8 de junio de 2009, 7:51
NUEVATRIBUNA.ES - 2.5.2009
...como arma arrojadiza para erosionar al gobierno de la nación. Con esta actitud se sustrae en realidad de la responsabilidad político-social de combatirla y, lo que es peor, introduce más desasosiego entre las familias que padecen los peores momentos de esta crisis, dificultando aún más la posible salida. �
Amplios sectores de la población están en situación de franco deterioro económico por el desempleo, la vulnerabilidad o el sobreendeudamiento y creen que sólo hay que ocuparse de los problemas económicos. Por eso muchas de estas personas creen que la corrupción y el despilfarro público no forma parte de sus vidas, no les afecta y no les interesa, como si fueran asuntos que no están relacionadas de forma directa con sus problemas de paro, sobreendeudamiento o vulnerabilidad. �
A ese punto de desinterés nos ha llevado la práctica oportunista, que no oportuna, de desprestigiar la política y la cultura de la preeminencia de�lo individual, en donde el bien común se vuelve una frase hueca. Cuando los políticos desprestigian la política no lo hacen inocentemente. Su gesto tiene una enseñanza clara: desentendeos de todo los ciudadanos, que para eso estamos nosotros aquí, pensando por vosotros.�
Esta cultura ha tocado techo en Madrid, pero no caerá solita. La ciudadanía, los trabajadores y demás colectivos que padecen los rigores tanto de la crisis social y económica por la que atravesamos, como del hastió y del desinterés que hacia lo político está incentivando la prepotencia del gobierno regional y el franco desgobierno ultraliberal, en donde vale todo a fuerza de pasar el rodillo parlamentario sin asumir propuestas ni críticas de ningún género, empieza a hacer que todo ello rebote contra el propio Partido Popular. �
Si el PP ha renunciado�a su obligación de hacer de la política, y de su gestión política en la comunidad de Madrid, un instrumento de solución a los problemas de los ciudadanos y sólo hace política para desprestigiar, confrontar y echar la culpa de todo al resto del mundo, es el propio gobierno regional el que se autoexcluye de las soluciones que un gobierno debe traer.�
El primero de Mayo, los trabajadores y los nuevos ciudadanos salieron a la calle de manera multitudinaria para reivindicar su derecho al trabajo digno, para manifestar su rechazo a las propuestas de precarizar aún más los contratos de trabajo y para poner freno a la pretensión de la patronal de un contrato que haga más vulnerable la fuerza de trabajo, único capital de los trabajadores. No olvidemos que estas propuestas patronales cuentan con el beneplácito entusiasta de Esperanza Aguirre. �
Hoy somos conscientes que esa mayoría de contratos temporales que se permitieron en época de bonanza fue en gran parte la causa del actual modelo de paro y ha de dar paso a trabajo estable indefinido. No vale el uso intensivo de mano de obra sin cualificar y sin derechos, para el enriquecimiento de unos pocos, como modelo de crecimiento de un estado que quiere ser justo. �
No queremos un crecimiento sin equidad, donde las “señas de pertenencia” sean el pelotazo de las recalificaciones, un sistema financiero sin control, la especulación en torno a las necesidades de vivienda de la sociedad (a la que convirtieron en un negocio y no en un derecho social), la liberalización del suelo para financiar los ayuntamientos, o la creación de burbujas inmobiliarias que a postre explotan, arrastrando consigo a muchas familias, a� la desgracia de perder el piso por hipotecas impagables debido en muchos casos a la pérdida o liquidación del contrato temporal. Ahora lo vemos: modelo injusto, más corrupción, más libertad absoluta para el enriquecimiento sin escrúpulos de los empresarios, más gobierno irresponsable y ultraliberal, sí tienen que ver con los problemas de paro o sobreendeudamiento.
