Un nuevo Gobierno progresista y de izquierdas debe asegurar a la ciudadanía que los costes se distribuirán de forma justa
Construir una alternativa progresista a las políticas de austeridad no es una tarea fácil. No equivale a recolectar aquí y allá diferentes reivindicaciones, someterlas al voto de los seguidores de la correspondiente formación política para conocer los apoyos que suscitan y establecer una prelación en función de las simpatías que despiertan o, en su caso, descartar las que generen excesivos rechazos o dudas.
Andan las fuerzas políticas que propugnan una ruptura consecuente con las políticas de austeridad intentando precisar qué medidas económicas acogen en sus programas electorales y ofrecen a la ciudadanía. No faltan ideas y propuestas sobre lo que hay que hacer, pero aún hay tarea pendiente. Por lo que se ve, prosiguen los últimos retoques encaminados a cribar las propuestas, priorizar, ordenar cómo se realizará su puesta en marcha y, eso espero, presentar un todo coherente que respete la propia biología de las reformas que se proponen (algunas tendrán efectos inmediatos mientras otras, tanto o más necesarias que las anteriores, madurarán y darán frutos al cabo de meses o años) y no oculte a la ciudadanía los contradictorios efectos de cada medida ni sus inevitables impactos negativos.
Los costes que exige modernizar estructuras productivas, cambiar instituciones y sustituir modelos de crecimiento son inevitables, pero se puede aspirar a lograr que el pago de las correspondientes facturas no sea tan desigual e injusto como el provocado por las políticas de austeridad. Más aún, un nuevo Gobierno progresista y de izquierdas debe asegurar a la ciudadanía que los costes se distribuirán de forma justa: a los más pobres no les faltará lo necesario para vivir en condiciones dignas y los más ricos, en rentas o patrimonios, deberán aportar más a las arcas comunes. Pueden llamarlo populismo; se trata, simplemente, de solidaridad y de justicia. Será posible, en todo caso, si la decisión democrática de una mayoría social que quiere vivir en un país decente así lo aprueba.
Intentaré analizar en lo que sigue algunas de las bases que sirven de inspiración a las propuestas económicas que están en proceso de definición por parte de IU y de Podemos. En lo que conozco, las medidas económicas que barajan ambas fuerzas políticas tienen muchas coincidencias y un sustrato común: el rechazo consecuente de las medidas y reformas económicas basadas en la austeridad adoptadas por el Gobierno Rajoy y, antes, desde mayo de 2010, por el último Gobierno Zapatero.
Tiempo habrá de conocer y analizar de forma más concreta las diferencias y los matices que aporten sus respectivos programas económicos, una vez que sean dados a conocer a la opinión pública. Por ahora, además de las entrevistas y declaraciones realizadas por sus dirigentes y las notas de prensa aparecidas sobre tal o cual aspecto, solo hemos tenido ocasión de leer las bases y líneas estratégicas elaboradas por Navarro y Torres para Podemos, Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida, y algunos de los documentos elaborados con parecidos propósitos por IU, entre los que cabe destacar el debatido en sus III Jornadas sobre un nuevo modelo productivo, 50 medidas de Gobierno sobre economía y empleo para 50 Consejos de Ministros, y el más reciente e interesante, Programa Marco Municipales y Autonómicas 2015.
Como era de esperar, los documentos de IU han pasado bastante desapercibidos, mientras el de Navarro y Torres ha concentrado todas las críticas imaginables, atinadas algunas, desatinadas y sectarias la mayoría. Sin embargo, ambas fuerzas coinciden en muchos de los diagnósticos, temas y soluciones que ofrecen. La diferencia esencial que explica parte de la desigual atención recibida no está en lo que plantean, sino en la capacidad que muestra Podemos (no tanto sus propuestas) de arrebatar votos al PSOE (y de paso a IU) y sembrar el desconcierto y las dudas en parte de la base sociológica de la derecha y, lo que no es cuestión menor, del nacionalismo catalán y vasco.
Mientras las direcciones de IU y Podemos deshojan la margarita de las propuestas estrellas de sus respectivos programas económicos, me concentraré en examinar las bases comunes que inspiran las coincidencias en las propuestas de ambos partidos.
Respecto a Europa hay poco y bastante vago. Planteamientos como la flexibilización del Pacto de Estabilidad, el incremento del presupuesto de la Unión, la creación de mecanismos que garanticen la mancomunidad de la deuda o la democratización del BCE no parecen medidas demasiado concretas. Las propuestas que apuntan a la necesidad de buscar fórmulas de mutualización de la deuda pública o incrementar la inversión comunitaria que impulse la productividad global de los factores y compense la inversión productiva y el potencial de crecimiento perdidos en la eurozona requerirían mayor concreción y, al menos, una explicación sobre las fuerzas políticas que podrían respaldar tales medidas.
