Hace años que no se habla de ellos, pero siempre han estado ahí. Sea cual sea el significado que se atribuya al concepto de poderes fácticos nadie duda de su contradictoria contribución a la hora de marcar los límites y los ritmos del cambio de régimen político que condujo desde la dictadura franquista a la democracia. Finalizado el largo y penoso periodo de improvisación, incertidumbre, represión y movilización popular que hemos convenido en denominar Transición, los poderes fácticos se situaron tras las bambalinas. Hicieron su trabajo y se retiraron del primer plano del tablero político.
A partir de las elecciones generales de 1982, los dos grandes partidos que representaban a la mayoría social fueron capaces de garantizar durante tres décadas el imprescindible horizonte de estabilidad que resulta necesario para permitir una convivencia razonable y la buena marcha de la actividad económica y los negocios. Un sistema bipartidista imperfecto era completado por dos fuerzas nacionalistas moderadas que colaboraban desde Cataluña y el País Vasco en la gobernabilidad del Estado.
Muestran recientes sondeos de opinión que estamos al cabo de ese largo periodo de treinta años y en los inicios de un nuevo tiempo. A los dos grandes partidos que garantizaban la estabilidad, la situación se les ha ido de las manos. En los últimos dos o tres años y, especialmente, en los últimos meses, esos dos grandes partidos políticos y el propio sistema bipartidista se han convertido en un factor añadido de incertidumbre; quizá en el factor más importante de inquietud y zozobra. Su gestión de la crisis económica y de los problemas específicos que afrontan la economía y la sociedad española ha perjudicado considerablemente a la mayoría social; han enterrado su credibilidad bajo una montaña de casos de corrupción; no pocos de sus miembros con altas responsabilidades institucionales se han enriquecido a costa de la apropiación fraudulenta de bienes y dineros públicos mientras imponían recortes a troche y moche y un injusto reparto de los costes generados por la crisis y por unas ineficaces políticas de austeridad que extendían el paro, la exclusión y el miedo. Y por si todo esto fuera poco, han exacerbado los problemas de convivencia e integración de Cataluña en el Estado español y puesto en riesgo la sacrosanta unidad del mercado nacional.
PP y PSOE han agotado gran parte de su crédito ante vastos sectores de la ciudadanía y ante unos poderes fácticos que están volviendo a asomar su hocico en la escena pública porque no se fían de la capacidad de las viejas formaciones políticas y de sus actuales líderes para reconducir la situación, purificar sus estructuras internas e intentar recuperar la sintonía con sus respectivas bases electorales. Pareciera como si los actuales tiempos de cambio volvieran a convocar a los poderes fácticos y los pusiera en el candelero.
Tímidamente, los poderes fácticos (liderados por la gran banca y las grandes empresas industriales y de servicios del Ibex) han irrumpido en la escena pública y están empezando a enseñar las cartas con las que intentan desbloquear la situación. Pretenden que haya algún avance en la regeneración de los partidos y el sistema político, reconciliar a la sociedad con las instituciones, ofrecer soluciones más o menos creíbles a los problemas económicos, recuperar un horizonte de estabilidad y eliminar incertidumbres. Y para ello han comenzado la tarea de definir un nuevo rumbo que permita articular nuevos consensos, afinar y contener la crítica destructiva y demencial que tantos practican, unificar la política de comunicación frente a Podemos y reconstruir un nuevo pacto político entre los dos grandes partidos españoles que permita inaugurar un nuevo tiempo. La tarea no parece sencilla y menos aún si siguen aferrados a la austeridad y la devaluación salarial como bases de su estrategia para salir de la crisis.
Señalan las últimas encuestas de Metroscopia y el Centro de Investigaciones Sociológicas que Podemos sería en estos momentos el partido que más intención directa de votos tendría y el que despierta más simpatías. Muestran también cómo el mapa electoral se fragmenta y el bipartidismo de antaño deja paso a una nueva fuerza política que se codea con los dos viejos partidos. Antes, alrededor de tres cuartas partes del total de los votos acababan respaldando al PP o al PSOE; ahora, Podemos se incorpora a ese reparto en detrimento de los dos partidos dominantes y empuja hacia los márgenes a IU y UPyD, formaciones que hace apenas unos meses nutrían sus buenas expectativas con los descontentos que cortaban amarras con la vieja política y sus representantes.
Resultaría paradójico que el partido más perjudicado por los cambios que están ocurriendo, marcados por la mayor politización de una parte notable de la sociedad y la emergencia de una ciudadanía más consciente de sus derechos y más activa en defensa de lo público, fuese precisamente IU; pero todo indica que la división y la irrelevancia son amenazas reales para ese partido si, finalmente, la racionalidad y el sentido común no prevalecen frente a las tendencias a la autoafirmación sectaria que son alentadas por parte de sus dirigentes. Sería un resultado inmerecido, una verdadera lástima y una pérdida irreparable en el momento en el que más se necesitan referentes de izquierdas que intervengan en el complejo debate y en la decisiva tarea práctica de construir una alternativa popular y ciudadana que revierta los daños económicos y sociales causados y ponga fin al desastre ocasionado en los últimos años.
