domingo 9/5/21

Ser del PSOE es respetar y defender los derechos humanos

Tenemos que regresar a la dignidad y al Convenio Europeo de Derechos Humanos en el caso de las víctimas del genocidio franquista. A la memoria de Rosa María Bravo-Villasante, republicana, socialista comprometida (de verdad) y buena persona. “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”.

Tenemos que regresar a la dignidad y al Convenio Europeo de Derechos Humanos en el caso de las víctimas del genocidio franquista.

A la memoria de Rosa María Bravo-Villasante, republicana, socialista comprometida (de verdad) y buena persona.

Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”. Pablo Iglesias.

Cualquier militante socialista conocerá bien esta frase. La llevamos en el carnet.

Otra cosa es que a veces sea especialmente difícil actuar en consecuencia. Pero no por ello dejamos de llevarla en el carnet.

En especial ante determinadas situaciones verdaderamente sangrantes e incomprensibles.

No hablo de situaciones o políticas concretas en las que uno pueda estar poco o nada conforme. Sino de veces en las que lo que se está haciendo es una atrocidad y una directa violación de los derechos humanos más fundamentales de las personas.

No hablo de opciones o preferencias, hablo de la directa violación de los derechos humanos de las personas que ningún socialista, ni ningún demócrata de verdad, puede tolerar.

La forma en la que hemos actuado desde el principio con el caso de las víctimas del genocidio franquista y sus familias es uno de esos casos. La actuación del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido hasta el momento la más lamentable, ilegal, y más directamente atentatoria contra los derechos fundamentales de las personas que hubiese podido ser imaginable.

Y lo digo consciente de que violaciones de derechos humanos las hay de muchos tipos, y lamentablemente no todas están bien recogidas en los tratados - aunque eso no impide que lo sigan siendo -.

Pero lo más flagrante de este caso es, precisamente, que los derechos humanos que nuestro Gobierno ha violado, y sigue violando, son de esos pocos supuestos privilegiados que se supone que están bien apuntalados y reconocidos en el ámbito de las convenciones y jurisprudencia internacional, y, aún así, les da igual, y los siguen violando. ¿Quien necesita respetarle sus derechos humanos reconocidos a millares de seres humanos si se tiene el suficiente aparataje mediático para vestirlo como un gran acto de compromiso?. Nada de eso no es admisible.

1- Las autoridades “no pueden dejar esta cuestión a la iniciativa de los parientes”.

En primer lugar – y esto es un consenso básico en todas las instituciones, tratados y jurisprudencia internacional, en todas – cuando se constata una situación de desaparición forzada de una persona cualquiera la mera noticia periodística de que algún indicio de todo ello ha sido localizado, surge una obligación “ipso facto” – así la califica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde los casos Kelly e Ilhan hace ya unos añitos – de iniciar una “investigación oficial efectiva e independiente” por parte del Estado y con todos los recursos a su alcance.

No que el Estado dé subvenciones para que los familiares se conviertan en exhumadores y lo solucionen de forma privada, no.

De hecho, y en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “(las autoridades) no pueden dejar esta cuestión a la iniciativa de los parientes para plantear una denuncia oficial o asumir la responsabilidad por el impulso de cualesquiera procedimientos de investigación” (Kelly y otros contra el Reino Unido, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 4 de mayo de 2001, párr. 94).

Lamentablemente, el hecho objetivo a este respecto en nuestro país es claro: en España llevamos localizadas más de 2000 fosas comunes y varios cientos ya de casos de “niños perdidos” del franquismo, más de 150.000 desaparecidos estimados, indicios de varios miles de casos de desapariciones forzadas infantiles...y esto aún no ha tenido lugar ni una sola vez. Ni una sola. Nuestras autoridades, nuestra fiscalia jerarquicamente supeditada para tantas otras cosas a este Gobierno socialista nuestro, todavía no ha abierto ni un solo proceso criminal de oficio contra ningún presunto implicado en un de esas masacres o robos de niños.

