viernes. 29.03.2024

Negociar y negociar, en medio del Estado de alarma

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El Presidente del gobierno ha logrado, en el ultimo momento y por los pelos, la aprobación de la cuarta prorroga del estado de alarma. Que en el debate parlamentario la actitud de la derecha y de la extrema derecha nuevamente haya sido inaceptable, no puede ser óbice para que desde la izquierda hagamos alguna reflexión sobre cuales están siendo las actitudes del gobierno en estas últimas semanas, que en cualquier caso son bien distintas a las medidas que en el año 2008 y siguientes adopto el gobierno de Rodríguez Zapatero y sobre todo las que estableció el gobierno del PP desde diciembre del 2011.

Es cierto que la situación creada con la pandemia es excepcional, inédita, difícilmente manejable y nada predecible a corto plazo. Razones suficientes para otorgar un amplio respaldo político al gobierno de España. Pero dicho esto, es precisamente en situaciones de emergencia cuando mas cuidadoso y respetuoso se debe ser con la legalidad democrática y con el modelo constitucional.

Cuando se tiene un frágil y ajustadísimo sustento parlamentario, se impone el negociar, negociar, negociar, aunque sea con esta extremista oposición que tenemos

Nuestra Constitución diseñó un modelo de estado complejo, en muchos aspectos con cuestiones poco definidas, innovador y sin precedentes en nuestra historia; lo que hemos denominado el “Estado de las Autonomías”. Sin duda era una buena respuesta para resolver un conflicto que arrastrábamos desde hacía siglos y que había lastrado la cohesión, la solidaridad, la convivencia entre quienes formamos parte de España. Por ese carácter novedoso, albergaba interrogantes que solo fueron apareciendo con claridad, a medida que avanzamos en el rodaje de la democracia. Pero la Constitución sí dejaba claro que la cooperación, la coordinación, la corresponsabilidad, lo que hoy se llama “cogobernanza”, era el principio básico del funcionamiento del nuevo estado.

Desde 1978 hasta hoy, ha sido permanente la tensión explicita o implícita, entre las tendencias centralizadoras de la Administración General del Estado, tanto con gobiernos de UCD, PSOE, PP, y las aspiraciones cada vez mas intensas al autogobierno de las Comunidades Autónomas, por supuesto con sensibles diferencias entre unas y otras. Es evidente que el proceso descentralizador ha sido relativamente rápido y muy amplio, como también hay que señalar que el Tribunal Constitucional paulatinamente ha ido dando pasos en una interpretación cada vez más flexible y abierta de la distribución competencial, salvo alguna excepción.

Sin embargo, las actitudes de los diversos gobiernos de España a menudo han sido poco respetuosas con esos mandatos constitucionales, salvo cuando necesitaban el apoyo parlamentario de las minorías nacionalistas. Valga como significativa muestran la “Conferencia de Presidentes”, establecida en el año 2004, veinticinco años largos más tarde de la aprobación de la Constitución y que en los casi dieciséis años de vida se ha reunido solamente seis veces, es decir una media de algo más de dos años, habiendo sido sus dos últimas reuniones en octubre del 2012 y en enero del 2017. Quiere esto decir que, en los dos meses de estado de alarma, el Presidente del Gobierno se ha reunido con los Presidentes autonómicos mas veces que en los casi cuarenta y dos años de democracia y los dieciséis años de existencia de la Conferencia de Presidentes.

Esto es sencillamente un intolerable desprecio a nuestro modelo constitucional.