Respecto a la economía española el nivel de detalle es mucho mayor. Aún a riesgo de simplificar en demasía me ocuparé únicamente de examinar dos propuestas que forman parte de los pilares básicos de los programas de ambas formaciones: subir los salarios y aumentar el gasto público o, de forma más matizada, flexibilizar y aplazar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público, con el ánimo de impulsar la actividad económica o, por lo menos, no perjudicar el crecimiento. Como se ve, no me detendré en las propuestas que más polémica e interés han despertado, como las relacionadas con la auditoría y reestructuración de la deuda, la paulatina extensión de modalidades viables de renta básica, una reforma fiscal que priorice la lucha contra el fraude y un reparto más justo y progresivo de la carga fiscal o la expansión y mayor incidencia regulatoria del sector público en sectores estratégicos. Tal y como están, y a falta de un mayor grado de elaboración, las medidas que propugnan ambas fuerzas políticas me parecen viables y asumibles por la mayoría social. Y cabría añadir, intercambiables.
A expensas de que la elaboración de sus respectivos programas den lugar a mayores diferencias de las que hasta ahora han salido a la luz, lo que prima al día de hoy es una amplia coincidencia programática en las medidas económicas que ambas fuerzas barajan y que, en general, responden al hartazgo de la mayoría social por el asfixiante, injusto e ineficaz rigor impuesto. Concentrémonos, por tanto, en lo que en mi opinión es uno de los ejes fundamentales del diagnóstico de la crisis y de las posibles soluciones que defienden ambas formaciones. La economía española sufre un problema de insuficiente demanda y la solución no puede ser más simple, hay que estimular o sostener la demanda doméstica.
Así lo formula, por ejemplo, V. Navarro. Existe “un enorme problema de falta de demanda doméstica”; las líneas estratégicas a seguir para resolverlo serían “un aumento de los salarios y del gasto público, haciendo gran hincapié en la infraestructura social del país, con el objetivo de estimular la demanda doméstica, el aumento del crecimiento económico y la creación de empleo.” (Entrevista realizada por Isabel G. Caballero y publicada en Nuevatribuna el pasado 16 de diciembre de 2014). Hay muchas más propuestas y muchos matices, pero concentremos el examen en esas dos líneas estratégicas (más salarios y más gasto público) que son comunes a ambos partidos.
Existe un amplio consenso en torno a ese diagnóstico de insuficiente demanda doméstica y a las medidas de impulso de los salarios y del gasto público destinadas a incentivar la demanda. En dicho consenso no solo participan IU y Podemos, también los sindicatos CCOO y UGT y la mayor parte de las fuerzas progresistas y de izquierdas. Más aún, las propuestas económicas adelantadas por el nuevo equipo dirigente del PSOE tampoco se apartan demasiado de ese tronco común. Sin embargo, no está de más guardar cierta distancia crítica con ese diagnóstico y esas soluciones. Propugnar lo contrario de lo que han impuesto los defensores de las políticas de austeridad y devaluación salarial no supone ninguna garantía de acierto o eficacia.
Aumentar los salarios y el gasto público. ¿Es esa la alternativa?
El diagnóstico común en el que se sustentan algunos de los criterios fundamentales de la acción política que defienden IU y Podemos reposa en la existencia de una escasez de demanda doméstica. Nada que objetar a tal aseveración. La combinación de altas tasas de paro y un proceso de desinflación que, desde hace seis meses, se ha convertido en inflación negativa demuestra y expresa la insuficiencia de la demanda interna.
Pero siendo cierto, el diagnóstico anterior contempla únicamente una parte de los graves problemas que debe afrontar la economía española y, por ello, en mi opinión, las medidas dirigidas a estimular la demanda doméstica si no van acompañadas de otras propuestas encaminadas a modernizar la oferta productiva y desarrollar el entramado institucional de la eurozona podrían estar desencaminadas y convertirse a corto plazo en causa de nuevos problemas económicos. Por otro lado, al acentuar con tanto vigor el problema de la falta de demanda doméstica, dejan en la penumbra de los temas menores obstáculos a remover y campos de actuación de tanta o mayor relevancia que el que se señala como prioritario.
