La realidad actual de nuestro país, refleja con claridad la pérdida de calidad de vida que está sufriendo una amplia mayoría de españoles como consecuencia de la crisis y las medidas que el Gobierno está llevando a cabo utilizando ésta como excusa; esta realidad nos muestra:
Un escandaloso nivel de desempleo sobre todo en la juventud, unas reducciones salariales y pérdida de derechos laborales muy importantes en aquellos que aún mantienen un puesto de trabajo, unos brutales recortes en servicios públicos esenciales con la consiguiente reducción de prestaciones y la instauración de copagos, unas cifras de familias desahuciadas que sonrojan a cualquier persona decente; es decir un retroceso de décadas en los niveles de bienestar social.
El incremento de las desigualdades sociales en nuestro país en los últimos años, nos coloca entre los países donde éstas son más significativas. Las estadísticas indican que muchos españoles están en el umbral de la pobreza, otros ya son pobres de solemnidad sin capacidad para subsistir y lo más grave es que muchos niños sufren esas consecuencias presentando cuadros de desnutrición; es decir un escenario que pone en entredicho “la falsa realidad” que el Gobierno trata de transmitir en un ejercicio obsceno de cinismo.
En este contexto, los ciudadanos conocen que la situación descrita coexiste con la existencia de numerosos casos de corrupción en la gestión de las Administraciones Públicas; esas prácticas se producen en diferentes lugares gobernadas por organizaciones distintas, pero ciertamente los casos más graves y más frecuentes afectan a las gobernadas por el Partido Popular que al ser el partido que sustenta al Gobierno de España agrava aún más la cuestión, sobre todo si tenemos en cuenta que la propia estructura del Partido Popular está siendo investigada en sede judicial por presunta financiación irregular, existencia de contabilidad b y conexiones muy estrechas con la trama mafiosa Gürtel.
Una buena parte de la ciudadanía tiene la sensación que las prácticas presuntamente corruptas se realizan con impunidad; lo cierto es que todavía hoy ningún responsable de los desmanes que se efectuaron en nuestro sistema financiero, y que necesitaron de un rescate multimillonario que están pagando todos los españoles ha ingresado en prisión; asimismo la ciudadanía asiste al intolerable espectáculo de ver como responsables políticos juzgados y condenados por delitos graves utilizan de manera espúrea la petición de indulto y mientras ésta se tramita eludir también la ejecución de la pena impuesta. Estos hechos ahondan la percepción que los ciudadanos tienen de una justicia que no es igual para todos. El desarrollo que está teniendo el “caso Blesa” puede ser ilustrativo de lo antes expuesto, el citado señor como máximo responsable de Caja Madrid puso en marcha la estafa de las preferentes y según hemos sabido realizó operaciones presuntamente delictivas, pues bien lo que ha ocurrido es que el juez que investigaba estos hechos y decretó por dos veces la prisión de Blesa ha sido separado de sus funciones y corre serio peligro de ser inhabilitado mientras la investigación judicial para determinar los delitos graves que presuntamente hubiera podido cometer el expresidente de Caja Madrid ha estado parada demasiado tiempo.
Parecería razonable entender que ante esta situación social nuestros gobernantes debieran abandonar el talante autoritario con que están ejerciendo el poder, asumir sus errores, colaborar activamente con la justicia para llevar a cabo la profunda regeneración que nuestro país necesita y modificar de inmediato una política, que hace que quienes no provocaron la crisis la estén pagando con las dramáticas consecuencias que han sido expuestas anteriormente; asimismo exigiendo que quienes están consiguiendo enormes beneficios durante la crisis (entidades bancarias, grandes empresarios y grandes fortunas) aporten mucho más para estabilizar nuestra economía y evitar el camino de España hacia el subdesarrollo. Nuestro país no puede tolerar que muchos españoles estén en niveles insoportables de pobreza y el fraude fiscal tenga cifras astronómicas.
Por desgracia no parece que el gobierno tenga interés alguno en rectificar su política. Su respuesta no es sólo mandar callar en tono imperativo al líder socialista, Sr. Rubalcaba, sino intentar acallar al conjunto de la ciudadanía con la intención de aprobar una ley de Seguridad Ciudadana (sin ninguna demanda social exigiéndola y en un país bastante seguro como lo es España) que pretende realmente limitar los derechos fundamentales de reunión y manifestación; mientras esa nueva ley mordaza se aprueba el gobierno está utilizando de manera desproporcionada a los cuerpos de seguridad del Estado para intentar acallar las protestas ciudadanas cada vez más intensas y constantes, toda vez que se siente agredida por las decisiones que los responsables gubernamentales toman. El proyecto de ley presentado por el Ministro de Justicia, Sr, Ruiz Gallardón, es un ejemplo más de agresión a la ciudadanía que ha recibido el rechazo de la práctica totalidad de la sociedad española, ha abierto una brecha en el propio PP y ha merecido incluso el rechazo de la líder más importante de la extrema derecha europea, la Sra. Le Pen. Una vez más la derecha española, haciendo honor a su historia, trata de impedir el progreso y desarrollo de nuestro país.
Ante estos hechos los ciudadanos están reaccionando, manifestando de manera clara su rechazo a esta forma de ejercer el poder y así hemos asistido a varios episodios que deberían ser motivo de reflexión para quienes están gobernando nuestras Instituciones. Veamos:
Lo ocurrido en el barrio de Gamonal en Burgos supone la manifestación de la indignación y el hastío de los ciudadanos ante el comportamiento de un Ayuntamiento y un Alcalde que actúan de espaldas a los intereses de una inmensa mayoría de sus vecinos. El PODER CIUDADANO ha sido lo que ha determinado la retirada del proyecto de construcción del bulevar.
La huelga de los trabajadores de la limpieza en Madrid significó la respuesta contundente de éstos ante las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y su Alcaldesa, Ana Botella, que permitía que las empresas adjudicatarias pudieran despedir a cerca de 1000 trabajadores. La acción organizada de los trabajadores y el apoyo que una mayoría de madrileños que soportaron solidariamente las incomodidades, consiguieron no se produjese ningún despido. Una vez más el PODER DE LOS TRABAJADORES Y EL APOYO CIUDADANO impidieron se pudiese consumar un nuevo desmán propiciado desde una institución pública, el Ayuntamiento de Madrid.
La marea blanca, apoyada por la práctica totalidad de madrileños significa la respuesta continuada de la población contra la política del gobierno del PP que pretende expoliar uno de sus más preciados patrimonios, el sistema sanitario público. La reciente retirada de la privatización de la gestión de seis hospitales públicos que el gobierno Regional se ha visto obligado a realizar, significa el triunfo del PODER CIUDADANO ante las decisiones antisociales y de talante autoritario del gobierno del Sr. Ignacio González. La marea va a continuar su lucha para revertir también todo el resto de actuaciones privatizadoras llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos del PP en la sanidad madrileña.
La marea violeta, surgida con fuerza ante la regresión histórica que supone la intención del Gobierno de modificar la actual ley del aborto, estoy seguro va a significar otro nuevo triunfo de los ciudadanos ante las agresiones de un gobierno que nos quiere llevar a legislaciones de corte predemocrático.
Hoy los españoles están hartos de tanta mentira, opacidad y corrupción; exigen una máxima transparencia en las actuaciones de todas las Instituciones del Estado y en el comportamiento de los responsables públicos, demandan se establezcan los cambios legislativos necesarios que permitan profundizar la democracia garantizando una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos para facilitar un mayor control democrático de las actuaciones de los poderes públicos. Avanzar en este sentido servirá para que nuestra democracia se fortalezca. Así sea.