La eurozona y, especialmente, los países de su periferia sufren al menos dos graves problemas económicos. El primero, de insuficiente demanda, se puede cuantificar midiendo la relativamente escasa utilización de las capacidades de producción existentes. El segundo, de degradación de la oferta productiva, se puede estimar comparando la tasa media de crecimiento del producto en los años anteriores a la crisis con el crecimiento del PIB en los últimos años o con el crecimiento potencial. La lenta incorporación de las innovaciones al proceso productivo dificulta que el stock de capital se renueve, acelera su obsolescencia y retrasa las ganancias de productividad.
Afortunadamente, la demanda doméstica de los países de la eurozona lleva algunos meses recuperándose. El impulso proviene de una reducción sustancial de los precios del petróleo, la depreciación del euro y la reducción de los costes financieros propiciada por el anuncio y la puesta en marcha de las medidas de expansión cuantitativa del BCE. Probablemente, durante los próximos meses y a lo largo de 2016 la economía española va a disfrutar de vientos favorables que seguirán impulsando el crecimiento del producto, las exportaciones y la confianza de los agentes económicos. Las nuevas autoridades económicas españolas podrían, por tanto, darle la importancia que tiene al diseño y aplicación de medidas destinadas a reparar los estragos causados en el tejido productivo por las políticas de austeridad y a impulsar la inversión productiva pública y privada orientada a modernizar estructuras y especializaciones productivas.
Para salir de la crisis, las medidas de impulso de la demanda y de reindustrialización y modernización de la oferta productiva van a tener que coexistir durante un largo periodo. No solo hay que intentar que sean compatibles, también deben complementarse con objeto de que tanto la depreciación del euro como la reducción de los costes financieros y energéticos redunden en una mejora de la especialización productiva y en un impulso de la inversión y la productividad global de los factores que permitan generar y sostener empleos y salarios dignos.
El grave retroceso de la inversión productiva
Desde el comienzo de la crisis, la eurozona acumula un retroceso de la inversión productiva de alrededor del 20%. Tras el naufragio inversor experimentado durante el primer impacto recesivo y el breve e intenso rebote posterior, la inversión se ha estancado, el stock de capital se degrada y el crecimiento potencial se debilita.
En la economía española, el hundimiento de la inversión fue aún mayor durante la primera recesión de 2008-2009. Sin embargo, a diferencia del estancamiento posterior que experimenta en el conjunto de la eurozona, la inversión productiva crece en España desde el año 2012, aunque aún sigue situada lejos del nivel alcanzado antes de la crisis. Conviene aclarar, no obstante, que ese aumento de la inversión productiva y la actual reanimación económica, además de insuficientes, están contribuyendo a consolidar, como antes de la crisis, una especialización productiva inadecuada que refuerza el empleo precario, los bajos salarios y los sectores intensivos en fuerza de trabajo de baja cualificación.
La reducción prolongada de la inversión está detrás (aunque no sea la única causa) de la degradación de la oferta productiva y, como consecuencia, del estancamiento de la productividad global de los factores.
Por eso resulta imprescindible que una estrategia progresista de salida de la crisis no solo plantee acabar con la austeridad y sustituir los recortes con medidas destinadas a incentivar la demanda, sino también una política industrial que impulse la inversión y favorezca la incorporación de la innovación y el progreso técnico al proceso productivo. En ausencia de una estrategia que combine los incentivos a la demanda con el impulso de la inversión productiva modernizadora se tardará décadas en lograr un crecimiento sostenible capaz de impulsar el empleo digno, garantizar una oferta suficiente de bienes públicos y reducir progresivamente y a un ritmo adecuado, compatible con el crecimiento de actividades y empleos, los innegables y graves desequilibrios de las cuentas públicas.
No basta cualquier incentivo a la demanda ni un relanzamiento ciego de la inversión pública
Desde el lado de la demanda, sería razonable concentrar la acción política en los sectores sociales más desprotegidos (con objeto de evitar la exclusión y disminuir la desigualdad), impulsando la provisión de bienes públicos y semipúblicos que mejoren el bienestar del conjunto de la sociedad (sin alentar modelos consumistas de satisfacción de las necesidades) y favoreciendo el desarrollo de la demanda de bienes y servicios de producción doméstica. Convendría evitar que los incentivos a la demanda ocasionaran un aumento inasumible de las importaciones, la expansión de actividades intensivas en la utilización de materiales y energía o el desarrollo de nuevas burbujas de activos financieros o inmobiliarios.
