En estas semanas preelectorales, esta siendo un tema recurrente el futuro de nuestro sistema público de pensiones y en especial las referencias a la llamada “hucha de las pensiones”. Llama la atención el poco rigor con el que la mayoría de los dirigentes políticos se están refiriendo a ello, siguiendo de manera irreflexiva los comentarios y artículos que aparecen en los medios de comunicación, casi todos en la misma línea alarmista, frecuente desde 1978 (en que nuestra Constitución reconoció el sistema público de Seguridad Social) y con intereses muy acordes con los del sector financiero.
Pero lo que resulta impresentable son las alusiones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, rebautizado como “Hucha de las pensiones”. No es tan solo lo inapropiado del término, es que revela un profundo desconocimiento del modelo de sistema de pensiones que tenemos.
Nuestro sistema de pensiones es de “reparto”, es decir que el pago de las pensiones contributivas en vigor, se financia con los ingresos de los actuales activos, salvo los complementos que garantizan unas cuantías mínimas para las pensiones mas bajas, que dado su carácter de solidaridad y redistribución social, se pagan por cuenta de los impuestos generales. Y en ese marco ¿qué es y para qué sirve el Fondo de Reserva?
Es un Fondo creado al principio del siglo XXI, en un periodo de altos ingresos por cotizaciones, dado los buenos niveles de empleo y aceptables salarios existentes en esos años, que generaba un cierto superávit de la Seguridad Social. Un Fondo destinado a hacer frente a coyunturas desfavorables, en que cayera el empleo y/o los salarios, y hubiera dificultades para financiar la totalidad de las pensiones. Cuando se creó, se pensaba en periodos cortos de crisis económica, como los vividos entre 1992 y 1995 o a principios de los años 80 del siglo XX. Por tanto no tiene nada de “hucha”, en todo caso es una especie de “fondo de maniobra coyuntural”.
El Fondo de reserva esta sometido a rígidos controles y su gestión esta muy reglamentada para su utilización por los poderes públicos, tanto en la aplicación al pago de las pensiones, como a la hora de invertir una parte o la mayoría del mismo en inversiones, para evitar que sean de riesgo o especulativas. Por ello resulta, en mi opinión, una frivolidad atacar, por meros intereses partidistas y electorales del momento, al actual gobierno por el supuesto “despilfarro” del Fondo. Hay otros muchos y más importantes motivos de crítica al PP, pero lo ocurrido en los últimos años con el Fondo de Reserva no hubiera sido muy distinto de gobernar la izquierda. Cuestión muy distinta es criticar determinadas medidas adoptadas por el gobierno en materia de cotizaciones, o su pasividad para afrontar medidas para mejorar el sistema de ingresos y gastos de la Seguridad Social, que inevitablemente han obligado a utilizar más el Fondo de Reserva.
Quien haya leído hasta aquí, puede preguntarse a qué viene esa disquisición, aparentemente bizantina, sobre lo inapropiado de considerar el Fondo de Reserva como “la hucha de las pensiones”.
Estaríamos apañados si el futuro de las pensiones dependiera de esta u otra hucha. El futuro de las pensiones, depende, sobre todo, de unos saneados ingresos como resultado de un elevado nivel de empleo y de unos salarios razonables, dos factores que hoy no se dan por mucho triunfalismo que quiera transmitir Rajoy, y de un adecuado diseño de las prestaciones.
Habitualmente cuando se habla de garantizar el futuro de las pensiones solo se hacen referencias al ajuste del gasto y no a la mejora de los ingresos. Es cierto que la clave de la sostenibilidad esta en mas empleo y mejores salarios, pero también hay otros instrumentos para mejorar los ingresos. En primer lugar, revisando el sistema de cotizaciones actual, por el que, más allá de las diferencias en las cuantías de los salarios, pagan lo mismo las empresas con elevada productividad y elevados beneficios que las pequeñas empresas con muy ajustada o nula rentabilidad. Que tengan los mismos tipos de cotización una peluquería, un bar o un taller que Zara o el Banco de Santander no parece razonable, aunque comprendo que políticamente es difícil modular los tipos de cotización empresariales de esta froma, sin que la CEOE le declare la guerra al gobierno.
Hay un segundo margen de maniobra en materia de ingresos, al menos a medio plazo, como es el combate articulado (Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Tesorería de la Seguridad Social) contra la economía sumergida en sus múltiples formulaciones. Soy consciente de que la economía irregular no tiene fácil erradicación, pero entre hacerla desaparecer y resignarnos a vivir con un 20-25% del PIB en el mercado negro, hay un termino medio, que podía beneficiar de manera sustancial a los ingresos de la Seguridad Social.
Por ultimo, habría que revisar la amplia gama de bonificaciones, desgravaciones y exenciones de cotizaciones e impuestos que lastra nuestro sistema de cotizaciones y fiscal, y cuyos “efectos milagrosos” en la creación de empleo hasta ahora no se han demostrado de manera fehaciente.
Por tanto margen para mejorar los ingresos, haberlo, haylo.
En lo que se refiere a los gastos, un gobierno decidido políticamente y con buena interlocución social, debería afrontar una reforma en el diseño de nuestro sistema de protección social, diferenciando claramente las prestaciones sociales relacionadas con el trabajo (pensiones de jubilación e invalidez y bajas de Incapacidad Transitoria), de lo que en realidad son prestaciones de apoyo a las familias (pensiones de viudedad, orfandad y prestaciones por hijo a cargo). Las primeras deberían seguir financiadas con cotizaciones, las segundas pasar a pagarse con impuestos generales.
Es cierto que una reforma de este calado, incluyendo un replanteamiento a medio plazo del actual modelo de pensiones de viudedad, pone lo pelos de punta a cualquier gobierno y hace frotarse las manos a cualquier oposición irresponsable, pero algún día habrá que afrontarlo, con periodos de transición adecuados y sobre todo con buena comunicación y relación con los sindicatos y organizaciones sociales implicadas.
Diferenciar conceptual, jurídica y financieramente pensiones de jubilación e invalidez y el resto de las actuales prestaciones económicas de la Seguridad Social, consolidaría por muchos años la financiación de las pensiones de jubilación e invalidez. Y las demás prestaciones económicas, con los rediseños oportunos, podrían financiarse por los impuestos generales, al igual que la dependencia, la sanidad, la educación o los servicios sociales de atención primaria.
Una reforma de estas características de nuestro sistema de protección social requiere negociación política, dialogo social, buena comunicación, transparencia y periodos de implantación bien medidos y desde luego aguantar las tremendas ofensivas que lanzarían los sectores financieros, al ver reducidas sus expectativas de negocio con un sistema privado de pensiones que, desaparecidas las amenazas catastrofistas sobre las pensiones públicas, tendrían muchos menores alicientes para la mayoría de la población.
Para todo ello resulta imprescindible un debate riguroso y abandonar las simplezas o la demagogia, como es el caso de la “hucha de las pensiones”.