En España sabemos que cuando la derecha ladra, es porque los comunes cabalgan. En la pandemia por el Covid-19 no iban precisamente a cortarse. Esta es la historia de España, en cuanto los de la cartera forrada atisban que van a dejar de ganar todo lo que tienen previsto, y que se abre la posibilidad de cierto reparto de rentas, sacan a la jauría a ladrar a las calles en contra del progreso de la mayoría.
La ciudadanía presencia atónita como se eleva la voz en sede parlamentaria o delante de cualquier micrófono y se llama comunista al Gobierno de coalición como insulto. Como si se pudiera borrar de la memoria de los españoles la heroica lucha constante de los comunistas –sin faltar a la cita con las luchas un solo año, de los cuarenta que duró la dictadura- para conseguir derechos sociales y políticos que están escritos en la letra de la Constitución española y de los que hoy se enorgullece la mayoría de la población. Sin el concurso de los comunistas este país no disfrutaría de las libertades y de la democracia que hoy existe.
Quiero recordar, que ya en la II República, en los momentos de guerra más dramáticos, el principal sustento político y organizativo del presidente Negrín fueron los comunistas, que hicieron gala con él de ese “resistir es vencer”, apoyando el legítimo Gobierno hasta el final, hasta el minuto en que el Coronel Casado decidió reventar por dentro la Resistencia y entregó Madrid. Los comunistas lo pagaron caro.
Durante la Transición es conocido como se comportaron los comunistas. Apoyaron con lealtad el Gobierno de Adolfo Suárez para sacar adelanten los consensos y esos derechos sociales constitucionales por los que tanto habían peleado en las calles y en los tajos. Digamos que entendiendo lo que significa la palabra que los define, se dejaron casi hasta el nombre por el bien común.
Es intolerable el continuo intento de desprestigio de unas gentes que se dejaron la libertad, y en muchos casos la vida (solo un ejemplo, Abogados de Atocha, asesinados por fascistas ultras para meter miedo y frenar los cambios políticos que se avecinaban) para conseguir la democracia de la que disfrutamos.
Y siempre son los mismos ultras los que ladran, esos que llegado el momento si están en el poder roban a manos llenas, privatizan para engordar su lucro, crean policías patrióticas y cloacas para perpetuarse en el poder y manchar el nombre de los opositores; y si están en la oposición insultan y patalean, salen a las calles envueltos en la bandera de todos intentando provocar tumultos con su fanfarronería, fabrican bulos y enfangan, manchan con mentiras todo lo que tocan, y si eso no basta, son capaces hasta de llamar a la rebelión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra el Gobierno legalmente establecido, votado en las urnas.
La escalada
La ciudadanía presenció primero como los hijos pijos de los barrios altos, a los que representan PP y VOX, agarraron la cacerola de marca y el palo de golf y salieron a las calles a defender sus privilegios de clase saltándose el confinamiento, armando bulla, y golpeando el mobiliario urbano al grito de “Libertad, Libertad, Libertad”. Una “Libertad” arrojadiza, eso sí. Reclaman una “libertad” solo para ellos, los de su clase, una “libertad” manchada por el sufrimiento de los estómagos vacíos de miles de personas que han caído en las cunas del hambre durante esta pandemia, debido en gran medida a los miles de recortes sociales que ellos realizaron en el Gobierno con su gestión nefasta de la anterior crisis.
En España la “libertad” de los ricos siempre es costosa para el resto, se traduce en hambre, precariedad y vidas indignas por doquier. No hay que olvidar que la primera vez que rompieron el confinamiento para protestar fue en el barrio de Salamanca de Madrid, uno de los lugares con la renta per cápita más alta de España. Lo hicieron justo al día siguiente en que el Vicepresidente Pablo Iglesias explicitara su propuesta de reforma fiscal para incrementar el gravamen al patrimonio, a las rentas altas y a los bancos. ¿Es casualidad?
A partir de ahí se armó el bochinche: ¿quién tiene la bandera más larga?
Y es que cuando a la derecha española le tocas la cartera, salta. Da igual que se trate de que arrimen un poco el hombro, para poder reconstruir el país tras los efectos de la pandemia. O de que se les exija que hagan lo que tienen que hacer, cumplir la legalidad como todo hijo de vecino, que se ofenden por todo lo alto. El Gobierno tuvo que enviar inspectores de trabajo al campo, simplemente para que los terratenientes y ganaderos observen las normas de contratación -que ya son bastante precarias de por sí, debido a la draconiana involución laboral de Rajoy- y paguen los salarios a los trabajadores del campo. La consecuencia es que saltan también esos terratenientes de siempre, los de capote y montería, que para eso hicieron una guerra –que no se nos olvide- y se vuelven locos acusando de persecución, dictadura y no sé que más a un Gobierno que lo único que pretende es que se cumpla la legalidad, funcione la sanidad y los suministros sin explotar personas, para salir de esta evitando tener las calles plagadas de pobres de solemnidad. En su escalada, asociaciones que pertenecen a patronales del campo, se han llegado a permitir el lujo de amenazar públicamente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por instar a que los funcionarios de la Inspección Laboral hagan aquello por lo que reciben su nómina: cumplir las normas laborales.
