Reconocer el derecho a la asociación sindical de las prostitutas no legitima la libertad de comprar o vender el cuerpo de las mujeres, sino la defensa de las mujeres prostitutas contra los delincuentes
En un tema con tantas aristas como el de la prostitución resulta muy difícil no tener interrogantes y dudas; aun así, se pueden distinguir terrenos y niveles en los que es más fácil tener algunas ideas claras. En un debate público tan controvertido, debería prestarse especial cuidado en exponer los argumentos sin confundir las legítimas diferencias de pareceres con imperdonables faltas morales o ausencia de valores y principios en los que piensan de manera diferente. Cuando alguien se siente poseedor de infinitas razones para sustentar sus ideas o considera que sus principios y posiciones son los único legítimos podrá pontificar, pero difícilmente puede participar en un diálogo constructivo, escuchar otros argumentos o desarrollar su capacidad de matizar o corregir lo que piensa.
Todo esto viene a cuento del dilema de la ministra de Trabajo. Así se puede resumir lo sucedido: un grupo de mujeres decide constituir un sindicato de prostitutas o trabajadoras sexuales (OTRAS), comunica su decisión a la administración y deposita los estatutos de su organización, tal y como establece el RD 416/2015. La administración aprecia el cumplimiento de todos los requisitos exigidos y finaliza el procedimiento con la correspondiente publicación en el BOE. Un mes después entra en juego la ministra y muestra su rechazo a la autorización, no porque se hayan cometido irregularidades o incumplido las correspondientes normas legales, sino por consideraciones políticas y morales. Supongo que también por un cálculo de los impactos que tendría la autorización definitiva del sindicato OTRAS sobre parte de la opinión pública (y del electorado), al dar pie a una confusión interesada de la autorización administrativa de inscripción de una asociación sindical de prostitutas con una legalización indirecta o encubierta de la prostitución. En consecuencia, anuncia su decisión de anular la decisión y solicita para ello el asesoramiento de la Abogacía del Estado para sustentarla en una más que discutible consideración de la prostitución como una “actividad ilegal”. A los pocos días, la ministra se deshace de la directora general a la que considera responsable del gol que, dice, le han metido.
Hasta aquí, las cosas me parecen claras. La autorización de la inscripción de OTRAS como sindicato y su publicación en el BOE se ha hecho en cumplimiento estricto de la normativa legal existentes y extendía el derecho de asociación sindical a un colectivo, las prostitutas, que no lo tenía y que, si todo sale como la ministra desea, seguirá sin tenerlo. El reconocimiento del derecho de asociación sindical no puede interpretarse, en ningún caso, como legalización indirecta o justificación de la prostitución ni, mucho menos, de los delitos asociados de trata de personas, abusos, proxenitismo u otros, que seguirían estando tipificados legalmente como hasta ahora. Y que, por cierto, debería llevar a todas las personas que odian la prostitución (no a las mujeres prostitutas) a plantear mayores exigencias a autoridades y policías en el cumplimiento de sus obligaciones de investigación, arresto y puesta a disposición judicial de los delincuentes, en lugar de poner tanto celo en el acoso y la sanción de las prostitutas.
El no reconocimiento del derecho a organizarse como sindicato y disponer de una nueva herramienta para denunciar y mejor defenderse de proxenetas y demás delincuentes en nada puede aliviar los riesgos, abusos y explotación que sufren las prostitutas. Y en nada podrá ayudar a los abolicionistas a conseguir su objetivo. Porque cerrar los ojos ante la realidad, como han hecho hasta ahora los sucesivos gobiernos y mayorías parlamentarias, o impedir la extensión de un derecho, como quiere hacer la ministra, no tiene nada que ver con abolir la prostitución ni con legalizarla o justificar su existencia. Por mucho que haya muchos interesados en confundir las cosas.
A partir del momento en el que la ministra muestra su decisión de anular la autorización del nuevo sindicato, comienza un baile de disfraces para respaldar la eliminación del derecho de asociación sindical de las mujeres prostitutas. Y se traslada el dilema concreto que está encima de la mesa, el del reconocimiento de un derecho o su anulación, a un debate general de principios, valores y estrategias en el que existen posiciones muy diversas en la sociedad, en las fuerzas políticas y sindicales de carácter progresista y en el propio movimiento feminista.
El debate se ha llenado rápidamente de ruidos y furia. Y de comentarios y artículos que defienden posiciones políticas, teorías y criterios morales que sirven de justificación para anular o conseguir un derecho. Porque de eso se trata, efectivamente, de anular el derecho de asociación sindical que asiste a las mujeres prostitutas. Ni más ni menos. Por mucho que el debate se eleve a la estratosfera de los principios y las teorías o desmenuce las discutidas ventajas de la abolición, el problema seguirá estando en el mismo sitio: se reconoce el derecho de asociación sindical de las mujeres prostitutas o se niega. Antes y después de esa decisión, seguirá pendiente un debate social inacabado y, en gran parte, inacabable que seguirá cargado de dudas, interrogantes y diferencias. Hasta que, algún día, políticos y autoridades responsables tomen decisiones para superar la actual situación de alegalidad de la prostitución y su derivada real: una indefensión que facilita los abusos, la violencia y la explotación que sufren hoy las prostitutas y que han sufrido siempre.
Abolir la prostitución sobre el papel o con una norma legal puede ser relativamente fácil, pero erradicarla de las calles, polígonos, hoteles, clubes, plataformas digitales o costumbres machistas no parece tarea tan sencilla ni rápida. Escudarse en los planteamientos o principios abolicionistas para justificar la anulación de un derecho no parece una opción razonable. Si lo consiguen (no dudo de su buena voluntad o intenciones) servirá, en lo inmediato, para mantener la violencia, inseguridad y riesgos que sufren las mujeres prostitutas, consolidar su indefensión y, en el mejor de los casos, alejar la prostitución de los espacios públicos más concurridos o visibles.
Reconocer el derecho a la asociación sindical de las prostitutas no legitima la libertad de comprar o vender el cuerpo de las mujeres, sino la defensa de las mujeres prostitutas contra los delincuentes. Reconocer la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar del sindicato OTRAS permitiría mejorar la organización de las mujeres prostitutas y fortalecer su capacidad para denunciar abusos y acosos y para defenderse colectivamente de proxenetas y empresarios infames. Ni más ni menos.
Para analizar el dilema de la ministra y aprovechar lo ocurrido para impulsar un debate social constructivo y esclarecedor hace falta un diálogo sosegado, menos cargado de principios y más poblado de datos, argumentos y propuestas. Y para impulsar ese debate seguirá siendo imprescindible escuchar a las mujeres prostitutas, conocer mejor su situación y reconocer sus derechos a expresarse como colectivo, organizarse y defenderse.