Desde la princesa altiva, hasta el plebeyo electo, todos los que comparecen ante un juez para esclarecer su participación en alguna trama de corrupción acuden a la increíble excusa de que se limitaban a poner su firma o avalar cualquier acto presuntamente ilícito ignorando el alcance y el contenido de los documentos que requerían su signatura. Es de imaginar la cara de estupefacción de los magistrados primero y de cualquier persona medianamente razonable al conocer luego esas palabras, repasando el currículo de los encausados. Esas y esos “ignorantes” han ocupado durante años puestos de responsabilidad y relevancia social en la política o en las finanzas. Se han beneficiado de la pertenencia a una élite y han abusado de sus cargos para conseguir incrementar sus patrimonios o los ajenos, pero próximos, sintiéndose impunes hasta que ha estallado la burbuja de la corrupción.
Llevando al límite el principio de la presunción de inocencia, hagamos el ejercicio sublime de creer sus declaraciones. No sabían nada, confiaban en sus familiares o en sus subordinados. El argumento que no sirve para unos jubilados que depositaron sus ahorros bajo el consejo de un experto bancario circula, no obstante, con normalidad, en las salas de justicia en boca de unos personajes asesorados por prestigiosos bufetes. Vale. No sabían nada. Y eso quiere decir que una parte importante de este país ha estado en manos de irresponsables e incapaces durante demasiado tiempo. Es difícil prever el resultado de las sentencias y los resquicios legales por los que pueda diluirse la responsabilidad penal de cada uno de los encausados, pero si hemos de encontrar un aspecto positivo de esta tragicomedia nacional debiera ser en la urgencia de una revolución absoluta en el proceso de selección de los cargos públicos.
Por lo que se ve, no tendría que bastar con la confianza política, formar parte del equipo ganador en unas elecciones, para ocupar un cargo de responsabilidad que comporta el uso de los recursos públicos. El principio de idoneidad debiera convertirse en elemento esencial en la valoración de cualquier candidato a administrador de los presupuestos, a cualquier escala. Ni el amiguismo, ni el pago de favores políticos pueden justificar la designación de una persona que confiesa paladinamente que es incapaz de entender un documento de su competencia o interpretar un elemental balance de cuentas. Máxime cuando a su alrededor figura seguramente un nutrido grupo de asesores cualificados…salvo que su proceso de selección corra parejo en méritos al del alto cargo.
Lo exámenes puestos en marcha por Esperanza Aguirre son ridículos. Forman parte de la frivolidad propia, marca de la casa, y tienen el efecto de desvirtuar ante la opinión pública un método que, sin embargo, no es desdeñable. En tanto no se produzca una deseable reforma que garantice la profesionalidad de la mayor parte de los escalones administrativos, dejando para los políticos los niveles de decisión que garanticen el desarrollo de un proyecto respaldado democráticamente, corresponderá a los partidos políticos asumir la responsabilidad, pero también el riesgo, de incorporar en sus listas, y adecuar a las necesidades colectivas, a las mujeres y los hombres que no sólo tengan la voluntad de servir, sino la mínima capacidad para hacerlo correctamente. No es un problema de biografías preñadas de titulaciones académicas, sino de un estudio individualizado de la adecuación a un cargo que se retribuye con los impuestos de los ciudadanos. La libre designación no es una bolsa de premios al azar, sino un recurso para garantizar la coherencia de una acción de gobierno. A veces, no lo parece.