Reitero la cuestión porque me parece de capital importancia. Hay al menos otros dos tipos de problemas que tienen tanta o más importancia que la insuficiencia de la demanda doméstica. Me limitaré a mencionarlos. En primer lugar, un problema general que compartimos con el resto de países de la eurozona: las debilidades e incoherencias institucionales de la eurozona. Y en segundo lugar, un problema específico, con rasgos comunes con los de los otros países del sur de la eurozona, pero también con características específicas que atañen únicamente a la economía española: un modelo de crecimiento obsoleto que se sustenta en estructuras y especializaciones productivas que deben ser transformadas y modernizadas con urgencia. Esos dos problemas tienen tanta relevancia como el de la insuficiencia de la demanda doméstica y, por ello, sería necesario que las fuerzas progresistas y de izquierdas dedicaran más atención a la tarea de analizarlos, pergeñar posibles soluciones y defender una estrategia económica más completa y diversificada para salir de la crisis.
Por otro lado, ¿cómo afrontar la tarea de sostener la demanda doméstica? En un panorama empresarial tan desigual como el que ofrece la economía española sería clave la tarea de discriminar qué empresas y sectores pueden o no pueden aumentar los salarios, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, la productividad, los márgenes y demás factores económicos y financieros que determinan la situación particular de cada sector y cada empresa. La solución a este problema crucial solo puede pasar en el corto plazo por conseguir un mayor espacio para la negociación colectiva, más protagonismo de los agentes sociales en la tarea de delimitar en qué empresas y sectores es lógico y viable aumentar los salarios y la recuperación de un clima político y económico favorable a la concertación social. En el medio y largo plazo, la aspiración a generar y mantener empleos decentes y aumentar los salarios de forma generalizada pasa por realizar un esfuerzo sostenido de modernización de estructuras y especializaciones productivas que haga posible incrementar la productividad global de los factores (no sólo la productividad aparente del trabajo, como hasta ahora) y compatibilizar la reindustrialización y un alza de la gama de los bienes y servicios con un aumento sostenible de los salarios reales y un equilibrio suficiente (o desequilibrio aceptable) de las cuentas públicas y exteriores.
Convendría diferenciar con mayor precisión los dos debates, el de cómo aumentar el nivel general de los salarios sin incrementar la desigualdad salarial, que requiere de plazos largos y depende de la muy diferente capacidad del tejido empresarial para encajar ese aumento, y el de cómo mejorar y extender el salario mínimo, la renta básica, los subsidios y prestaciones por desempleo o las pensiones, que depende sustancialmente de una decisión política apoyada en un amplio consenso social, ya que el consiguiente aumento del gasto público destinado a financiar esas mejora y extensión requiere un aumento paralelo de la recaudación fiscal proveniente de la lucha contra el fraude, el pago efectivo de los tipos impositivos nominales que actualmente existen y una reforma fiscal progresista que distribuya de forma justa la carga fiscal entre rentas del trabajo y rentas del capital y entre los que tienen más patrimonios y rentas y los que menos.
De poco sirven los llamamientos o propuestas de subir los salarios cuando tales incrementos, para algunas o muchas pequeñas y medianas empresas, no pueden llevarse a cabo, porque supondría un aumento de costes insoportable y acarrearía su cierre (o la continuidad parcial o total de su actividad y los correspondientes empleos en la economía sumergida) y, como consecuencia, la degradación del empleo, los salarios y los derechos. Así de simple es la cosa y así de compleja la acción política que deben emprender las izquierdas para construir y fortalecer los soportes económicos y políticos que hagan posible la generación y el sostenimiento de unos salarios dignos y la disminución de la fragmentación salarial.
En el caso de la otra gran medida que se propone para sostener la demanda, el aumento del gasto público, estamos en parecida situación. Los niveles de endeudamiento público y privado de la economía española son extremadamente altos (en los casos de la deuda pública y la deuda externa neta su cuantía se sitúa en niveles próximos al valor del PIB y en el caso de la deuda de los agentes económicos privados duplica con creces ese valor) y colocan a la economía española en una situación de extrema vulnerabilidad. La restricción externa, tras los años de alegría financiera que precedieron al estallido de la crisis global, pende sobre la economía española y solo se puede contar con las instituciones europeas (más en concreto con la acción del BCE desde el verano de 2012), para que la fragmentación financiera que sufre la eurozona se atenúe y la sobrecarga de intereses que soportaron las economías del sur de la eurozona no vuelva ni resulte completamente insoportable. Alemania y sus socios del centro de la eurozona han demostrado con creces que solo están dispuestos a aceptar fórmulas blandas y muy parciales de mutualización de la deuda soberana cuando los riesgos de impago suponen una amenazan para la continuidad del eurozona.
