Es imposible separar
un cubo en dos cubos.
Pierre de Fermat
Que el procés iba de referéndum, y no de República, era algo sabido por todos... salvo por los CDR e independentistas de a pie, movilizados con su señuelo. Ahora el magistrado Manuel Marchena lo ha puesto por escrito en la razonada sentencia del Tribunal Supremo, cuya solidez jurídica será puesta a prueba por los recursos ante el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Y el President Torra, en su papel de Gila llamando al enemigo en la Moncloa, que no puede arriesgarse a cogerle el teléfono con unas elecciones a la vuelta de la esquina, se encarga de recordarlo siempre que se presenta la ocasión. Es la conjetura independentista, que podríamos formular de la siguiente manera: si se crea un conflicto político institucional de suficiente magnitud, y se añade la suficiente presión social multitudinaria (con la adecuada dosis de violencia hongkonesa, como defiende ANC), el gobierno de España se verá obligado a negociar un referéndum de autodeterminación que permita (a la primera, o a la segunda, a la tercera...) la separación negociada y, por tanto, la aceptación de la República Catalana por la Unión Europea, que es el espacio necesario para que sea viable. Sin embargo, la conjetura independentista es irresoluble al estar inscrita en el modelo más amplio y general de España, un importante país de la Unión Europea, miembro de la OTAN, con un elevado reconocimiento de su calidad democrática (1). Por eso no ha conseguido el apoyo de ningún Estado, ni organismo internacional, más allá de las anecdóticas ayudas de partidos independentistas, algunos de carácter ultraderechista, o políticamente irrelevantes.
Por tanto, para entender la situación creada en Cataluña, y la relación del Gobern con el Gobierno de España, hay que partir de que el objetivo estratégico del independentismo es conseguir el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la realización de un referéndum de autodeterminación pactado. Todos los movimientos tácticos de los partidos independentistas (movilizaciones, declaraciones institucionales, llamadas telefónicas, mesas de diálogo), pese a sus evidentes diferencias de tiempo y modo, están orientados hacia dicho objetivo. Y su única salida operativa es forzar un diálogo que conduzca a la realización del ansiado referéndum de autodeterminación. Por tanto, un diálogo con el gobierno de España imposible mientras la autodeterminación esté, sola o acompañada de otras propuestas, sobre la mesa. se crea así, una situación de equilibrio catastrófico donde la fuerza institucional del independentismo y la movilización social no pueden ser obviadas pero no tienen la capacidad de forzar el ansiado diálogo sobre autodeterminación. Cuando la lucha política se atrinchera, y no se vislumbra una victoria (el procés ha fracasado pero el independentismo sigue vivito y coleando) solo cabe negociar un armisticio. En este caso, la negociación de una consulta acordada, como veremos más adelante.
La inmediatez de las elecciones generales impide cualquier aproximación dialogante al conflicto. Habrá que esperar al resultado electoral, y la posterior investidura del nuevo gobierno, para abordar la cuestión, algo que se presume bastante complicado
Para complicar más las cosas, la inmediatez de las elecciones generales impide cualquier aproximación dialogante al conflicto. Habrá que esperar al resultado electoral, y la posterior investidura del nuevo gobierno, para abordar la cuestión, algo que se presume bastante complicado. En ese sentido, resulta razonable la pretensión de Sánchez de formar un gobierno fuerte y estable, sin dependencias parlamentarias del independentismo catalán. Lo que explica su prudente ejercicio de serena firmeza, bajo el principio de la ética de la responsabilidad, a fin de no alimentar las críticas furibundas de la oposición. Pero el previsible resultado electoral no parece que le vaya a poner las cosas fáciles al PSOE. De ahí que el panorama no pueda ser más perturbador. Esta debilidad coyuntural ofrece un flanco de ataque que está poniendo a prueba la capacidad resiliente del Estado. Y la estatura política de nuestros políticos a izquierda y derecha.
Posibilidades de salida al conflicto
Sin duda la tensión social generada por las masivas movilizaciones independentistas con la sentencia del Tribunal Supremo, y los disturbios callejeros con su secuela de destrozos, heridos y detenidos, tendrá un importante impacto en las próximas elecciones. Veremos en qué dirección y magnitud. Pero sea cual sea el resultado, la cuestión catalana seguirá vivita y coleando, a la espera de una salida pactada, o un enquistamiento peligroso que puede cebar el próximo estallido de la crisis. Pongámonos, sin embargo, en el mejor de los escenarios posibles, con un gobierno progresista establecido y estable. Incluso en el hipotético caso de que la situación se haya estabilizado, la conjetura independentista seguirá ahí, con su peculiar guerra de desgaste. Será entonces el momento de afrontar, de una vez por todas, la salida política a un conflicto que también está demostrando su gran resiliencia. O arriesgarse a un estado de crisis permanente que a nadie beneficia, y que puede cebar el próximo estallido. Veamos, pues, cuáles pueden ser, en principio, las salidas que hoy se proponen:
- Por parte del independentismo: referéndum de autodeterminación acordado con el gobierno.
