En el Congreso, el teniente Segura hizo una descripción dramática del auténtico infiernopor el que ha tenido que pasar por haber denunciado la corrupción en el ejército
Los acontecimientos actuales de Cataluña eclipsan cualquier otro tema político. Al respecto Naomi Klein acaba de señalar que la actuación de Rajoy en Cataluña es una estrategia de shock deliberada, como la de Trump: lo prohíben todo para agravar el ambiente de crisis y así evitar que se fijen en sus recortes sanitarios o en las reformas fiscales; lo de facilitar los cambios de sede de empresas catalanes forma parte de la guerra económica, es una trampa antigua… No obstante, me referiré a un tema muy grave, que está dinamitando nuestra democracia: la corrupción. Seguro que alguno alegará “Bah, otra vez con la misma tabarra”, “vaya rollo”, ¡qué hastío! Y están justificados tales juicios. Pero mientras no desaparezca, no queda otra opción que hablar de ella. Me agradaría mucho más hablar de los sueldos dignos, la desaparición de la precariedad, del desarrollo del Estado de Bienestar, de una corrección del cambio climático…
Poco ha en el artículo Corrupción incorregible, señalaba que los principales campos de la corrupción han sido y son: contrataciones de obra pública, el urbanismo, y las privatizaciones de empresas y servicios públicos. Igualmente que la culpabilidad de la corrupción recaía en las empresas, los políticos, y algunos funcionarios por la excesiva politización de la administración pública. Para Víctor Lapuente, esta politización de las Administraciones Públicas extiende en los funcionarios el conocimiento de las reglas de juego: «Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se apercibirá que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto». Y es más, esta politización llega también a las agencias independientes de control (Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, etc.).En cuanto a posibles soluciones una es clave: la protección del funcionario denunciante –whistleblower-, sobre la que existe una regulación en casi todos los países avanzados- porque son los funcionarios los que median en el día a día de las contratas, de las actividades del Estado.
En la sesión de la Comisión Constitucional del 27 de septiembre actual entre las comparecencias en relación con la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, me impactó la del teniente(delator) Luis Segura de Oro-Pulido, miembro de la Plataforma X la Honestidad, de la que forman parte también Roberto Macías, que denunció las presuntas facturas falsas de UGT de Andalucía: la exfuncionaria Ana Garrido, que destapó el caso Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte; y Azahara Peralta ingeniera agrónoma, que fue directora de obra del proyecto de Acuamed y que se negó a firmar unos sobrecostes reclamados por FCC. La incorporación más reciente ha sido la de Maite Morao, la exjefa de Planificación del Ayuntamiento de Sabadell, que ha quedado exonerada tras el archivo de la causa que falsamente se había redireccionado contra su persona, tras denunciar ésta a sus superiores por la concesión de Can Balsach.
El teniente Segura hizo una descripción dramática del auténtico infierno -algunos detalles escabrosos los omitiré-, por el que ha tenido que pasar por haber denunciado la corrupción en el ejército. Dificultades extensibles a sus compañeros. Señala que los denunciantes suelen ser personas de mediana edad, con cierta madurez y sin cargas familiares, ya que es muy complejo el denunciar para una persona joven, con dos hijos, una hipoteca. Todos, sigue diciéndonos, hemos seguido un mismo patrón. Lo primero: todos perdemos nuestro puesto de trabajo. A continuación sufrimos procesos judiciales, pasamos de ser los que denunciamos a ser los denunciados, y además en la plataforma ninguno hemos sufrido una denuncia por denuncia falsa. Es decir, nadie jamás ha conseguido demostrar que lo que denunciamos es falso.
El siguiente paso es calumniarnos en los medios de comunicación afines. En mi caso, y cualquiera puede entrar y verlo en Google, Luis Gonzalo Segura, y comprobarán que la primera publicación que encontrarán es que he sido investigado por acoso sexual. Falso, y yo lo denuncié en el año 2014. Estamos en 2017 y afortunadamente he conseguido que impongan una fianza de 250 000 euros al medio, y que se les impute un delito, tanto al periodista como al medio de comunicación, pero han pasado tres años. No obstante, el juicio no será hasta 2018. Mientras tanto quien googlea Luis Gonzalo Segura se encuentra con que yo he sido investigado por acoso sexual.