Desde el lado de la oferta, las medidas deben centrarse en reforzar el sistema público de educación y formación profesional (para superar las insuficiencias de hoy y preparar las competencias de mañana), la innovación (con más investigación pública y más apoyo a la cooperación de las empresas con mayor potencial innovador) y la extensión de las tecnologías que permitan un uso más eficiente de la energía y la reducción de las emisiones de carbono. Entre otros muchos objetivos, la inversión pública modernizadora debe concentrar su atención en las redes de comunicación, transporte, digitales,… que tienen efectos de arrastre sobre la inversión privada y mejoran la productividad global de los factores.
La inversión pública, siempre que sus objetivos estén razonablemente seleccionados, tiene un impacto positivo a corto plazo sobre la actividad económica y el empleo, refuerza el potencial de crecimiento a largo plazo e impulsa la inversión privada en proyectos rentables que no pueden, por su envergadura o altos riesgos, ser emprendidos en exclusiva por inversores privados. Hay que resaltar que el aumento de la inversión pública tiene un multiplicador mayor que 1 (la actividad económica crece en mayor proporción que la inversión realizada), muy superior al de cualquier otra medida de expansión del gasto público, se concrete en transferencias sociales o reducción de impuestos. Por eso, el aumento de la inversión pública es un elemento clave e irreemplazable de cualquier estrategia progresista de salida de la crisis que pretenda vincular el impulso de la demanda con el reforzamiento de la industria y la modernización de la oferta productiva.
En ausencia de ese impulso modernizador de estructuras y especializaciones productivas, podría consolidarse un escenario de estancamiento secular de la economía o, en el mejor de los casos, un régimen autosostenido de inestable y mediocre crecimiento en el que el bienestar de la parte de la población (no necesariamente exigua) con empleos dignos vinculados a los sectores económicos y actividades más abiertos y avanzados coexistiría con el paro, la pobreza y la exclusión de otra parte de la sociedad (no necesariamente mayoritaria).
La cooperación de las fuerzas de izquierdas es imprescindible para hacer las políticas que la mayoría social y la economía necesitan
Para aplicar cualquier tipo de estrategia progresista orientada a generar empleo neto, proteger los intereses y condiciones de vida de la mayoría social y revertir la pérdida de bienes públicos y derechos ocasionada por las políticas de austeridad hace falta una condición política: el desplazamiento del PP a la oposición con objeto de utilizar las herramientas que proporcionan las instituciones políticas en beneficio de una recuperación y transformación económica que beneficie a la mayoría social.
El desplazamiento del PP de buena parte de las posiciones de poder político que hoy ocupa y el acceso a las instituciones de una confluencia de fuerzas progresistas y de izquierdas se pueden conseguir en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Pero esa tarea dista de ser fácil y va a requerir la cooperación de todas las fuerzas progresistas y una inteligencia colectiva que permita a la ciudadanía y a los partidos políticos evitar o no dejarse arrastrar por intereses particulares ni por soluciones milagreras. Se puede conseguir, pero hay que desterrar enredos y posiciones sectarias, proponer medidas que puedan llevarse a cabo y estimar con realismo el tiempo que será necesario para que cada una de las medidas madure y comience a dar frutos.
De forma complementaria, habría que contar con un compromiso tangible y preciso de rescate social de urgencia que permitiera a la ciudadanía respaldar y controlar los compromisos del nuevo poder político con los intereses de la mayoría social y con las necesidades perentorias de los sectores sociales que han sido especialmente golpeados por la crisis y a los que las políticas de austeridad han arrebatado empleos, viviendas y unas condiciones de vida dignas.
No parece posible garantizar soluciones rápidas a los múltiples y graves problemas que afectan a la economía, pero hay recursos suficientes para asegurar que nadie se quede en la cuneta mientras se ponen las bases de un crecimiento sostenible que pueda generar los empleos dignos y los bienes públicos que requiere la mayoría social. El nuevo poder político progresista que salga de las urnas en las próximas elecciones debe garantizar que los recursos disponibles se van a asignar en función de la voluntad democrática que exprese la mayoría y se van a poner al servicio de una sociedad decente que no tolera la corrupción ni está dispuesta a admitir que el bienestar de una parte de la población coexista plácidamente con la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades que padece la otra parte.