Continúa el debate sobre los efectos adversos de la vacuna Astra Zeneca y Janssen, pero tan excepcionales que en ningún caso deberían haber alterado ni paralizado su administración, todo por una mala comunicación y el efecto dominó del miedo entre los gobiernos más que entre los ciudadanos. Ahora se especula si retrasar la segunda dosis de las vacunas para lograr adelantar la inmunidad, aunque sea parcial, de los grupos de edad y los colectivos más vulnerables, aunque por suerte no cuenta con el apoyo de la Agencia europea ni del gobierno español.
Porque se habría podido y se puede continuar con la investigación de la generación de trombos para adecuar el tratamiento en los contados casos en que estos se puedan dar, sin por ello alterar el calendario y la estrategia aprobados. El riesgo de efectos adversos de las vacunas es mínimo y sin embargo el efecto de la pandemia sigue siendo muy grande, en particular entre los mayores y los que sufren patologías de riesgo.
En definitiva, no hay ninguna razón para interrumpir la vacunación por los esporádicos y rarísimos casos de trombosis con trombocitopenia ocurridos con las vacunas de Astra Zeneca y Jansen ni para combinar una segunda dosis de una vacuna diferente con efectos inmunitarios desconocidos y aún en estudio. Tampoco para dilatar los plazos de la segunda dosis al margen de las propias indicaciones de las respectivas vacunas y cuando su disponibilidad se incrementa progresivamente, con lo que no parece difícil el cumplimiento de los objetivos fijados para este verano, gracias por otra parte a la excelente organización de la vacunación en España, que como ya es habitual en la infodemia no ha obtenido unos elogios siquiera equiparables a las duras e injustas críticas soportadas debidas a la lentitud de su comienzo, sobre todo por el incumplimiento de los contratos por parte de las compañías con la Comisión Europea. Esperemos que la EMA lo confirme y que la Unión Europea garantice el necesario incremento de la producción y la disponibilidad de las mismas. La vacunación en España va bien, gracias.
Sin embargo, mientras los países desarrollados avanzamos en la inmunidad, los países empobrecidos, algunos de ellos con una alta incidencia y mortalidad, están en niveles de vacunación de mínimos, incluso bajo mínimos, todo como consecuencia del impacto de las noticias de los efectos adversos de Astra Zeneca, que es la parte fundamental del programa covax, sobre importantes sectores de población de estos países que desconfían y la rechazan. Por eso, si no se cambia la dinámica de mercado, que por ahora tampoco palia la geopolítica, no llegará la inmunidad de grupo hasta 2024, como pronto. Urgen, por tanto, medidas decididas que aumenten la producción y distribución de las vacunas para agilizar la inmunidad global, como son la suspensión de la propiedad intelectual o medidas efectivas para garantizar una producción y distribución masivas.
Ninguna ley de salud pública puede limitar derechos fundamentales de grandes colectivos, al margen del estado de alarma en su capítulo dedicado a epidemias
Continúa también en España el ruido sobre la continuidad del estado de alarma y la viabilidad del llamado planB. Llama la atención que por parte de la derecha ahora se pida lo que antes se consideró poco menos que un golpe de estado por oscuros designios eugenésicas de los social-comunistas, como también resulta contradictorio que se atribuya a Madrid una alta incidencia que no se acaba de doblegar a consecuencia de los incumplimientos de las actuaciones coordinadas, y al tiempo su presidenta pretenda controlar la fase final de la pandemia una vez fuera del estado de alarma, solo con la legislación ordinaria, pero sin voluntad alguna de coordinación, manteniendo el toque de queda o las limitaciones en los aforos.
Porque el llamado plan B ya existe en la legislación de medidas especiales, de salud pública y en la ley de cohesión. Lo que tampoco se da es la posibilidad de limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos fuera de la declaración de estado de alarma, como al parecer quieren el PP y algunos presidentes de CCAA. Tal cosa no sería constitucional.
En todo caso, ninguna ley de salud pública puede limitar derechos fundamentales de grandes colectivos, al margen del estado de alarma en su capítulo dedicado a epidemias. Éstas no incluyen los cierres perimetrales de ámbito autonómico ni los llamados toques de queda generalizados ni las limitaciones al derecho de reunión.
A pesar de todo ello, las encuestas de opinión y el mismo CIS siguen mostrando que las elecciones madrileñas parecen un asunto exclusivo entre las derechas para acabar con el espejismo del centro y dirimir su refundación en clave trumpista en o con la extrema derecha. Resulta sorprendente que con los juicios en marcha al PP por corrupción y por la trama de las cloacas del ministerio de interior y con su gestión populista de la pandemia desbocada, la candidata Ayuso mantenga un apoyo tan mayoritario en su plebiscito particular frente al gobierno de coalición de izquierdas.
Se pone en evidencia además que su carácter de elecciones para la refundación de la derecha, éstas se producen en un momento complicado para la izquierda, que todavía aparece gestionando las medidas restrictivas de la pandemia, mientras la derecha ha logrado eludir dar cuentas de su mala gestión sanitaria envuelta en la bandera de la libertad de consumo en la hostelería. La pelea con Sánchez que sí le interesa.
Parecería que a pesar de ello, al igual que las elecciones autonómicas gallegas, vascas y catalanas, las ganará de nuevo quien encabeza el gobierno correspondiente. Si además el ambiente es de expectativa cercana de recuperación de la normalidad, los heraldos de la salud pública y las restricciones parten en desventaja, sobre todo si no logran desembarazarse del sambenito de haber urdido una moción de censura para sustituir al gobierno junto con Ciudadanos desencadenando la convocatoria electoral.
El 4M aparece más como plebiscito de Ayuso frente a las restricciones de salud pública del gobierno central, que sobre la propia gestión del gobierno de Madrid
El cuatro de Mayo aparece más como plebiscito de Ayuso frente a las restricciones de salud pública del gobierno central, que sobre la propia gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid. En todo caso, sorprende el nivel de improvisación y la ausencia de crítica y alternativas creíbles en estos primeros pasos de la campaña electoral. La sobreexplotación y la sobreactuación de la presidenta se convierten en sus mayores riesgos en la campaña, con polémicas extravagantes como la relativa a la vacuna rusa o sus críticas clasistas a la pobreza y las colas del hambre como subvencionados y mantenidos, aparte de la ocupación del espacio de su potencial aliado de la extrema derecha. Así, la sobreactuación narcisista de Ayuso y un exceso de ambición con el consiguiente desplome de Vox podrían dar otro resultado.
Llama la atención también más que la seriedad y la moderación, el centrismo prácticamente sin electorado de centro del PSOE como consecuencia de la polarización política, y las dificultades de movilización del electorado por parte del conjunto de las izquierdas, a pesar de la candidatura del ex vicepresidente Pablo Iglesias y de la buena imagen de oposición lograda por Mónica García.
La buena noticia es que movilizar el voto aún es posible, porque ninguno se va a perder con el sistema electoral proporcional y las expectativas de resultados se encuentran claramente por encima del umbral del cinco por ciento. Se demuestra que no hay problema en la pluralidad de la izquierda, si ésta no aparece como un obstáculo para entenderse y para gobernar.
Queda tiempo pues, para introducir el debate social, la ingeniería fiscal y la corrupción, así como la gestión concreta de la pandemia por parte del gobierno de Madrid, y ante todo la crítica a la incapacidad de la candidata Ayuso para gobernar por la incapacidad de las derechas para entenderse.