La limitada presencia del medioambiente en los textos constitucionales de la mayoría de los países, por irrelevante para el común de la clase política a lo largo del siglo XX, no habría de suponer ninguna prevención a la hora de abordar un radical cambio de jerarquías en una imprescindible actualización de las “leyes de leyes” en consonancia con los retos que habrá de abordar la gobernanza global en la presente centuria.
Los legisladores acostumbran a poner el foco de sus preocupaciones inmediatas en las llamadas pulsiones sociales. La ciudadanía tiende a compartir prioridades en función de los tiempos, de los entornos y de las necesidades, y estas se hacen visibles casi a diario en una incesante lluvia de estudios sociológicos de todo pelaje, a los cuales son absolutamente permeables las organizaciones políticas, los gobiernos de turno y las instituciones de todo tipo que articulan la estructura de un Estado.
Son las carencias de derechos, o los miedos a verse privados de ellos, los vectores que determinan los estados de ánimo colectivos en sus exigencias de respuestas a los políticos de turno. Así vemos como en nuestro país, esos estados de ánimo han sido condicionados en según qué etapas a lo largo de los últimos cuarenta años por realidades tan abrumadoras como el golpismo, el terrorismo, el paro o la corrupción, o articulados en torno a la demanda de derechos como la salud, la educación o la igualdad.
La sociedad se moviliza en cada momento espoleada por el riesgo de perder o ver menoscabado algo que ya tiene, es muy difícil que en el imaginario de la ciudadanía calen preocupaciones respecto a amenazas que se ven como abstractas o lejanas. Como mucho podría ser posible alcanzar demostraciones solidarias de orden ético o moral que se convierten en emplazamientos hechos a una clase política indeterminada, pero que difícilmente llegan a condicionar la intención de voto de cara a unas elecciones locales, autonómicas o generales.
¿Son asuntos menores el drama del hambre en el mundo, la tragedia de las guerras, la aberración de la esclavitud de género o de clase, o el sufrimiento de los millones de desplazados que se ven empujados a huir de tales plagas? En absoluto. Son hoy, sin duda, las mayores lacras globales que golpean a la humanidad en su conjunto. ¿Figuran sin embargo en el “top ten” de la lista de asuntos que abordarán los partidos políticos en la campaña que se nos avecina? Habrá que esperar a ver los programas electorales, pero me atrevo a asegurar que serán otros los afanes que articulen sus propuestas.
En consecuencia, ¿por qué el medioambiente no abre los discursos de campaña, centra los mensajes de los líderes políticos, o destaca en el océano de debates que siembran los quince días que preceden a la jornada electoral? Pues porque el ciudadano ni siquiera se plantea la hipótesis de perder la tierra, el agua o el aire que le dan vida. Cierto si que el derecho a la vida está presente en nuestra Carta Magna, pero no como un blindaje legal frente a los riesgos ambientales, sino como un bien principal a preservar contra la violencia.
Ha llegado el momento de tomar conciencia de una realidad científicamente demostrada: el suelo que pisamos, el agua que bebemos, y el aire que respiramos, están en peligro, y con ello lo están nuestra propia vida y las de nuestros descendientes. Estamos a punto de perder el derecho a la sostenibilidad, si no lo hemos perdido ya ¿Hay algo más importante que escribir en una Constitución?