Por si el seísmo político en el conjunto del Estado español fuera insuficiente, tanto en Cataluña (barómetro semestral del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat) como en el País Vasco (sondeo del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco) fuerzas nacionalistas (ERC y CiU en el primer caso y PNV y EH-Bildu, en el segundo) concentran la mayoría de las expectativas de voto y desplazan a un segundo plano a las tres opciones que en el resto del Estado se disputan la mayoría electoral. En el caso particular de Cataluña, otras fuerzas (ICV-EUiA, Ciutadans y CUP) comparten con PSC, PP y Podemos los créditos reservados a los protagonistas secundarios. Tendencias parecidas, quizá de menor intensidad, se advierten en Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra… comunidades donde fuerzas nacionalistas y regionalistas mantienen su espacio electoral, defienden aspiraciones e intereses mal representados por las tres grandes opciones estatales y contribuyen a sostener la pluralidad y riqueza de los ecosistemas sociales en los que se nutren las izquierdas.
Los sondeos muestran también el hartazgo de la ciudadanía por la pésima situación política y económica actual y por las malas perspectivas que vislumbran, el escaso aprecio que reciben los principales líderes políticos y la poca fiabilidad y confianza que despiertan. El electorado gana en autonomía respecto a las dos grandes fuerzas políticas que hasta ahora habían recibido gran parte de los votos. Y esa mayor autonomía se concreta en un desplazamiento de sus votantes hacia Podemos y la abstención. Votantes decepcionados con el PP o el PSOE derivan hacia la abstención y sustituyen a anteriores abstencionistas que han recuperado la ilusión de utilizar su voto para castigar a los partidos tradicionales.
¿Durarán el tiempo suficiente las tendencias que muestran los sondeos de opinión y se plasmarán en el momento crucial de depositar el voto? No parece fácil.
El más que complejo problema de las alianzas políticas cobra en estas condiciones especial relevancia. Ningún partido va a contar con mayoría absoluta para formar gobierno, sea en el ámbito local, autonómico o estatal, y los acuerdos entre fuerzas políticas que mantienen diferencias importantes van a ser imprescindibles.
Los poderes fácticos parecen tener claro el escenario que desean construir. Apuestan por un Gobierno en minoría del PP o del PSOE que cuente con el apoyo tácito de la opción que no resulte vencedora; o mejor aún, si fuera posible, apostarían por una gran coalición entre ambos partidos. Posibilidad ésta última que parece menos difícil de lograr si fuera liderada por el PSOE, circunstancia que para ser factible requeriría al menos dos condiciones: que los socialistas consiguieran un voto más que los populares y que los poderes fácticos realizaran un fino trabajo de apretar las tuercas a la dirección der PP. La otra opción, un Gobierno liderado por los populares con participación de los socialistas, no es completamente descartable, pero ocasionaría graves problemas entre muchos de los votantes socialistas a pesar de que no pocos exdirigentes del PSOE muestran abiertamente su apoyo a cualquiera de las dos variantes.
Desde el campo de la ciudadanía que pretende la regeneración y profundización de la democracia y un cambio en la correlación de fuerzas a favor de la mayoría social y de los sectores empobrecidos o amenazados de exclusión hace falta compensar la acción de los poderes fácticos y sus muchos colaboradores en la partida que acaba de empezar. Y eso significa mantener la movilización, profundizar la unidad de la gente y concretar un programa alternativo de actuación política que sea viable y, al tiempo, responda a los intereses, necesidades y anhelos de la mayoría social.
Y, además, hay que prestar atención a otro problema de enorme importancia. Ningún voto progresista y de izquierdas debe acabar siendo utilizado para poner en pie gobiernos de continuidad con los mismos ingredientes que desde mayo de 2010 han provocado el desastre. Hace falta que las personas que confíen su voto en opciones progresistas y de izquierdas aten corto a sus respectivas cúpulas dirigentes y comprometan a sus representantes en el apoyo inequívoco a programas y alianzas progresistas. Es imprescindible que los electores refuercen las exigencias a sus representantes y plasmen en un compromiso explícito los programas y las actuaciones que llevarían a cabo en el caso de acceder a cualquiera de los poderes ejecutivos que están en liza. Ni una coma se podría retirar de esos programas sin consulta previa a la ciudadanía.
Sería muy positivo que las iniciativas de unidad popular y ciudadana que están en marcha para ganar los ayuntamientos (siguiendo la estela de Guanyem Barcelona o propuestas similares) acabaran cuajando y afrontaran en términos prácticos el problema de las alianzas para lograr que efectivamente el poder municipal se ponga al servicio de la mayoría. Y que las enseñanzas obtenidas en esa tarea sirvieran también para lograr un amplio acuerdo de fuerzas progresistas y de izquierdas que permita ganar las comunidades autónomas y el Gobierno central con el objetivo de ofrecer respuestas y soluciones a las exigencias populares de creación de empleos decentes, regeneración del sistema democrático, recuperación del dinero robado, castigo a corruptos y defraudadores y conclusión de los recortes y la austeridad.