resultar probados, conllevarían la comisión de delitos societarios, fiscal y contra los derechos de los trabajadores.
La gran empresa española, una lacra subvencionada que apenas genera empleo… y defrauda a gran escala
Como ya hemos comprobado las declaraciones e intenciones del alto sector empresarial constituyen una auténtica declaración de guerra contra los funcionarios.
Negarlo equivaldría a esconder la cabeza en la tierra al modo de los avestruces. Desgraciadamente, los empleados de la Administración no terminan de hacerse eco de la guerra abierta y sucia que una parte del gran capital les ha declarado.
Pero tan nocivo como lo anterior es el hecho de que, en nuestra nación, los grandes empresarios han constituido, en general, una insufrible lacra. La historia está ahí, para quien quiera consultarla. Comparar la gran empresa española con sus homólogos alemanes, franceses o ingleses solo provoca sonrojo y asco. Se autodenominan liberales, pero solo para exigir menos regulación y control en sus actividades.
“Curiosamente”, su liberalismo se volatiliza a la hora de exigir millones de euros en subvenciones y regalos fiscales… ¡qué grandes empresarios los que necesitan del dinero público para sacar adelante sus empresas privadas!
Y la desfachatez no decrece, al contrario: además de lo anterior, constantemente reclaman nuevos regalos fiscales, así como regulación (ahora sí) de precios que les permita competir con las mercancías importadas.
De este modo, los presupuestos generales del Estado han llegado a asignar más de 30.000 millones de euros /año (sí, han leído bien, más de 30.000 millones / año) en subvenciones al sector empresarial privado.
Miles de millones que no sirven para generar empleo (el porcentaje de empleo creado por las grandes empresas, como veremos, resulta irrisorio, casi residual) y que se arrancan de las nóminas de los empleados públicos, las medicinas de los pensionistas, las becas escolares, la calidad educativa, los servicios de extinción de incendios, las pensiones, la dependencia, la innovación, la investigación científica… Por si lo anterior no bastara, exigen constantes rebajas de impuestos: los suyos.
Un fraude empresarial por encima de nuestras posibilidades
Los datos que a continuación expongo resultan intolerables
Según evidencia GESTHA (Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda) el fraude fiscal en nuestro país se sitúa en torno a los 90.000 millones de euros/año (han vuelto a leer bien, y en esta ocasión lo reproduciré en letra: noventa mil millones de euros al año).
La cifra se obtiene mediante un sencillo cálculo entre el porcentaje de “presión” fiscal y el PIB.
Pues bien, aproximadamente el 75% de ese de fraude, como sigue informando GESTHA, lo perpetran empresas agrupadas en la CEOE.
La cifra de robo a las arcas públicas es tan mareante (15.000.000.000.000 de las antiguas pesetas. En letras: quince millones de millones) que su magnitud, al igual que las distancias del universo, solo puede entenderse mediante ejemplos. Veamos…
Un fraude equivalente a más de sesenta veces el presupuesto total del Ministerio de Justicia
El presupuesto total del Ministerio de Justicia se aproxima a los 1.500 millones de euros al año. O, dicho de otro modo, la ratería empresarial de las arcas públicas equivale a más de sesenta veces el presupuesto de dicho Ministerio.
En otras palabras, quienes arremeten contra “el inasumible gasto de funcionarios”, “los privilegios de los empleados públicos” y demás salmodias del catecismo neocon, son responsables, por activa o pasiva, de un agujero negro fiscal que nos obliga a emitir deuda pública para financiar los servicios públicos. Algo que no sería necesario si esos mismos sujetos cumplieran con sus obligaciones tributarias. Y eso a pesar de que la normativa tributaria es increíblemente benévola con las grandes empresas y fortunas, como veremos en breve.
Esa deuda pública, en gran parte consecuencia del fraude de las grandes empresas, se pagará luego con intereses, lo que nos sitúa ante el “acoso de los mercados” y obliga a los “dolorosos recortes” y “ajustes duros pero necesarios” pues “no queda otra” y “es lo que hay”… ¿cabe mayor desvergüenza?