El presidente de Gobierno tras minimizar el efecto de la corrupción ha tenido, al igual que Esperanza Aguirre, que pedir perdón
El lunes 27 de octubre por la mañana oigo por la radio y luego leo en algún diario las declaraciones del presidente del Gobierno sobre que la corrupción es poca, si la comparamos con el conjunto de la población española. Me pareció un despropósito de gran envergadura el hacer una declaración de este tipo, hasta el punto de que lo sentí como una agresión más a los ciudadanos de las muchas que se están sufriendo. A las pocas horas se informaba por los medios de comunicación de una gran redada contra más de cincuenta personas acusadas de corrupción, prácticamente casi todos cargos del PP entre los que sobresale Francisco Granados, que ha ocupado cargos de responsabilidad en el partido y en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Una operación que puso de manifiesto no solamente lo inoportuno de la declaración del presidente de Gobierno sino que dejaba al descubierto la gran irresponsabilidad de quien tiene la responsabilidad de gobernar. La corrupción es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según los diferentes sondeos realizados por entidades públicas y privadas. Pero, además, está agudizando el desprestigio de los políticos y de los partidos, lo que supone que está contribuyendo al deterioro de la democracia. La situación es suficientemente grave para que se realicen declaraciones frívolas y superficiales sobre este cáncer que se está padeciendo y extendiendo con unos efectos perniciosos sobre la economía, la política, la credibilidad de las instituciones, la sociedad y los valores.
La corrupción se encuentra muy concentrada en un segmento reducido de la población española pero que afecta a parte significativa de las elites económicas y políticas, así como a gobernantes en las instituciones del Gobierno central, Comunidades Autónomas y locales. Esto es lo que resulta realmente preocupante, pues lo primero que salta a la vista es la pérdida de credibilidad que esto supone. La cantidad bastante numerosa de personas que ocupando puestos de responsabilidad y gobierno sean precisamente las que se salten a la torera las normas vigentes resulta algo realmente escandaloso cuando tendrían que ser los que tienen que cumplir la ley, hacerla cumplir, así como velar porque no se produzca su incumplimiento. La degradación moral, aparte del daño económico y político, que esto produce es de tal calibre que la sociedad española se aleja cada vez más de los que teóricamente son sus representantes, quebrando la cohesión y el compromiso constitucional.
El elevado fraude fiscal, la evasión de capitales y el alto grado de corrupción provoca que los españoles en su conjunto pierdan capacidad adquisitiva y derechos. No cabe duda de que sin estas lacras, al nivel que se están dando, se obtendría mayor bienestar material y no se resentirían tanto los gastos de bienes básicos, como la Educación, Sanidad y políticas sociales en general. Gran parte de la violación de la ley se produce en el sector de la construcción y compras del sector público, por lo que los españoles tienen que pagar más caras las viviendas, y las obras y servicios públicos, pues las empresas que corrompen pagan las comisiones como un coste que luego lo repercute en el precio para preservar los beneficios, que suelen ser además bastante sustanciosos.
Aquí viene la segunda parte, pues hay corruptos porque hay corruptores, y en los hechos que tratamos, aunque en esta ocasión han sido detenidos algunos mal llamados empresarios, hay importantes empresas que para ganar concursos públicos pagan las mencionadas comisiones. Algunas de ellas aparecen en los papeles de Bárcenas. No se conoce a ninguna que haya denunciado estas prácticas que se encuentran, parece ser, bastante generalizadas. Conviene preguntarse cómo ocultan las empresas este pago, pues solamente hay dos formas, o bien metiéndolos en otros, o bien con dinero negro y cajas “b”. En el primer caso, se falsifican gastos y aparecerán algunos sin justificar, lo que es un fraude, en el segundo se está cometiendo un delito. Convendrá investigar más estos comportamientos empresariales que son una fuente de la corrupción.
El presidente de Gobierno tras minimizar el efecto de la corrupción ha tenido, al igual que Esperanza Aguirre, que pedir perdón. La oleada que se está sufriendo no es para menos, pero con el perdón no vale porque el daño está hecho. Tampoco se puede decir que es el resultado de la codicia de personas individuales, y que esto no afecta a los partidos, cuando hay verdaderas tramas organizadas. Lo que se necesitan son acciones, comenzando por dimisiones de los responsables y dirigentes de los partidos.
Hay que tomar además acciones eficaces, como cambiar las leyes para ajustarlas a las nuevas formas de delincuencia, dotar de más medios a la inspección de hacienda y al tribunal de cuentas, a la justicia y policía que investiga estos casos, y tomar medidas con carácter de urgencia. Entre las más inmediatas propongo bajar a 50.000 euros el delito fiscal y aumentar el periodo de prescripción de los fraudes a la hacienda pública, de manera que los cinco años solo serían para las sanciones de naturaleza administrativa y cuando hubiera delito se tendría que ampliar a los quince años. Exigir más rigor a las auditoras privadas, siendo penalizadas cuando no cumplan sus funciones adecuadamente, y combatir el fraude fiscal con mayor grado de eficacia. El Gobierno deberá ser beligerante contra los paraísos fiscales, el secreto bancario y proponer impuestos sobre las grandes fortunas, entre tantas cosas que se deberían hacer pero que no se hacen.