Esa historia no ha de repetirse, pero estamos ante una crisis que afecta a personas con derechos y por eso la inversión pública y la política social deben prevalecer para atenderlas y evitar su exclusión. Esta es una cuestión de justicia y ética a la que no renunciamos los socialistas y que no es excluyente respecto a las medidas de reactivación y las reformas estructurales a largo plazo que viene impulsando el gobierno de la nación, pero no podemos limitarnos a ellas. Por este motivo, los socialistas apoyamos decididamente las manifestaciones de los trabajadores en todo el Estado. �
El gobierno de la nación afronta y lidera la salida de la crisis, pero esta cuestión concierne a todos los poderes públicos, a los agentes sociales, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a la propia ciudadanía. Por eso importa que los partidos políticos caminen en el mismo sentido y por eso es tan desafortunada la postura del Partido Popular de hacer hace oídos sordos. �
Juan Barranco, en la fiesta alternativa a los actos oficiales de la celebración del día de la Comunidad de Madrid, ha mencionado múltiples motivos para el desacuerdo con esta forma de actuar del PP: Los indicios de corrupción que recaen sobre diputados y alcaldes de la Comunidad de Madrid, el despilfarro en instrumentos y dispositivos que sólo sirven a sus intereses particulares y de propaganda partidista, el tratamiento sectario de las asignaciones de las subvenciones o de las radios que salen a concurso y otorgan a sus amigos y redes clientelares, la instrumentalización de la TV pública madrileña en su favor, el castigo a sus trabajadores que no se resignan a la degradación con la que manejan el derecho a la comunicación de todos, por no hablar del espionaje a destacados dirigentes populares salido, al parecer, del propio entorno del Partido Popular o de algunos grupos cercanos, y la forma como usan y abusan de una institución como la Cámara regional. Son hechos suficientes sobre los que� además de decir basta, hemos de exigir las responsabilidades políticas. No cabe en cabeza sana� el modo de escudarse en la condición de aforado de algunos diputados para eludir responsabilidades que ejemplifiquen y dignifiquen a la clase política y devuelvan la dignidad a las instituciones. No se entiende el uso del privilegio de no declarar cuando se trata de investigar sobre el patrimonio público a un diputado bajo sospecha. �
Esta es la antipedagogía política del PP en Madrid con la que nos quieren hacer creer que la política es algo sucio que es mejor reservar a los de siempre y con los métodos secretistas de toda la vida. Pero un cargo público es un� servidor, elegido por la confianza del pueblo, y ha de dar cuenta a los ciudadanos de un nivel moral superior o por lo menos igual al exigible al resto de los ciudadanos. Un presidente de Comunidad debe responder ante la Asamblea, el órgano que le ha designado y que representa a los ciudadanos que le han votado, pero no de la manera cínica y manipuladora en que la utiliza Esperanza Aguirre en Madrid, sino con verdaderas y transparentes respuestas que den cuenta de sus actos y de los de sus hombres de confianza.�
No se entiende que la comisión para investigar la corrupción en Madrid se cerrara de la mala manera en que se cerró, con un pupitrazo de la mayoría, vetando documentos esclarecedores, llegando tarde y mal los que fueron aceptados, o reuniéndose en comidas furtivas con el poder judicial que debe encargarse de la instrucción de los casos abiertos de corrupción. Esta es la verdadera piel del partido que gobierna en Madrid. ¿No es un desprecio a los ciudadanos y a la oposición? ¿No podemos llamar a esto “aferrarse al cargo como a un clavo ardiendo”? ¿No es un ejemplo de mal gobierno, de utilización torticera de las instituciones, de abuso del juego de las mayorías para reducir� la democracia a una cuestión de puro cálculo despreciando el respeto de las minorías y la construcción participativa del bien común?�
Desde mi punto de vista, el tema de la corrupción está vinculado con el déficit de valores morales, y digo morales en vez de éticos por eso del fundamentalismo cristiano que manifiestan profesar. Valores que tienen que ver con el poder del dinero, con el uso irregular del poder, con los mecanismos de control político para evitar la corrupción de personas e instituciones, con el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios, con el control ético y riguroso de los presupuestos públicos, con la financiación de la política, con la creación de contrapesos para evitar los abusos de poder en los partidos y en las instituciones, con el perfeccionamiento de sistemas de control democrático en los aparatos partidarios para evitar el arribismo y el clientelismo, pero, sobre todo, con la falta de compromiso ético ciudadano y la falta de una cultura verdaderamente participativa en nuestra sociedad. Por eso no es un asunto sólo "de ellos". Se trata de salud democrática y del� dinero de todos/as.�
