"El sistema electoral fue elaborado por expertos, entre los cuales tuve la fortuna de encontrarme, y el encargo político era el de formular una ley por la cual el Gobierno pudiese obtener mayoría absoluta. Puesto que los sondeos preelectorales daban a la futura UCD un 36-37% de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con alrededor del 36-37%"
Una de las cuestiones que me ha ocupado y preocupado hace ya tiempo en el sistema político español ha sido nuestro sistema electoral vigente. Tema clave a la hora del discurrir político. Y mi preocupación está plenamente justificada, ya que como señalan Montserrat Baras y Juan Botella en un librito espléndido El sistema electoral, porque la ley electoral no es un mecanismo neutro, que sea capaz de reflejar sin distorsiones la voluntad de los votantes. Por el contrario, la ley electoral facilitará o entorpecerá el acceso de determinadas fuerzas políticas. Los diferentes mecanismos regulados por la ley (número de escaños, circunscripción, formula electoral) actuarán sobre los votos emitidos, obteniéndose unos resultados no totalmente desconocidos, si se conocen el medio social en que intervienen.
La distorsión voluntaria es el pacto político al que han de llegar las fuerzas políticas presentes en el momento de constitución del sistema. Obviamente, cada una de ellas, conociendo su tipo de votante y sus zonas de mayor implantación popular, intentará obtener la máxima fuerza en el diseño, sin romper el pacto necesario para legitimar la ley, pero ha de presentar el contenido como no partidista. Una vez de elaborado el pacto y redactada la ley, ésta será una de las más estables del propio sistema político, ya que los partidos más beneficiados por ella son los que han de acordar su reforma.
Frente al sistema electoral mayoritario del Reino Unido el del Estado español es "proporcional" pero corregido, que también tiene graves defectos para asignar los votos en los escaños correspondientes, propiciados por su implantación en la Transición del Real Decreto-Ley de marzo de 1977, que estableció las normas para las primeras elecciones libres --que en lo fundamental se ha mantenido en la legislación electoral posterior-- y que no fue negociado entre la oposición democrática y el gobierno procedente del franquismo. La oposición bastante tenía con su legalización, y el gobierno de Adolfo Suárez pudo urdir con total libertad las reglas de juego. A pesar de su afirmación proporcional, el escaso número de escaños a cubrir en la mayoría de las provincias, le daba al sistema un carácter en la práctica mayoritario. La asignación de diputados a las provincias primaba a las menos pobladas, previsiblemente más moderadas y progubernamentales. Lo que se pretendía era evitar el multipartidismo excesivo y favorecer las candidaturas gubernamentales, y asegurar una representación limitada a la oposición antifranquista.
Podemos entender el objetivo del diseño del sistema electoral español por las palabras de Oscar Alzaga: "El sistema electoral fue elaborado por expertos, entre los cuales tuve la fortuna de encontrarme, y el encargo político era el de formular una ley por la cual el Gobierno pudiese obtener mayoría absoluta. Puesto que los sondeos preelectorales daban a la futura UCD un 36-37% de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con alrededor del 36-37%. Y con un mecanismo que favorecía las provincias rurales, donde en las proyecciones preelectorales UCD fuera predominante, frente a las industriales, en las que era mayor el voto favorable al Partido Socialista". En las generales de 15 de junio de 1977 la UCD con el 34,4% de los votos alcanzó la mayoría absoluta con 165 diputados. Y 38 años después sigue el sistema electoral. Por ello, en las elecciones del 20-N del 2011 el PP en Teruel tuvo 2 escaños, y cada uno le salió por 20.000 votos. El PSOE ganó otro con 25.000. En España como promedio, el PSOE necesitó 66.801 para conseguir un escaño, el PP 66.740, IU 484.973 y UPD 306.079. Realmente surrealista. El voto no vale lo mismo. Lo que es antidemocrático, injusto y contrario a los derechos de todos los ciudadanos. Conculca la igualdad consagrada en varios artículos de la Constitución: el 1.1, igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico; el 9.2, participación de los ciudadanos en la vida política; el 23.2, acceso a los cargos públicos, y el 68.1, voto igual. La igualdad de voto es conditio sine qua non para que una ley electoral sea democrática. Igualdad que no se puede obviar por razones de gobernabilidad. Y si se obvia, esto es fraude electoral.
Esta es la situación clara e injusta de nuestro sistema electoral. Mas cabría pensar que de presentarse una reforma sería en una dirección correctora de estos desajustes entre los votantes y su representación. Pues no. Hace unos meses el PP presentó una reforma electoral en el ámbito municipal en sentido contrario, para hacerla todavía más injusta y menos democrática. La reforma consistía en que gobernara el partido o lista más votada, si alcanza el 40% y con una diferencia del 5% con la siguiente; también se habla de una segunda vuelta, lo que obligaría a obtener una prima de concejales para gobernar.
Y ahora en su Conferencia Política, en esta nueva etapa de cambios el PP se descuelga con la idea de trasladar a las elecciones autonómicas y generales que gobierne la lista más votada. Con la mente puesta en la modificación impulsada por el primer ministro italiano, y aludiendo incluso al sistema griego, los populares plantean una «prima de gobernabilidad» para el partido que más votos obtenga. Aunque la idea apenas ha sido esbozada, la reforma se completaría con una revisión de los restos de la Ley D'Hondt y la división en distritos de las circunscripciones electorales
La reforma electoral del PP, que supone la implantación de hecho de un modelo mayoritario, con la prima de concejales o diputados concedida a la lista más votada, iría en detrimento de la representación de los grupos minoritarios, y por supuesto, del pluralismo político.
Termino con las palabras de grandes expertos del ámbito del Derecho Constitucional y de Filosofía del Derecho. Luigi Ferrajoli: "Si queremos que se garantice la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos de voto y que para ello las elecciones políticas realicen su función, que es esencialmente la de producir instituciones representativas no solo de mayorías más o menos ficticias sino de todo el electorado, debemos reconocer que el sistema más eficaz para tal fin es el parlamentarismo basado en el método proporcional y, bajo esa fórmula serían aseguradas la eficiencia y la representatividad". Y Hans Kelsen: "El sistema de representación proporcional es la aproximación más grande posible al ideal de autodeterminación dentro de una democracia representativa y, por tanto, el más democrático de los sistemas electorales".
Como conclusión, de regeneración, nada; en todo caso, degeneración.