Hay un segundo aspecto ligado con lo anterior. A pesar de que las normas de confinamiento no favorecen la dinámica participativa de las reuniones celebradas por video conferencia entre los Presidentes, estas no pueden convertirse en una mera sesión informativa por parte del Presidente del gobierno de España a sus homólogos autonómicos, desdibujando su carácter deliberativo y sobre todo negociador. Pedro Sánchez no puede ir “a contar” lo que está haciendo y va a hacer el gobierno de España, para que se den por enterados y en el mejor de los casos aceptar alguna sugerencia o propuesta de las Comunidades Autónomas. Las urgencias de la situación, la necesidad de ir tomando medidas a veces sobre la marcha, no pueden justificar esa actitud con rasgos prepotentes, que ni siquiera gustan, aunque se aguanten, a la mayoría de los presidentes autonómicos socialistas. 

Es verdad que el estado de alarma confiere poderes de dirección especial al gobierno de España, a la hora de diseñar e impulsar las medidas contra la pandemia, pero ello no deja en suspenso ni altera las competencias de gestión de las Comunidades Autónomas en materias tan trascendentales como sanidad, servicios sociales, educación, política fiscal, inclusión social, etc.

En lo que se refiere al segundo nivel de los gobiernos, Ministras y Ministros, Consejeros y Consejeras, sin duda está habiendo muchas más reuniones por video conferencia que las esporádicas Conferencias Sectoriales o el Consejo Interterritorial de Salud, pero con parecidas actitudes. Desde Madrid se comunican las medidas y se ofrece estudiar y en su caso tomar en cuenta las propuestas que se hagan llegar. Eso no es negociar.

Y mientras, el Senado continua en modo “avión”, esperando que algún día algún gobierno se decida por fin a hacer una reforma convirtiéndolo en la auténtica Cámara Autonómica.

Y así hasta que Pedro Sánchez ha visto las orejas al lobo y el riesgo de no sacar adelante la aprobación de la cuarta prorroga.

Las ministras y ministros que habitualmente comparecen en las ruedas de prensa, con intervenciones cada vez más soporíferas y más parecidas a sermones, tocaron a arrebato.

Sinceramente no estoy en condiciones de tener una posición rigurosa y bien justificada a favor de la cuarta prorroga, como desde luego no sé si había fórmulas alternativas más flexibles. El debate parlamentario entre una derecha cerril, los independentistas catalanes a lo suyo y un Presidente de Gobierno a la defensiva, no ha ayudado a despejar esas incógnitas. A su vez el Ministro de Sanidad, en una dificilísima e ingrata tarea, cada vez esta más “robotizado” y tampoco es capaz de presentar argumentos sólidos, más allá de ideas genéricas.

Aprisa y corriendo el Presidente y algunas de sus ministras y ministros se pusieron a negociar con quienes in extremis podían garantizar la aprobación de la prórroga. Una negociación también bastante opaca, que a la propia Inés Arrimadas (cuya actitud hay que aplaudir) le puede costar algún disgusto. El único que en todo momento ha sido claro y coherente, una vez más, ha sido el Presidente Urkullu, criticando, presionando y negociando, desde el sentido común y la defensa de sus competencias constitucionales.

No quiero sumarme a la implacable y demagógica campaña de la derecha política, económica y mediática, contra Pedro Sánchez, el gobierno de coalición progresista y también contra Pablo Iglesias. No puedo ni pensar como estaríamos si el presidente del gobierno fuera Pablo Casado. Pero no podemos caer en el cheque en blanco a nuestro gobierno. El deterioro político que esta sufriendo y el que va a sufrir en los próximos meses, es muy alto. Va a tener que afrontar medidas muy difíciles para la salida de la crisis. Y a la vez van a seguir presentes todos los problemas que había en España en febrero de este año.

Por ello es fundamental que nuestro gobierno corrija a fondo actitudes, la mayoría de ellas arrastradas desde hace muchos años, que además de no ser adecuadas a nuestro modelo constitucional, socavan día a día la fuerza de Pedro Sánchez y de la coalición gubernamental. Y aprender de una vez por todas que cuando se tiene un frágil y ajustadísimo sustento parlamentario, se impone el negociar, negociar, negociar, aunque sea con esta extremista oposición que tenemos.

Negociar y negociar, en medio del Estado de alarma