El ejercicio regular y sistemático de la transparencia no podrá consolidarse sin un cambio cultural que, seguramente, no evolucionará lo suficientemente rápido y, sobre todo, no es interesante para quienes hoy se benefician de la ausencia de controles democráticos. Por eso necesita ser impulsado y dinamizado a través de una serie de medidas que rompan con la inercia cultural y que permitan alterar (en el sentido deseado) las relaciones causales entre las variables que lo permiten. No podemos seguir creyendo que una vez elegimos podemos olvidarnos durante cuatro años de lo que hagan los elegidos, como si fueran irresponsables de su mandato. Hemos de avanzar en democracia participativa, hemos de evitar una mayor degradación de la política. Por eso tiene razón reinventar Madrid desde la cultura y desde los valores, desde la recuperación del espacio público, desde la reflexión y el análisis crítico.�
La sociedad civil y sus organizaciones deben promover el ejercicio ciudadano para ejercer un control responsable sobre la administración pública y orientar sus demandas y acciones de mayor eticidad hacia el Estado. Por desgracia somos testigos del bajísimo nivel de compromiso ciudadano que caracteriza a nuestra sociedad. ¿No es un síntoma de ello la baja participación política, el poco interés en los partidos o el descrédito y la desafección hacia la clase política, sentida como mentirosa, irrelevante o corrupta? �
La gran batalla que hay que ganar es contra la apatía de nuestros ciudadanos, pero ésta no se combate sólo con promesas. No podemos dejarnos arrastrar a la idea y a la práctica de que somos individuos y no ciudadanos y actuar en la lógica de sálvese quien pueda. Aunque heredamos del franquismo el paternalismo y la irresponsabilidad (dos señas de identidad que aún se nos cuelan en las prácticas de los políticos y en las instituciones públicas) debemos generar democracia y participación real.�
Esta batalla no pasa por falsos dilemas: instituciones versus prensa independiente; ni gobierno versus sociedad; ni estado versus mercado; ni política versus ética. Estas supuestas contradicciones impiden combatir efectivamente la corrupción, pero en parte se resuelven con otros paradigmas: instituciones fuertes y bien consideradas por la sociedad, medios de comunicación independientes, plurales y creíbles, gobierno “del pueblo” y no sólo en nombre del pueblo, sociedad activa y articulada en la base, estado regulador del mercado y del sistema financiero, política más ética. Lucha contra la burocratización de la política. Sólo estas sumas positivas pueden terminar con el o juego de “todos pierden” porque la impunidad nos envilece y nos atrapa en una lógica de deterioro y eso es lo que está pasando en Madrid. �
Si bien es necesario aumentar los controles y contra-controles institucionales, no se puede soslayar la responsabilidad y necesidad de incentivar mecanismos de participación de la comunidad. En Madrid, el PP no sería tan osado si supiera que la sociedad ejerce un verdadero poder corrector sobre los partidos y asume la participación como su mecanismo de autorregulación. De nada sirve un marco formal adecuado de división de poderes y de democracia representativa si, al mismo tiempo, no se ve acompañado de una sociedad responsable y capaz de participar y rechazar estas prácticas deleznables. Por ello hemos de reinventar Madrid para celebrar un dos de mayo más justo y de todos y todas. �
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
...como arma arrojadiza para erosionar al gobierno de la nación. Con esta actitud se sustrae en realidad de la responsabilidad político-social de combatirla y, lo que es peor, introduce más desasosiego entre las familias que padecen los peores momentos de esta crisis, dificultando aún más la posible salida. �
Amplios sectores de la población están en situación de franco deterioro económico por el desempleo, la vulnerabilidad o el sobreendeudamiento y creen que sólo hay que ocuparse de los problemas económicos. Por eso muchas de estas personas creen que la corrupción y el despilfarro público no forma parte de sus vidas, no les afecta y no les interesa, como si fueran asuntos que no están relacionadas de forma directa con sus problemas de paro, sobreendeudamiento o vulnerabilidad. �
A ese punto de desinterés nos ha llevado la práctica oportunista, que no oportuna, de desprestigiar la política y la cultura de la preeminencia de�lo individual, en donde el bien común se vuelve una frase hueca. Cuando los políticos desprestigian la política no lo hacen inocentemente. Su gesto tiene una enseñanza clara: desentendeos de todo los ciudadanos, que para eso estamos nosotros aquí, pensando por vosotros.�
Esta cultura ha tocado techo en Madrid, pero no caerá solita. La ciudadanía, los trabajadores y demás colectivos que padecen los rigores tanto de la crisis social y económica por la que atravesamos, como del hastió y del desinterés que hacia lo político está incentivando la prepotencia del gobierno regional y el franco desgobierno ultraliberal, en donde vale todo a fuerza de pasar el rodillo parlamentario sin asumir propuestas ni críticas de ningún género, empieza a hacer que todo ello rebote contra el propio Partido Popular. �
Si el PP ha renunciado�a su obligación de hacer de la política, y de su gestión política en la comunidad de Madrid, un instrumento de solución a los problemas de los ciudadanos y sólo hace política para desprestigiar, confrontar y echar la culpa de todo al resto del mundo, es el propio gobierno regional el que se autoexcluye de las soluciones que un gobierno debe traer.�
El primero de Mayo, los trabajadores y los nuevos ciudadanos salieron a la calle de manera multitudinaria para reivindicar su derecho al trabajo digno, para manifestar su rechazo a las propuestas de precarizar aún más los contratos de trabajo y para poner freno a la pretensión de la patronal de un contrato que haga más vulnerable la fuerza de trabajo, único capital de los trabajadores. No olvidemos que estas propuestas patronales cuentan con el beneplácito entusiasta de Esperanza Aguirre. �
Hoy somos conscientes que esa mayoría de contratos temporales que se permitieron en época de bonanza fue en gran parte la causa del actual modelo de paro y ha de dar paso a trabajo estable indefinido. No vale el uso intensivo de mano de obra sin cualificar y sin derechos, para el enriquecimiento de unos pocos, como modelo de crecimiento de un estado que quiere ser justo. �
No queremos un crecimiento sin equidad, donde las “señas de pertenencia” sean el pelotazo de las recalificaciones, un sistema financiero sin control, la especulación en torno a las necesidades de vivienda de la sociedad (a la que convirtieron en un negocio y no en un derecho social), la liberalización del suelo para financiar los ayuntamientos, o la creación de burbujas inmobiliarias que a postre explotan, arrastrando consigo a muchas familias, a� la desgracia de perder el piso por hipotecas impagables debido en muchos casos a la pérdida o liquidación del contrato temporal. Ahora lo vemos: modelo injusto, más corrupción, más libertad absoluta para el enriquecimiento sin escrúpulos de los empresarios, más gobierno irresponsable y ultraliberal, sí tienen que ver con los problemas de paro o sobreendeudamiento.
Esa historia no ha de repetirse, pero estamos ante una crisis que afecta a personas con derechos y por eso la inversión pública y la política social deben prevalecer para atenderlas y evitar su exclusión. Esta es una cuestión de justicia y ética a la que no renunciamos los socialistas y que no es excluyente respecto a las medidas de reactivación y las reformas estructurales a largo plazo que viene impulsando el gobierno de la nación, pero no podemos limitarnos a ellas. Por este motivo, los socialistas apoyamos decididamente las manifestaciones de los trabajadores en todo el Estado. �
El gobierno de la nación afronta y lidera la salida de la crisis, pero esta cuestión concierne a todos los poderes públicos, a los agentes sociales, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a la propia ciudadanía. Por eso importa que los partidos políticos caminen en el mismo sentido y por eso es tan desafortunada la postura del Partido Popular de hacer hace oídos sordos. �
Juan Barranco, en la fiesta alternativa a los actos oficiales de la celebración del día de la Comunidad de Madrid, ha mencionado múltiples motivos para el desacuerdo con esta forma de actuar del PP: Los indicios de corrupción que recaen sobre diputados y alcaldes de la Comunidad de Madrid, el despilfarro en instrumentos y dispositivos que sólo sirven a sus intereses particulares y de propaganda partidista, el tratamiento sectario de las asignaciones de las subvenciones o de las radios que salen a concurso y otorgan a sus amigos y redes clientelares, la instrumentalización de la TV pública madrileña en su favor, el castigo a sus trabajadores que no se resignan a la degradación con la que manejan el derecho a la comunicación de todos, por no hablar del espionaje a destacados dirigentes populares salido, al parecer, del propio entorno del Partido Popular o de algunos grupos cercanos, y la forma como usan y abusan de una institución como la Cámara regional. Son hechos suficientes sobre los que� además de decir basta, hemos de exigir las responsabilidades políticas. No cabe en cabeza sana� el modo de escudarse en la condición de aforado de algunos diputados para eludir responsabilidades que ejemplifiquen y dignifiquen a la clase política y devuelvan la dignidad a las instituciones. No se entiende el uso del privilegio de no declarar cuando se trata de investigar sobre el patrimonio público a un diputado bajo sospecha. �
Esta es la antipedagogía política del PP en Madrid con la que nos quieren hacer creer que la política es algo sucio que es mejor reservar a los de siempre y con los métodos secretistas de toda la vida. Pero un cargo público es un� servidor, elegido por la confianza del pueblo, y ha de dar cuenta a los ciudadanos de un nivel moral superior o por lo menos igual al exigible al resto de los ciudadanos. Un presidente de Comunidad debe responder ante la Asamblea, el órgano que le ha designado y que representa a los ciudadanos que le han votado, pero no de la manera cínica y manipuladora en que la utiliza Esperanza Aguirre en Madrid, sino con verdaderas y transparentes respuestas que den cuenta de sus actos y de los de sus hombres de confianza.�
No se entiende que la comisión para investigar la corrupción en Madrid se cerrara de la mala manera en que se cerró, con un pupitrazo de la mayoría, vetando documentos esclarecedores, llegando tarde y mal los que fueron aceptados, o reuniéndose en comidas furtivas con el poder judicial que debe encargarse de la instrucción de los casos abiertos de corrupción. Esta es la verdadera piel del partido que gobierna en Madrid. ¿No es un desprecio a los ciudadanos y a la oposición? ¿No podemos llamar a esto “aferrarse al cargo como a un clavo ardiendo”? ¿No es un ejemplo de mal gobierno, de utilización torticera de las instituciones, de abuso del juego de las mayorías para reducir� la democracia a una cuestión de puro cálculo despreciando el respeto de las minorías y la construcción participativa del bien común?�
Desde mi punto de vista, el tema de la corrupción está vinculado con el déficit de valores morales, y digo morales en vez de éticos por eso del fundamentalismo cristiano que manifiestan profesar. Valores que tienen que ver con el poder del dinero, con el uso irregular del poder, con los mecanismos de control político para evitar la corrupción de personas e instituciones, con el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios, con el control ético y riguroso de los presupuestos públicos, con la financiación de la política, con la creación de contrapesos para evitar los abusos de poder en los partidos y en las instituciones, con el perfeccionamiento de sistemas de control democrático en los aparatos partidarios para evitar el arribismo y el clientelismo, pero, sobre todo, con la falta de compromiso ético ciudadano y la falta de una cultura verdaderamente participativa en nuestra sociedad. Por eso no es un asunto sólo "de ellos". Se trata de salud democrática y del� dinero de todos/as.�
El ejercicio regular y sistemático de la transparencia no podrá consolidarse sin un cambio cultural que, seguramente, no evolucionará lo suficientemente rápido y, sobre todo, no es interesante para quienes hoy se benefician de la ausencia de controles democráticos. Por eso necesita ser impulsado y dinamizado a través de una serie de medidas que rompan con la inercia cultural y que permitan alterar (en el sentido deseado) las relaciones causales entre las variables que lo permiten. No podemos seguir creyendo que una vez elegimos podemos olvidarnos durante cuatro años de lo que hagan los elegidos, como si fueran irresponsables de su mandato. Hemos de avanzar en democracia participativa, hemos de evitar una mayor degradación de la política. Por eso tiene razón reinventar Madrid desde la cultura y desde los valores, desde la recuperación del espacio público, desde la reflexión y el análisis crítico.�
La sociedad civil y sus organizaciones deben promover el ejercicio ciudadano para ejercer un control responsable sobre la administración pública y orientar sus demandas y acciones de mayor eticidad hacia el Estado. Por desgracia somos testigos del bajísimo nivel de compromiso ciudadano que caracteriza a nuestra sociedad. ¿No es un síntoma de ello la baja participación política, el poco interés en los partidos o el descrédito y la desafección hacia la clase política, sentida como mentirosa, irrelevante o corrupta? �
La gran batalla que hay que ganar es contra la apatía de nuestros ciudadanos, pero ésta no se combate sólo con promesas. No podemos dejarnos arrastrar a la idea y a la práctica de que somos individuos y no ciudadanos y actuar en la lógica de sálvese quien pueda. Aunque heredamos del franquismo el paternalismo y la irresponsabilidad (dos señas de identidad que aún se nos cuelan en las prácticas de los políticos y en las instituciones públicas) debemos generar democracia y participación real.�
Esta batalla no pasa por falsos dilemas: instituciones versus prensa independiente; ni gobierno versus sociedad; ni estado versus mercado; ni política versus ética. Estas supuestas contradicciones impiden combatir efectivamente la corrupción, pero en parte se resuelven con otros paradigmas: instituciones fuertes y bien consideradas por la sociedad, medios de comunicación independientes, plurales y creíbles, gobierno “del pueblo” y no sólo en nombre del pueblo, sociedad activa y articulada en la base, estado regulador del mercado y del sistema financiero, política más ética. Lucha contra la burocratización de la política. Sólo estas sumas positivas pueden terminar con el o juego de “todos pierden” porque la impunidad nos envilece y nos atrapa en una lógica de deterioro y eso es lo que está pasando en Madrid. �
Si bien es necesario aumentar los controles y contra-controles institucionales, no se puede soslayar la responsabilidad y necesidad de incentivar mecanismos de participación de la comunidad. En Madrid, el PP no sería tan osado si supiera que la sociedad ejerce un verdadero poder corrector sobre los partidos y asume la participación como su mecanismo de autorregulación. De nada sirve un marco formal adecuado de división de poderes y de democracia representativa si, al mismo tiempo, no se ve acompañado de una sociedad responsable y capaz de participar y rechazar estas prácticas deleznables. Por ello hemos de reinventar Madrid para celebrar un dos de mayo más justo y de todos y todas. �
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.