viernes. 29.03.2024

El capitalismo de boletín oficial: las ITV de la Región de Murcia

La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), su próxima convocatoria en el BOE y en el BORM y el anuncio de la Consejería de desarrollo Económico, Turismo y Empleo del anuncio de concurso público para la concesión administrativa durante quince años de las ITV regionales, entre las que se incluye la pública de Alcantarilla, podría ser el inicio de cualquier relato neoliberal de una muerte anunciada. Desde hace años se viene anunciado las virtudes de la iniciativa público privada para enmascarar el denominado “capitalismo de DOUE, BOE, BORM” o cualquier otro diario oficial de las administraciones públicas, es decir, yo te regalo una concesión administrativa por un precio a veces irrisorio, tú la rentabilizas y si tienes pérdidas nos las endosas. Un negocio redondo, un ejemplo notorio de los “riesgos” de algunos de los grandes “emprendedores” de nuestra región y de nuestro país. Los que somos empleados públicos sabemos del ahorro que se está produciendo con la destrucción de empleo en el Capítulo I (Personal) de los Presupuestos Regionales y de la deuda galopante que crece año a año merced a esos negocios redondos que subyacen en la tan cacareada iniciativa público privada. Pero es que además, la crónica de la muerte anunciada de la ITV de Alcantarilla se ha ido pregonando desde hace años desde la práctica diaria de la consejería responsable y también desde su teorización posterior. Todos sabemos del deterioro de sus instalaciones, de su falta de personal, de su desorganización propiciada por la dirección política de la consejería. Y también de los comentarios (primero se destruye y luego se teoriza) sobre el mal funcionamiento de la misma en comparación a las ITV privadas. No es el único caso de esa “táctica del salchichón” tan del gusto de nuestro gobernantes, esa manera tan sutil de ir laminando los servicios públicos hasta justificar su privatización en razón de su deterioro. Se ha hecho con el mantenimiento de las carreteras, se hizo en su tiempo con el servicio de limpieza de la Administración Regional (todos conocemos el sueldo de esos servicios privatizados).

Las ITV son un negocio redondo para aquellas empresas que “quieran hincarle el diente”, un negocio con pingües beneficios y ningún riesgo, y una oferta para resarcir de todos aquellos desastres económicos perpetrados por los gobiernos regionales, comenzando por el Aeropuerto de Corvera que tanto quebranto ha supuesto para alguna empresa regional que actualmente gestiona el grueso de las ITV regionales.  No es extraño que la CROEM se queje de los derechos económicos y laborales que supuestamente gozan los empleados públicos, ni que defienda que no se conceda la gestión del Aeropuerto de Corvera, si es que se abre alguna vez, a AENA. Ellos defienden su gestión privada y cuando haya pérdidas, que las habrá, que la Consejería de Hacienda tire de talonario.

Pero las ITV son una fuente de ingresos fijos y seguros y sin duda seguiría siéndolo si todas las estaciones que componen su red regional fueran gestionadas directamente por la consejería competente en la materia. Muy poca gente se atreve a incumplir la ley que obliga bajo multa a pasar periódicamente la revisión técnica de los vehículos. Sería una fuente de ingresos periódicos y constantes en las arcas públicas regionales y una de las muchas maneras de equilibrar el presupuesto de la CARM. Lo demuestra el dato de que la ITV de Alcantarilla siempre ha sido rentable a pesar del denodado esfuerzo, tanto en materia de inversiones como de personal,  de la dirección política de la consejería de degradar el servicio que presta.

El proceso de concesión administrativa de las estaciones ITV de la Región de Murcia,  iniciado con la publicación en el DOUE del Anuncio de licitación el pasado 14 de febrero de 2017, adquiere los mismos tintes de oscurantismo que ya rodearon la concesión de 1997, esta última mediante Anuncio sobre contrato de gestión de servicio público (BORM, 15 de febrero de 1997, corrección de errores en BORM de 27 de febrero de 1997). Existen en ese proceso una orden “fantasma” de la que no tenemos información sobre su publicación en el BORM (si es que se llegó a publicar en algún momento). En concreto, en las órdenes de aplicación de las tarifas de las ITV, publicadas en el BORM, se nombra constantemente la “Orden de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo de 21 de julio de 1997” que adjudicó por procedimiento abierto y forma de concurso, la concesión de la gestión y explotación de las ITV en nuestra región. No consta que esa orden fuera publicada en el BORM. Tampoco aparece en la “Normativa en materia de industria, energía y minas; comercio, consumo y artesanía, trabajo y turismo” de la IV Legislatura Autonómica de la Región de Murcia 1995-1999 (Depósito Legal MU-1577/99. Imprime Imprenta Regional).