- Por parte del PSOE: la vía estatutaria, con un importante mejora del autogobierno, y posterior referéndum. Lo que no deja de ser una repetición mejorada del fallido intento de 2006.
- Por parte del PP y Cs: defensa cerrada del status quo, mantenido mediante el recurso de los instrumentos legales disponibles, en especial una versión dura del artículo 155.
- Por parte de Unidas Podemos: amplia mesa de diálogo, sin líneas rojas, donde se debatan todas las propuestas, y en la que la coalición de izquierdas defendería el referéndum de autodeterminación. (2)
Todas estas propuestas adolecen del mismo vicio de origen: son conjeturas irresolubles. Así, el referéndum de autodeterminación es, cuestiones jurídicas y de la filosofía del derecho aparte, un imposible fáctico porque exige la reforma sustantiva de la Constitución, que consagra el principio de unidad en el Art. II, algo inviable cuando una gran mayoría de fuerzas políticas no lo quiere, de acuerdo al sentir mayoritario del soberano pueblo español, que deberá de refrendarla (3). El referéndum vinculante solo es posible tras un proceso previo de cambios constitucionales, porque en España no puede acordarse su realización con el gobierno, como ocurre en Gran Bretaña (4). Si lo intentara, como pretenden los dirigentes de Unidos Podemos, bastaría un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidarlo. Por su parte, la reforma del Estatut no solo es insuficiente para el independentismo, sino que tendría serias dificultades para superar lo acotado por el Tribunal Constitucional. La propuesta inmovilista de seguir como hasta ahora, reforzando los mecanismos de represión legal frente al independentismo, sería tanto como apostar por la cronificación del conflicto, con el riesgo de escaramuzas permanentes entre el Gobern y el Gobierno, que incrementaría irresponsablemente la desafección ciudadana, propiciaría el auge de la extrema derecha, al tiempo que se ahondaría en la brecha entre catalanes, y entre estos y el resto del país. Finalmente, la mesa de diálogo, en caso de llegar a darse, algo bastante improbable, no sería operativa al integrar en un mismo espacio el independentismo irredento catalán y el nacionalismo exacerbado español. Por todo ello la única forma de abordar la cuestión no puede venir de la mejora del Estatut, ni de un referéndum de autodeterminación no contemplado en ninguna democracia avanzada, o una inoperante mesa de partidos (5).
Un imperativo democrático
La única propuesta que aúna la obligada factibilidad política con el deseable pacto territorial es la de una consulta acordada que posibilite, si se cumplen los requisitos, iniciar un proceso de negociación sobre la relación de Cataluña con el resto de España. Porque resulta evidente que cuando más del 45% de la población de un territorio con características lingüísticas, culturales, y un patrimonio histórico común, desea independizarse, y un 80 % apoya que la ciudadanía catalana pueda pronunciarse sobre sus preferencias a la hora de definir la relación con el resto de España, la consulta acordada se convierte en un imperativo democrático, al tiempo que representa el único espacio de confluencia entre constitucionalistas e independentistas. Algo que tiene la ventaja de poder realizarse sin necesidad de reformar la Constitución: bastaría una interpretación creativa del Título III, artículo 92 (6). Sería una especie de modelo español de la vía canadiense que, partiendo de la legalidad del Estado Social y democrático de Derecho español, permitiera negociar las condiciones, formas y maneras de realizarse (mecanismos de puesta en marcha, límites temporales, modelo de pregunta, porcentajes de participación y votos para ser válida, etc.) de la consulta acordada. Una vez realizada, si el resultado fuera claramente mayoritario a favor de la independencia, se iniciaría un proceso de negociación de las condiciones para una separación pactada. El proceso podría desarrollarse de la siguiente forma:
1. Petición del Gobern de la Generalitat al Gobierno de España, previa aprobación por una mayoría reforzada del Parlament, de autorización para realizar una consulta acordada sobre la futura relación de Cataluña con el resto del país.
2. Negociación entre el Gobierno y el Gobern de las condiciones (pregunta, porcentajes de validez, etc.) de dicha consulta acordada.
