La remunicipalización es aquella actuación de un ayuntamiento para recuperar la gestión directa de servicios públicos que en la actualidad se están prestando en su municipio de forma indirecta
Desde la llegada a algunos ayuntamientos de las nuevas fuerzas políticas del “Común” ha irrumpido con fuerza la palabra de “remunicipalización”. El término debe ser delimitado con nitidez, ya que frecuentemente se usa con escaso rigor jurídico, lo que supone pasar por alto algunos aspectos que tienen una gran trascendencia práctica.
Así, «remunicipalización» o, «reinternalización» es aquella actuación de un ayuntamiento para recuperar la gestión directa de servicios públicos que en la actualidad se están prestando en su municipio de forma indirecta. Remunicipalizar o reinternalizar, pues, supone la existencia de un servicio previamente municipalizado, es decir, que ya tiene el carácter de «público» y que, en consecuencia, ya se presta por el Consistorio aunque de forma indirecta.
Aclarado el concepto «remunicipalización» o «reinternalización» tenemos que fijarnos en la normativa vigente a la que se debe ajustar un ayuntamiento cuando pretenda cambiar la gestión de alguno de sus servicios públicos con el fin de asumirlos de forma directa. Se trata del artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Este precepto, tras la importante reforma de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, exige en primer lugar que los servicios públicos de competencia local deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente, tanto si se opta por la gestión directa como por la indirecta.
Si los nuevos ayuntamientos pretenden remunicipalizar algunos servicios públicos, algo que legalmente pueden hacer, es porque otros ayuntamientos anteriores decidieron externalizarlos. He aquí la cuestión clave. ¿Por qué hubo tales externalizaciones? Tras la crisis de los 70 el Capital desarrolló una serie de estrategias básicas para su supervivencia en un contexto de resistencia obrera y de los países periféricos, y de brutal amenaza a las tasas de ganancias en las actividades productivas, que habían sido la base del mayor ciclo de acumulación y crecimiento que había vivido la humanidad. Las estrategias fueron la descentralización productiva y la flexibilización del trabajo, debilitando la resistencia obrera; la globalización y financiarización de la economía; y lo que el geógrafo británico David Harvey ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no era algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa "acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. Lo único nuevo es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalor muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global. En ese contexto, el gobierno de las ciudades se organizó cada vez más como si fuese una empresa. La competencia entre urbes por el capital de inversión transformó a los gobiernos locales en gestores de nichos de mercado donde las inversiones públicas estaban destinadas a facilitar el beneficio empresarial y no a atender las necesidades de los ciudadanos. Esto tuvo consecuencias muy claras: los servicios públicos cada vez más se prestaron bajo la lógica del beneficio o la “eficiencia” en términos económicos. El papel de los ayuntamientos pasó a ser el de crear un buen clima para los negocios y no el de atender al bienestar de la población en su conjunto o mitigar las desigualdad urbana.
Durante los años 80 del siglo pasado, la defensa de las privatizaciones de servicios se convirtió en una suerte de dogma indiscutible en diferentes rincones del planeta. Desde el Chile de Pinochet hasta el Reino Unido de Thatcher, las privatizaciones se presentaron como la única alternativa posible a una gestión pública burocrática e ineficiente. También la Unión Europea las promocionó con determinación, como garantía de mayor competencia y de otros beneficios como el abaratamiento de las tarifas.
El resultado de ese impulso neoliberal es que hoy buena parte de los servicios públicos urbanos están privatizados; se realizan a través de subcontratas o externalizaciones --muchas veces de grandes empresas fuertemente financiarizadas y vinculadas con paraísos fiscales--; o son ofrecidos a través de conciertos público-privados que escapan al control ciudadano. Una administración paralela, impulsada por las corrientes neoempresariales de la llamada “Nueva Gestión Pública” que han sido impuestas bajo el principio ideológico de que la gestión privada es mejor, más eficiente y más barata.
Hoy sabemos que eso, simplemente, no es cierto. Cuando la gestión privada consigue rebajar costes es a cuenta de precarizar a los trabajadores o sacrificando la buena calidad del servicio. Y en muchos casos, los contratos han acabado saliendo más caros que la gestión directa.
Los ayuntamientos “del cambio”, son conscientes de su propia debilidad ante los obstáculos que hay que confrontar a la hora de llevar las remunicipalizaciones. Se han de enfrentar a los poderosos lobbys que ahora gestionan estos servicios, sometidos a unos blindajes muy difíciles de superar. Y otra dificultad mayor radica en si existe una base social suficiente para emprender las remunicipalizaciones. En algunas ocasiones con movimientos sociales con trabajo previo que exigen la reversión del servicio, como el caso del agua en Barcelona, es evidente que será más fácil. En otros, se trataría de generar un movimiento ciudadano gracias al propio proceso de (re)municipalización. Si hay conflicto, habrá debate público y quizás movilización. Las (re)muncipalizaciones son una buena oportunidad para llevar a los medios la discusión sobre los servicios públicos y su vinculación con los derechos sociales. En la ciudad de Zaragoza la remunicipalización, impulsada por Zaragoza en Común, está siendo boicoteada desde la oposición formada por el PSOE, Cs y PP. Para ello esta recurre a los medios de comunicación, al voto en los Plenos o Comisiones, y, si no como último recurso acude a los tribunales de justicia, los cuales siempre emiten sentencias contra la remunicipalización. Lo cual supone una perversión de la política, ya que en última instancia toman las decisiones los jueces, quienes no han sido elegidos por el pueblo. La batalla aquí en la ciudad del Ebro es encarnizada.
Lo que también hemos de tener en cuenta que le remunicipalización es un proceso a nivel mundial, europeo y español. En Paris, la remunicipalización del agua ha supuesto una disminución de un 8% en el precio de las tarifas. Y lo mismo ha ocurrido en el Reino Unido, Alemania o Canadá, en ámbitos como los servicios sanitarios, la electricidad o la recogida de basura. Esto explica también que una ciudad como Munich se haya planteado como objetivo la creación de un servicio público de energías 100% renovables para 2025. En Italia tras el triunfo del referéndum contra la privatización del agua en junio de 2011, el alcalde de Nápoles Luigi de Magistris y su adjunto “delegado para los bienes comunes y la democracia participativa”, Alberto Lucarelli, llevaron a cabo la RM de la gestión del agua. El Ayuntamiento de León en enero de 2013 aprobó en pleno con los votos del PP y del PSOE el cambio de modelo de gestión de contrato privado a titularidad municipal del servicio de Limpieza Viaria y de Recogida de Basuras, así como la subrogación de 224 plazas de trabajo, que formarán parte del Consistorio, con un ahorro de ocho millones.
Como conclusión. El éxito de Thatcher y Reagan en los ochenta consistió en hacer dominantes posiciones --neoliberales-- que hasta entonces habían sido minoritarias. Tras más de una década de gobiernos de este tipo, el entramado institucional --y los grupos de poder que los sustentan-- así como el nuevo sentido común que se impuso se convirtió en un legado muy difícil de confrontar. Pero quizás no se trata de volver atrás a los valores postfordistas que dieron lugar al keynesianismo sino de posicionar una nueva lógica política. En el primer caso, Thatcher y Reagan usaron el shock de la crisis de los 70 para operar en ese escenario revuelto, ahora se trataría de aprovechar la del 2008 para generar un nuevo sentido común progresista que vuelva a poner en valor lo público pero democratizándolo radicalmente.