Las bases que rigieron la concesión administrativa mediante la Orden de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo de 21 de julio de 1997, como ya hemos dicho ilocalizable, fueron el “Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares” y el “Anteproyecto de Explotación en régimen de concesión del servicio público de I.T.V en la Región de Murcia”.  El día 1 de abril de 1998, el Consejero de Industria, Turismo y Empleo compareció, a petición propia, ante la Comisión de Política Sectorial de la Asamblea Regional para informar sobre la gestión privada del servicio de Inspección Técnico de Vehículos en régimen de concesión administrativa (Diario de Sesiones nº 31 de la Asamblea regional. Comisión de Política Sectorial. IV Legislatura. 1998). Sin embargo, no aportó nada sobre la orden de concesión aunque si entró a profundizar en el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares. Por supuesto ese “Anteproyecto de Explotación en régimen de concesión del servicio público de I.T.V en la Región de Murcia” en el que se fundamenta la concesión administrativa establecida por la Orden de 21 de julio de 1997 nunca pasó de borrador, por lo que en fecha 27 de enero de 2003, el BORM publicó la Orden de 20 de enero de 2003, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por el que se establece el régimen transitorio de prestación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos en la Región de Murcia.

Volviendo a 2017, la salida a concurso de la concesión administrativa de las estaciones de ITV regionales se publicó mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es un anuncio difícil de  localizar en la web, por lo que lo dejamos a continuación el enlace. Llama la atención que el anuncio incluya en su inicio un error inexplicable: otorga el “poder adjudicador” a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, y no a la de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Se espera, Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y publicidad obligada de las licitaciones mediante, que los Pliegos tanto de claúsulas generales como particulares, serán publicadas convenientemente. Pero como curiosidad en el Portal de la Transparencia está publicado el primer borrador del Proyecto de decreto por el que se regula el servicio público de Inspección Técnica de Vehículos y el régimen jurídico de la concesión administrativa de dicho servicio en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que pretende suplir la inexistencia de legislación que “establezca el régimen de explotación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos y constituya el marco jurídico que proporcione seguridad jurídica a los operadores de estaciones de ITV en la Región a la vez que permita salvaguardar el carácter público del Servicio de que se trata” (¡¡¡20 años después!!!). Por tal motivo, y como ya ocurriera en 1997, se publica el anuncio de licitación de la concesión administrativa (al parecer se publicará también en el BOE y en el BORM en las próximas semanas) antes de que se apruebe el decreto que la va a regular, lo que no deja de resultar una decisión extraña en una administración pública. Esperemos que, si este despropósito sigue adelante, no nos encontremos con ausencia de regulación durante los próximos quince años.

En realidad, algo huele a podrido en Dinamarca, y esto suele ocurrir cuando hay contratos púbicos millonarios, sin riesgo alguno, como es el caso. Las ITV de la Región de Murcia, según las declaraciones en prensa de la misma Administración Regional,  recaudan alrededor de 48 millones de euros por año, 720 millones de euros en 15 años. El importe de la licitación de la Consejería de desarrollo Económico, Turismo y Empleo asciende a 225,5 millones de euros para el mismo periodo. ¿Quién da más?

El anuncio de la licitación ha sido adornado por la consejería con un guiño a la ciudadanía. El aumento del número de las estaciones de ITV repercutirá, según su responsable político, en un abaratamiento de los precios. Tal apreciación resulta risible. Cuando un servicio público es prestado en régimen de concesión, sin posibilidad de optar por  uno de gestión pública directa, las empresas terminan por imponer sus precios que o repercuten en los usuarios o terminan por asumirlos la administración. Lo vimos en el chantaje al que fue sometido la Generalitat Valenciana por parte de los hospitales de gestión privada de dicha comunidad autónoma. Razón más que suficiente para que la ITV de Alcantarilla continúe siendo pública.

Es un despropósito absoluto la decisión de la Consejería de desarrollo Económico, Turismo y Empleo de volver a licitar las estaciones de ITV, incluyendo la privatización de la Alcantarilla. El interés público debería llevar a hacer lo contrario: gestionarlas directamente, como hace, por ejemplo, la Junta de Andalucía.

El capitalismo de boletín oficial: las ITV de la Región de Murcia