El COVID-19 marcará un punto de inflexión en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro mercado de trabajo. La aportación de los trabajadores, una vez más, parece que será a fondo perdido. En el mejor de los casos, en los ERTEs, dejan de percibir entre el 20% y el 30% de sus haberes, aunque mantendrán sus empleos.
En otros muchos, perderán todos sus ingresos y se quedarán sin trabajo. Serán los precarios que esta temporada aún no han podido cotizar los suficiente para acceder a una prestación por desempleo o están agotando la de la temporada pasada. Su situación, sin trabajo ni prestación, es la contribución de la reforma laboral del PP a una pretendida salida de la anterior crisis.
Es un colectivo importante de personas que caminan de la desprotección por su carencia de empleo, a la marginalidad. Son el primer gran reto que hay que afrontar. El objetivo necesariamente tiene que ser incluirlos, de una u otra manera, en la protección por desempleo. Para ello tendremos que definir programas específicos de empleo–formación con remuneración salarial y cotización a desempleo.
Muchos de esos programas podrán centrarse en formación en competencias–clave al tiempo que se van incorporando paulatinamente a empleos en programas de cooperación. Además de las competencias–clave ya definidas formalmente, (principalmente comunicación en lenguas y competencia matemática) hay que incluir una nueva competencia de Conocimiento de aspectos básicos del mercado de trabajo. Una vez que terminen el periodo de formación y hayan cumplido el objetivo de adquirir las competencias-clave, se podrá hacer un nuevo contrato, a tiempo completo, para incidir en el hábito de trabajo.
Este primer gran reto ha sido provocado por una reforma laboral cuyo objetivo era desproteger a las personas para bajarles los salarios (menos indemnización o ninguna, despidos objetivos con causas futuras, EREs dictados por el empresario, despido de los fijos e incorporación de temporales, recorte de prestaciones por desempleo…). El COVID-19 lo agudiza al cerrar el mercado de trabajo.
El segundo reto que tenemos, que el COVID-19 ha evidenciado aún más, es la absoluta necesidad de que los servicios públicos se incardinen en el sector público, que no sean un negocio. Rechinan las palabras de una exConselleira de Sanidade de Galicia cuando estaba al frente del Cluster de Salud de Galicia. Un periódico titulaba una entrevista con ella "El envejecimiento en Galicia es un hecho, un reto y una oportunidad de negocio". Rechinan más cuando se nos dice hoy: “los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a casi el 70% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad”.
El PP ha entendido la colaboración público–privada como el trasvase de trabajo del sector público al sector privado, manteniendo congelado su volumen. En el conjunto del Estado, entre 2011 y 2017 el sector público ha perdido más de 6 millones de horas y el sector privado ha aumentado en 5,8 millones. No hay más servicios públicos sino servicios públicos más privatizados. Parece obvio que la sanidad y la asistencia en establecimientos residenciales, deben tener un anclaje en el propio sector público sin transferir financiación al privado.
Hay que desarrollar un sistema de atención a la dependencia que combine a los cuidadores no profesionales, los propios familiares, con los profesionales y con la administración
Además, hay que desarrollar un sistema de atención a la dependencia que combine a los cuidadores no profesionales, los propios familiares, con los profesionales y con la administración. Este sistema se puede concretar en cooperativas de distinto nivel participadas por las diferentes administraciones: los ayuntamientos, los Consell y el gobierno autonómico.
El tercer reto es la articulación de medidas que supongan un aumento del empleo y nos permita superar los grandes desafíos que tenemos en el área medioambiental y en el área de la igualdad. Hay una tercera área que se ha puesto de relieve en esta pandemia y tiene que ver con el aprovisionamiento y producción de elementos imprescindibles de seguridad.
Para superar este tercer reto se puede recurrir a formulaciones ya conocidas, de las que se ha hablado y escrito mucho, aunque se han implantado mucho menos, como han sido los “Nuevos yacimientos de empleo”. El enfoque de los nuevos yacimientos trata de detectar necesidades sociales no cubiertas, concretadas prioritariamente en los mercados locales y regionales (de Isla), con un apoyo complementario de las diferentes administraciones, implicación directa de los agentes sociales, flexibilidad en la organización del trabajo y con rentabilidad a medio y largo plazo.
Conjuntamente a ese enfoque, se han desarrollado metodologías de Pactos Territoriales de Empleo que concretan en una institución, el propio Pacto, los objetivos y metodologías de los Nuevos yacimientos. Los desarrollos empresariales podrán concretarse en diferentes fórmulas entre las que creo que destacan las mencionadas cooperativas participadas por las administraciones.
En el terreno de la autosatisfacción hay que buscar la complementariedad de diferentes elementos. Ella será quien permita obtener una masa crítica suficiente para que sea rentable su producción. Por ejemplo, si se pretende localizar la fabricación de mascarillas, por tomar una de las necesidades que han quedado más patentes, puede no ser rentable o competitiva salvo que se vincule a la fabricación de pijamas, batas, sábanas y/o otro material sanitario de confección. Será preciso cuantificar su volumen, pero probablemente su confección por una empresa pública resulte rentable en comparación con los costes actuales.
Es en el área medioambiental donde se requiere una inversión mucho mayor que, pudiendo ser financiada por las administraciones de Baleares, permitirían generar un volumen de empleo muy importante. Dentro de los servicios de mejora del marco de la vida, la mejora de la vivienda en la perspectiva de su eficiencia energética, puede generar un más que importante volumen de empleo en un momento en el que es previsible que la construcción sufra otro parón. Actuaciones de Certificación de eficiencia energética , establecimiento de niveles aceptables y financiación a largo plazo de la adecuación a esos niveles puede permitir tanto un importante ahorro en términos de CO2, como de aumento de empleo.
Si vemos el conjunto de las posibles actuaciones aparece la financiación como uno de los elementos clave lo que nos hace pensar en la necesidad de entidades financieras públicas que articulen créditos a medio y largo plazo tanto para la puesta en marcha de las empresas, cooperativas, como para el pago de las actuaciones por los particulares, eficiencia energética, aislamiento de viviendas, etc. Hay que tener en cuenta que una parte del capital de las cooperativas se puede producir por la aportación de sus miembros de la prestación contributiva.
Estos tres retos de diferente entidad pueden permitir una transición más justa en la que nadie quede descolgado por el COVID-19. Además al adelantar y poner fecha a las actuaciones medioambientales, estamos aprovechando este tiempo para realizar la transición medioambiental, fundamentalmente energética, que precisamos.
Artículo publicado en la revista Revista Unitat-CCOO Illes Balears