3. Aprobación de la consulta acordada por mayoría en el Congreso de los Diputados, y por mayoría reforzada en el Senado.
4. Realización de la consulta acordada de acuerdo a las condiciones pactadas.
5. Tras los resultados, de cumplirse las condiciones de validez, y si los votos favorables a la separación superaran el porcentaje mínimo exigido, se iniciaría un proceso de negociación de la separación entre sendas comisiones del Gobierno y el Gobern.
6. Aprobación por mayoría reforzada por el Parlament de Cataluña y el Parlamento español del acuerdo de separación.
7. Finalmente, ratificación mediante referéndum de todos los españoles.
Soy consciente de que, en la situación actual, plantearse la mera posibilidad de dicha consulta acordada, no deja de ser una utopía. En primer lugar, porque no se vislumbra un partido político con el necesario coraje para proponerlo y la suficiente capacidad operativa para llevarlo a cabo; en segundo lugar, porque el independentismo no está lo suficientemente maduro, pese al fracaso del procés, como para aceptar una vía democrática que dificulta notablemente la consecución de sus objetivos separatistas, pese a no impedirlos; en tercer lugar, porque nuestra derecha, en sus distintas versiones, es incapaz de contemplar la mera posibilidad, por muchas garantías que se acuerden, de la separación de una parte de España. Y para impedirlo no dudará en recurrir a todos los instrumentos y métodos a su alcance. Pero alguna vez habrá que hincarle el diente a un problema, cuya reiteración histórica demuestra su arraigo cultural. Y que de no ser abordado puede terminar perturbando gravemente el funcionamiento político, económico y social de nuestro país. La política del avestruz no reducirá, sino todo lo contrario, la gravedad, amplitud y pujanza del desafío independentista. Y va siendo hora de reconocer la incapacidad de resolverlo dentro del actual modelo autonómico. Corresponde al conjunto de la izquierda la tarea de liderar un nuevo consenso territorial que permita al independentismo desarrollar, dentro de los cauces legales, sus legítimas aspiraciones. No tenemos mucho tiempo para ello. Salvo que apostemos porque la integración supranacional de la Unión Europea, inscrita en el horizonte estratégico socialista, junto al poderoso efecto globalizador de la Revolución Digital, nos permita salir del tiempo congelado de la actual crisis socioeconómica y territorial. Tal vez entonces la conjetura independentista se convierta en una curiosidad histórica.
(1) España se mantiene, año tras año, como una democracia plena según el Democracy Index 2018 (The Economist), ranking elaborado por la división de Inteligencia del prestigioso medio británico, sitúa a nuestro país en el puesto 19 de 165, con una calificación de 8,08 sobre 10.
(2) En el programa para el 10-N de Unidas Podemos se apuesta por un referéndum pactado para tratar de solucionar la crisis territorial en Cataluña: La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España. Pero no la considera una línea roja, en consonancia con el compromiso de Pablo Iglesias a firmar un documento de acatamiento a las directrices del PSOE en esta materia.
(3) El caso del Estado libre de Baviera, que fue reino independiente desde 1806 hasta la unificación alemana en 1871, resulta pertinente. La resolución del Tribunal Constitucional de Alemania sobre Baviera sentencia que: en la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional.
(4) En el caso de Canadá, esa potestad la tiene el gobierno de Quebec, que ya la ha ejercido dos veces, pero que actualmente debe ajustare a la llamada Ley de Claridad, aprobada por el Parlamento nacional en 2000 tras el fallo unánime del Tribunal Supremo de Canadá, en 1998. Ver el artículo de Adrian Shubert Los límites de la vía canadiense.
(5) Hay pequeñas excepciones como Etiopía, el estado caribeño formado por las islas de San Cristóbal y Nevis, Bolivia (que lo otorga a las naciones indias del país), Ecuador (a los pueblos indígenas). Ver el trabajo del profesor José Antonio Perea Unceta, El secesionismo catalán en el contexto del Derecho Internacional Igualmente, 400 miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, sostienen que Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, por lo que la libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia. Y añaden que la UE respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados. Y que el derecho de la Unión exige de éstos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación.
(6) El Título III, artículo 92, señala que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. En este sentido van las reflexiones del ex-presidente del Consejo de Estado y el ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente. Ver artículo Un referéndum para Cataluña.
(7) Para desarrollar este proceso puede ser muy útil el dictamen de la Corte Suprema de Canadá sobre la secesión de Quebec, y la Ley sobre la Claridad del 7 de diciembre de 200