Y es dramático lo que sucede en España. Existe un empresariado cutre acostumbrado a limpiarse los mocos con el papel legal. Y cuando la inspección de trabajo se pone a inspeccionar encuentra, por ejemplo, que 9.500 precarios han sido despedidos ilegalmente durante la pandemia, y ha obligado a su readmisión (noticia de Público, 3/6/2020).
Y es que este tipo de actuaciones gubernamentales de defensa y obligación de cumplimiento de las leyes en vigor para que mejore la vida de los comunes tiene mala prensa entre la derecha y la ultraderecha patria, que defienden los intereses de un tipo de empresariado muy mal acostumbrado.
Ruido mediático
El ruido mediático y la bronca permanente promovida por la derecha española ha acompañado al Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos desde el momento de la investidura. Ya se sabe que la derecha en España tiene un sentido patrimonialista del poder político: solo entienden la democracia cuando gobiernan ellos, porque les interesa mantener la economía dentro de unos parámetros que permita a los de su clase poder seguir apropiándose de lo colectivo y rentabilizarlo para su propio beneficio.
Quieren perpetuar un entramado económico, político y judicial en torno a un capitalismo de amiguetes corrupto, montado por Aznar con las privatizaciones de las grandes empresas públicas de la comunicación, la energía, etc, y si ven peligrar mínimamente su nido, prefieren que todo salte por los aires.
Y en esas están, intentando incendiar el país, sembrando el odio envueltos en los colores de una bandera que es de todas las personas y que al apropiársela para odiar, desprestigian y asesinan su significado simbólico.
Ya pasó con los gobiernos anteriores del PSOE, especialmente con el de Zapatero, al que le sacaron las banderas y hasta las vírgenes en procesión para exigir “su” libertad. Arrojaban rojigualdas, cristos y vírgenes contra el derecho de la mayoría a amar como y a quien de la gana, contra el derecho de las mujeres a ser ampradas por la ley contra la violencia machista o contra el derecho de las y los niños y jóvenes a disponer de Educación para la Ciudadanía.
La desgracia es que el poder económico, como no se vota, no cambia de manos y ese nunca lo pierden. Lejos de conformarse, en cuanto pierden el poder político en unas elecciones usan esos poderes económicos para lanzarlos contra el Gobierno como bombas de racimo sobre cualquier asunto, utilizando medios de comunicación bien aleccionados para escupir al aire todas las “insinuaciones” o medias verdades, en el mejor de los casos, o directamente las noticias falsas que hagan falta.
En España tenemos un problema grave con la derecha. La derecha española is different. No tiene nada que ver con la europea. ¿Alguien ha visto a Marine Lepen, por poner un ejemplo extremo, hacer lo que está haciendo el PP de Pablo Casado y el partido verde vómito en España, para intentar derribar al Gobierno de la nación en medio de una emergencia sanitaria y social por pandemia?
El pistoletazo fue en las calles de un barrio rico de la capital, donde saben los señoritos que no les van a tocar ni un pelo. Cuando se manifiestan ellos, fuera de la ley, saltándose el decreto por confinamiento -arriesgándose a contagiar a diestro y siniestro- no ocurre nada. Entre el miedo atávico que hay instalado en el país a una derecha enquistada de franquismo y unos cuerpos de seguridad ciudadana minados de efectivos que comulgan con el fascio –Jusapol es la prueba- las derechas saben que tienen poder para presionar y provocan en las calles, a ver si es posible obtener el triunfo que siempre les proporciona la violencia. Desmontar las cloacas dentro del Ministerio del Interior y democratizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estados es una tarea imprescindible, por mucho que ladren y agiten los ultras en los medios.