Además todos somos denunciantes que hemos denunciado elementos de corrupción que no nos afectaban directamente. En el caso de Zaida Cantera era algo que le afectó directamente. En cambio, nosotros hemos denunciado situaciones que no nos afectaban. Me afecta como ciudadano que me hagan jefe de un sistema de telecomunicaciones por el que pagamos más de un millón de euros si no existe, claro, pero no me afecta directamente. Es decir, yo podría haber seguido en mi trabajo sin ningún problema. Por suerte en mi caso creo que todo este proceso no ha conseguido trastornarme mentalmente, por lo menos más de lo que ya estaba, y entonces no necesito ayuda psicológica, pero muchas personas sí la necesitan.
Más allá de las enmiendas que hemos presentado, necesitamos una ley integral que nos proteja, porque lo más tremendo de nuestros casos es que encima estamos siendo utilizados para amedrentar al resto de los denunciantes. Hay militares que están pendientes de lo que me pase a mí para denunciar o no. Por tanto, nosotros tenemos dos opciones: o nos callamos y no decimos lo que estamos pasando, o si relatamos el infierno que estamos pasando amedrentamos a todos los demás, a todos aquellos que están pensando en denunciar. En este país si tú eres corrupto terminas en un consejo de administración sin mucho problema; si eres denunciante de corrupción nadie te quiere contratar. Es decir, pasas de ser teniente del ejército y poder llevar la seguridad de un cuartel o poder llevar las telecomunicaciones, incluso de todas las Fuerzas Armadas, a que no vales para estar en una garita.
Termina, señalando “Somos la materialización del fallo de un sistema”. Yo no tendría por qué pasar hambre, pasar penuria y lo que es peor, nuestros hijos no tendrían por qué heredar nuestro estigma. Esto no puede pasar en este país. Son ustedes, Sres. diputados, los que pueden cambiar esto, los que nos pueden equiparar al resto de Europa, porque el dato está ahí: somos uno de los cuatro únicos países de la OCDE que no tienen una ley de protección al denunciante. Acabo con una pregunta: ¿Por qué en 40 años de democracia no la tenemos todavía?
Además de la intervención son muy interesantes las respuestas de los representantes de los distintos grupos políticos, como las réplicas del teniente Segura. De las primeras destacaría por su contundencia y gravedad la del diputado Monereo por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. “Este es el testimonio de una víctima por el ejercicio de un derecho democrático. Creo que eso tiene una enorme importancia. Que venga una plataforma en la que se mezclan muchos casos nos puede hacer desviarnos de un problema real, que es el problema de una institución como la militar, un microcosmos, un subsistema con vocación de sistema que aparece como cuerpo separado y que acaba teniendo leyes propias, más allá de las leyes que son comunes para todos. Yo he tenido cierta prudencia, porque me interesa el tema militar un poquito, en discutir la palabra valor y cómo ha ido transformándose, pero todavía no hemos conseguido unas Fuerzas Armadas que hagan del valor una virtud cívica, cuyo punto más alto de ciudadanía sea la defensa, con las armas, del país. Aquello que Maquiavelo nos recordó y que Maurizio Viroli, en un libro memorable, Por amor a la patria, reivindica. Frente a lo que ha sido la norma general de la cultura militar, que yo llamaría prusiano-monárquica, a una cultura democrático-republicana, que todavía se resiste justamente convirtiendo en víctima a una persona que ha ejercido con valor, con valor, una virtud cívica en el interior de las Fuerzas Armadas. Creo que eso hay que tenerlo presente para que no haya cuerpos separados que al final, como en aquella película Algunos hombres buenos, tengan un código rojo que no se compadece sino que se enfrenta al código real de la sociedad. Si alguna vez queremos acabar con la corrupción, la democracia tendrá que entrar en la empresa, en la institución económica. Pero si alguna vez queremos acabar con ella, la democracia tiene que entrar también en el Ejército, en las Fuerzas Armadas haciendo de la virtud republicana y democrática un elemento esencial".
