El debate de las pensiones esconde, como la mayor parte de los debates políticos, una lucha de intereses contrapuestos. Las políticas ortodoxas, favorables al fundamentalismo del mercado, magnifican las bondades de la privatización de las pensiones con el objeto de participar de un buen trozo de pastel del PIB. El individualismo y la capitalización de las aportaciones durante la vida laboral, supondrán, al albur de las subidas y bajadas del mundo financiero montado en las turbulencias de la globalización, las pensiones a percibir cuando llegue el momento de abandonar la vida laboral, cada día más lejano. Poco importa a esta visión el paro, el empleo precario, la pobreza, y la inmensa masa de personas que debido a la realidad de nuestra economía no podrán pensar siquiera en aportar un mínimo a los planes de pensiones privados.
Para aportar, sin embargo, algo de realidad es bueno recordar alguno de los datos que la Encuesta de población activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2016 nos da: la tasa de paro juvenil en el último trimestre de 2016 ascendió al 41,94%, los hogares con todos sus miembros en paro son 1.438.300 y los parados que llevan más de un año 2.030.600. Recordemos, además, que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a pesar de la subida de este año sólo asciende a 707,6 €, y que el precio de la cesta de la compra ha subido en los últimos años doce veces más que las pensiones.
Hay otro punto de vista, muy diferente, que entiende la vida social de forma menos competitiva y que considera que todos tenemos el derecho a una vida digna, reconociendo los derechos humanos a toda persona por el hecho de nacer. Esta alternativa no puede basarse en la montaña rusa de la bolsa, ni en el soporte de un mundo financiero que busca el enriquecimiento individual a costa de provocar pérdidas en la mayoría. Esta alternativa tiene que basarse en la cooperación y la solidaridad en un mundo empático y sensible con el otro. Para este punto de vista no importan las desigualdades; que un pequeño porcentaje de la población disponga de la mayor parte de lo producido por todos y otros muchos tengan que estar mendigando, no son la solución[1].
En este contexto nos encontramos que en la reciente comparecencia del Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ante la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, ha propuesto, entre otras medidas, que se retrase la edad de jubilación, y se incentive la contratación de planes de pensiones privados con los que hacer frente a la moderación de las pensiones."Desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos". Asimismo, el gobernador ha expuesto que "se podría plantear extender el papel del ahorro para la jubilación, de modo que permita complementar los recursos del sistema contributivo público con la acumulación de activos financieros con los que suplementar las futuras pensiones públicas". Esta recomendación de contratar planes de pensiones privados -o también "público-privados", como posteriormente trató de matizar Linde- responde a un contexto futuro en el que se producirá una disminución de la tasa de sustitución, esto es, una reducción en la cuantía de las pensiones así como en su poder adquisitivo. Menos mal que, también, Linde ha señalado la necesidad de ampliar las vías de ingresos, punto en el que se ha mostrado favorable a que se destine parte de la recaudación de ciertos impuestos a la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad. Lo que no ha considerado positivo, en cambio, es elevar las cotizaciones sociales porque "supondría un fuerte aumento de los gastos laborales".
Es curioso que al mismo tiempo de la intervención del Gobernador del Banco de España el informe anual de INVERCO diga que “El maltrato fiscal y las pobres rentabilidades han certificado un año desastroso para los planes de pensiones privados. Según el informe, el 65% de los ahorradores que tienen un plan no aportó nada al mismo el año pasado. Y otro 10% aportó menos de 300 euros. Además, la cifra de partícipes se redujo en 0,4%, a pesar de los esfuerzos comerciales de bancos y aseguradoras al cierre del año. Los datos de INVERCO ponen de manifiesto, además, que uno de los principales motivos para hacerse un plan de pensiones es la desgravación fiscal, que afecta a todos los estratos sociales. Así, la desgravación media en la base imponible del IRPF fue de 1.635 euros. Hay que recordar, sin embargo, que esta desgravación es un beneficio a corto plazo, puesto que al rescatar el plan el contribuyente debe tributar por todo su patrimonio -no sólo por la ganancia, también por lo aportado- como si fuera un rendimiento del trabajo.
Es difícil no reconocer en las propuestas del Gobernador del Banco de España el punto de vista neoliberal. Punto de vista que repercutirá agrandando las diferencias entre unos y otros y que apuesta por los poderosos dándoles más de lo que tienen y quitándoselo a los demás. A estas alturas del partido cualquier economista sabe que un incremento de la demanda impulsa el desarrollo de las empresas, que los recortes que afectan a la mayor parte de la población dejan sin posibilidades de consumo y ponen en riesgo la vida de las personas y la economía en general. Que la falta de empleo, especialmente para los pobres, y el incremento de desigualdad no ofrecen ninguna esperanza. Por ello ha de entenderse que todo esto se sabe y los objetivos ocultos de estas políticas no son las palabras vacuas con las que los políticos que las defienden nos regalan los oídos.
Reducir las pensiones, alargar la vida laboral y privatizarlas no son medidas que sirvan para combatir la crisis económica, ni mucho menos, sino que implican un paso más en el desmantelamiento del precario estado social que se está llevando a cabo en perjuicio de los más débiles y para satisfacción de los poderosos.
[1] El 5 % más rico recibe el 37 % de la renta global, el 5 % más pobre sólo el 0,2 %. El 1 % de la población tiene el 48 % de la riqueza, casi tanto como el 99 % restante.