A la ciudadanía, a los comunes, les toca actuar con cautela y denunciar. Toca exigir que se cumpla la ley, toca callar a las derechas (tan ultras como siempre) con aplausos a la sanidad pública y a los servicios esenciales en las calles, y con trabajo solidario de mimo a los vecinos y vecinas más castigados por la pandemia, en los barrios. Es necesario mostrar que este sistema de apropiación capitalista que cercena derechos, del que se aprovechan y exprimen para su propio beneficio esos pocos de la cacerola pija y el palo de golf, no es viable. Que los recortes en la sanidad y en los servicios públicos y las privatizaciones generan pobreza, desesperación y un sistema que desabriga en cuanto se produce una eventualidad, tal como ha sucedido en esta pandemia, solo hay que ver lo que sucede en la Comunidad de Madrid, su buque insignia, donde ha sido miles de vidas más cruenta que en el resto de España. Cuanto más se va sabiendo sobre lo sucedido en las residencias de mayores y las órdenes que se dieron desde la Consejería de Sanidad, privando del derecho a la atención sanitaria a miles de ancianos, más gritan para ocultar su responsabilidad directa en fallecimientos por desatención.
La derecha española atruena con su maquinaria de derribo de un Gobierno plenamente legítimo y constitucional, votado en las urnas por el pueblo, como hace siempre que le tocan sus privilegios. Medios de comunicación que exudan bulos, que exaltan la mentira y llenan las pantallas de la televisión de bustos parlantes que arengan consignas sin sentido, pero que calan, en ocasiones, en la opinión pública poco cultivada. Tertulias radiofónicas que se llenan de “expertos” que pregonan las veinticinco plagas bíblicas si se derogan leyes que se ha demostrado que hieren el cuerpo social y lo adelgazan, pero engordan las cestas de frutas tropicales de paraíso de los ricos, como la ley de involución laboral de Rajoy, que pretenden los “empresarios” patrios que siga siendo inmutable o a lo sumo se le de una fina capa de crema hidratante.
Su principal argumento falaz es que el Gobierno actuó tarde y lo hace mal. Y pregunto, ¿lo ha hecho mal el Gobierno?
El Gobierno de coalición en España actuó con celeridad, poniendo en marcha con premura un Estado de alarma que se ha mostrado eficaz para contener la pandemia. Pero además, y esto es lo que saca de quicio a la derecha –que pelea por sus intereses de clase y su poder, caiga quien caiga- de forma paralela ha puesto en marcha un paquete de medidas económicas, políticas, sociales y de regeneración que ponen en cuestión el capitalismo ramplón, corrupto y privatizador de lo público, cuya idea es que cuanto más flaco sea el Estado, mejor, y que sirve a unos muy determinados intereses en este país que se llama España. Un modelo que tiene que ver con la dignidad, la cohesión social y el confort de las grandes mayorías sociales, y no con perpetuar los privilegios de unos pocos.
El Gobierno de coalición ha mostrado de forma contundente que lo que de verdad ampara y da cobijo a las personas cuando vienen mal dadas es un Estado fuerte, lo público nunca se pone de perfil. Durante la pandemia ha quedado demostrado que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta contundente, con planificación y coordinación eficaz que proteja y de seguridad a las personas, y cito palabras del Vicepresidente, Pablo Iglesias, compareciendo ante los medios.
Lo que verdaderamente escuece a la derecha es la puesta en marcha de un paquete de medidas legales y económicas sin precedentes en España para asegurar el bienestar de la población, como son: acuerdos con la patronal para poner en marcha ERTES que protejan el empleo; la prohibición los desahucios sin alternativa habitacional; aprobación de la moratoria en el pago de hipotecas; prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, gas, agua…); prohibición de los despidos por causas derivadas del Covid-19; subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar; aumento del 22% en la inversión en becas para el curso 2020-2021; aumento de las becas comedor para garantizar la alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad; servicios de acogida para mujeres victimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres; moratoria de seis meses para el pago de las cotizaciones para autónomos y Pymes y la compatibilización de prestaciones con el desempeño de labores agrarias. Como colofón, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un Ingreso Mínimo Vital que resquebraja los cimientos del discurso de la derecha, rompe la unidad del trío de Colón, y deja en evidencia a todos aquellos que voten de forma negativa en el Parlamento contra una medida social necesaria, que salva vidas y saca a las personas más desfavorecidas de las cunas del hambre por la vía de los derechos. Se calcula que unas 850.000 familias pueden acogerse al Ingreso Mínimo Vital, unos 2,3 millones de personas, fundamentalmente hogares con hijos. Este es uno de los avances en redistribución de rentas más importantes de la democracia. Son los tres mil millones de euros anuales mejores invertidos por un Estado cuyo deber es cuidar a su ciudadanía más vulnerable, ¿cabe un orgullo más grande?
La prueba de que el Gobierno lo ha hecho y lo está haciendo bien es precisamente que la derecha ladra muy fuerte, tanto como perros desesperados al paso de Don Quijote y Sancho por las llanuras de La Mancha reclamando justica social. Millones de Quijotes y de Sanchos han poblado la historia de España y nunca han dejado de exigir justicia social. Tampoco hoy. Que ladren pues, nosotros a caminar.
Texto e imagen de Carmen Barrios Corredera