El teniente Segura en las respuestas a los diferentes grupos, añadió enjundiosos nuevos datos a su exposición. “En las legislaciones que hemos estudiado de otros países, una de las mejores es la de Bosnia, en la que cuando alguien quiere expulsar de un puesto de trabajo a un denunciante de corrupción tiene que emprender un procedimiento judicial, es decir, se tiene que ir a un juez y demostrarle jurídicamente que va a despedir a esa persona por una cuestión completamente ajena a las denuncias que ha realizado, pero a mí me expulsan no por incompetente sino porque denuncio por corrupción a mis jefes.” Cita un caso de denuncia reciente. “Esta semana ha salido una denuncia del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, que maneja unos 35 o 36 millones de euros. El que gestiona el Patronato de Huérfanos fue la última persona o el último mando que me sancionó a mí. Pueden ustedes leer lo que ha pasado en el Patronato de Huérfanos esta semana, es tremendo. Resulta que ahora el ejército ha perdido 1,5 millones de euros en el Banco Madrid, porque tenían congelados 2 millones y pico. Ha perdido 1,8 millones de euros porque estaban en un Depósito Cristiano Ronaldo, y eso es lo más suave que se puede decir.”
En la respuesta a Unidos Podemos señala que en aquellos países en los que existe la jurisdicción militar, porque no existe en todos, se utiliza única y exclusivamente en periodos de guerra, en embarcaciones o en situaciones similares. Que se utilice una jurisdicción militar en tiempos de paz y en territorio nacional es un auténtico anacronismo que debería desaparecer.
Por último, al Partido Popular y a Ciudadanos les responde a los dos a la vez de una manera contundente y sin contemplaciones. “Como he dicho, en el ejército hay más de cien oficiales y suboficiales condenados por diferentes delitos —robo, malversación, agresión sexual, acoso sexual—, y el paradigma es el del capitán condenado por veintiocho agresiones sexuales. Esos señores siguen siendo militares, yo no. Por tanto, más allá de cualquier otra cuestión, les invito a que hablen con la Plataforma X la Honestidad, con nosotros, porque hay casos que siguen vivos. Por ejemplo, mi caso sigue vivo. El día 3 de octubre el Tribunal Supremo tiene que decidir. El año que viene tendrá que volver a decidir si regreso a las Fuerzas Armadas, y resulta que uno de los mayores problemas que tenemos, yo y el resto de los denunciantes, es el abogado del Estado y la fiscalía, que permanentemente nos están machacando. Esos señores, hasta donde llego, creo que tienen alguna relación con ustedes, y ustedes son los que gobiernan. Bueno, Ciudadanos sostiene al Gobierno. Sería de una gran ayuda que el abogado del Estado y la fiscalía no siguieran machacando a los denunciantes de corrupción cada vez que vamos a un procedimiento. Como les digo, el 3 de octubre resuelve el Supremo, o sea que todavía tienen tiempo, si quieren, de revisar este caso y cambiar su posición. Y el año que viene habrá otra falta grave, que tendrá que resolver de nuevo la fiscalía, que está subordinada, y el abogado del Estado. Como digo, si nos dejan de machacar a los denunciantes de corrupción y empiezan a perseguir a esos oficiales delincuentes que hay dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente al que agredió sexualmente a veintiocho reclutas, muchos lo agradeceríamos.”
Creo que lo expuesto es de una claridad meridiana y de una gravedad extraordinaria, además de una prueba incuestionable de las grandes carencias de nuestra democracia. No sólo por la plaga de la corrupción, sino también porque en determinadas instituciones, que se presentan como las representantes más genuinas del patriotismo, la democracia es todavía una asignatura pendiente. E igualmente el nulo interés por parte de los diferentes gobiernos de corregir estas deficiencias expuestas. Determinadas instituciones son intocables: Iglesia, Ejército, Monarquía… El auténtico calvario por el que está pasando el teniente Segura es una vergüenza para un país, que alardea de prácticas democráticas.