En tales condiciones se puede y se debe negociar con mayor realismo los objetivos de reducción del déficit público y utilizar con mayores dosis de racionalidad las herramientas de las que dispone el BCE para minimizar las primas de riesgo y lograr que los costes financieros no supongan una soga que impida el crecimiento de la actividad económica y, como consecuencia, el aumento de la deuda soberana y los riesgos asociados a su enorme tamaño. Se puede y se debe también propiciar fórmulas negociadas de reestructuración y, en su caso, de quita de una parte de la deuda pública. Los derechos de los acreedores pueden verse más protegidos mediante la negociación que por la imposición de recortes draconianos a los países deudores de imposible cumplimiento; por otro lado, la negociación y el acuerdo garantizan fórmulas de devolución de la deuda que logran un mayor equilibrio entre los legítimos intereses de deudores y acreedores y que no suponen una catástrofe social para una ciudadanía que en su mayor parte ha tenido muy poco que ver con el endeudamiento. No sería la primera vez, durante la actual crisis, que un endeudamiento excesivo se resuelve con fórmulas negociadas de reestructuración y quita. Lo que no se puede plantear son fórmulas unilaterales que, en lugar de ser parte de la solución, enquisten y agraven los problemas. En todo caso, tales propuestas de reestructuración deben incluir la implementación de reformas productivas que apunten a mejoras en la especialización y la productividad global de los factores que supongan una solución sostenible en el tiempo.
En este punto de la reestructuración de la deuda, el conflicto con Alemania y el bloque de poder que representa es inevitable. No se trata de rehuirlo, se trata de intentar que se desarrolle en un terreno y en torno a unos objetivos que puedan lograr el apoyo de la mayoría de la ciudadanía europea y supongan la renovación de los principios y los fines que inspiraron el proyecto de unidad europea.
No se puede suavizar la gravedad del sobreendeudamiento público, privado y exterior de la economía española. Y una forma de suavizarlo es haciendo creer que su alto nivel tiene como principio y fin la corrupción y, por tanto, se puede hacer desaparecer mediante una declaración política de ilegitimidad de parte de esa deuda y del correspondiente impago. El sobreendeudamiento de la economía española tiene su raíz en un modelo de crecimiento especulativo y en unos mecanismos de financiación abundante y barata vinculados al mercado único y al euro que son perfectamente explicables e identificables.
El desendeudamiento de la economía española y de los agentes económicos públicos y privados es un proceso tan necesario como largo y costoso. Y para avanzar en tan imprescindible proceso de desapalancamiento financiero es necesario un mayor crecimiento del PIB nominal (para hacer disminuir las tasas de endeudamiento respecto al PIB) y un aumento de la recaudación que nos aproxime a los niveles de presión fiscal y fraude que son habituales entre nuestros socios de la eurozona.
El objetivo de la izquierda en este terreno del gasto público no se puede concretar en una formulación de aumento del gasto público para animar la demanda doméstica, sino en un incremento de los niveles de recaudación pública hasta lograr porcentajes similares a los que alcanzan nuestros socios de parecido nivel de desarrollo económico y utilizar esa mayor recaudación para incrementar la protección social de los sectores sociales que la crisis ha situado en situación de vulnerabilidad y exclusión social y acometer las tareas de modernización de estructuras y especializaciones productivas.
La reducción progresiva del déficit público no es incompatible con la consecución de un crecimiento sostenible de la actividad económica, el empleo decente y los salarios dignos. Convendría reformular falsas disyuntivas para encontrar respuestas que intenten aunar las medidas y objetivos que son imprescindibles para salir de la crisis. El déficit y la deuda de las administraciones públicas constituyen graves problemas que deben abordarse de forma inmediata. Aunque los desequilibrios que presentan las cuentas públicas no puedan resolverse a corto plazo, hay que tomar medidas que permitan reducir su escala. En ningún caso esa reducción puede posponerse o ser abordada una vez que se hayan resuelto las cuestiones del paro, la modernización productiva o cualquier otro de los importantes problemas que atenazan a la economía española.
Salir de la crisis con los menores costes económicos y sociales posibles exige resolver un difícil y complejo problema que básicamente consiste en aplicar medidas económicas que permitan abordar al tiempo la creación de empleo y la reducción del déficit público. Avanzar en la dirección de una salida progresista de la crisis requiere impulsar una modernización de las estructuras productivas y promover un cambio en el modelo de crecimiento que el mercado no está en condiciones de realizar ni tan siquiera de orientar. Esa transformación productiva resultará imposible sin contar con el impulso normativo y la financiación del sector público. No hay soluciones mágicas ni atajos que valgan, ni a la derecha ni a la izquierda.