Es el Estado el que debe acudir a esa fosa, aplicar el protocolo de exhumaciones de naciones Unidas, salvaguardar la cadena de custodia de pruebas que lo son de crímenes contra la humanidad imprescriptibles y que ni siquiera habrían podido empezar a contar prescripción alguna, etc. Y, respecto de los niños perdidos, parece mentira que haga falta reclamarlo siquiera, lo mismo o más:

"Artículo 25.1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:

a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;

(...) 2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso a ) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.

Esto es de la Convención internacional contra las desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 2006. Nuestra "ley de la memoria" es de 26 de Diciembre de 2007. Un año entero después. Ni se menciona siquiera a los niños perdidos en esta "ley" nuestra. Ni una sola vez, cualquier alo puede comprobar cogiendola y leyendosela.

Miles de niños víctimas de desapariciones forzadas infantiles en nuestro país a los que el Estado tendría a obligación a haber comenzado a buscar.

Esto no es una "laguna", es un inmenso oceano de impunidad, que como explicaré a continuación despliega además consecuencias jurídicas automáticas en una doble dirección: en el sentido de la grave afectación de los derechos de los familiares de los desaparecidos y en el sentido de la adcional posición de responsabilidad en la que incurren los responsables de dicha grave omisión de los deberes del Estado hacia unas y otras víctimas.

2- Incumplir del “deber estatal de investigar” toda desaparición supone la violación de los artículos 2, 3, 8 y 13 del convenio Europeo de Derechos Humanos.

Que el Estado no realice una “investigación oficial efectiva e independiente”, "ipso facto", ante el mero indicio de la existencia de desapariciones no constituye un mero incumplimiento de una obligación. ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos – que no es poco –. No. Implica bastantes más cosas. Implica, en primer lugar una grave violación, simultanea, de varios derechos fundamentales de las personas, en particular los de los familiares de los desaparecidos. Y los familiares de los desaparecidos ya han sufrido más que suficiente por mano de los verdugos como para que ahora venga un Gobierno con un comportamiento ilegal e indecente como este que avergüenza a las mismísimas piedras.

A mi esto es lo que peor me parece con diferencia de todo este circo que nos ha montado el Presidente Zapatero con su "ley de la memoria"; Nunca aceptaré este tipo de comportamiento con las víctimas, ni como persona ni como socialista, ni como jurista.

Y se le puede querer dar todas las vueltas que se quiera, pero los hechos objetivos una vez más son tozudos, además de claros.

Al menos desde 1983, con el caso Almeida de Quinteros, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dejó claramente establecido que, a diferencia de otros delitos, cuando se da una desaparición forzada de una persona su entorno familiar también es víctima de ese delito, que sus derechos humanos más fundamentales también se ven afectados y, en particular, que todo elo tambien se hallaba prohibido por parte de la prohibición general de "tratos inhumanos crueles o degradantes" por acción u omisión del Estado. Tal cual.

Porque cuando el Estado incumple su deber de buscar a los desaparecidos con todos los medios a su alcance son los familiares, abandonados a sus propios medios y su sufrimiento, los que a partir de ese momento resultan víctima también de una forma de trato inhumano contrario a los tratados internacionales. Y víctimas de una violación de su derecho fundamental a la “vida familiar”, derecho que no solo es titularidad de los objetores católicos a la asignatura de educación para la ciudadanía, sino titularidad de todo ser humano. Incluso de los seres humanos republicanos y sus familias, fíjense.

Y todo esto ha venido siendo reforzado, una y otra vez, desde 1983, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por varios tratados más; de modo que desde hace ya unos añitos también, y con la nueva vuelta de tuerca que dió toda esta cuestión con el caso de los desaparecidos en Srebrenica una situación de ausencia de investigación oficial efectiva e independiente con todos los medios a su alcance implica distintas violaciones de los artículos 2,3,8 y 13 del convenio Europeo de Derechos Humanos. Todo esto era así antes de comenzar siquiera a elaborar una ley para la vergüenza como lo es la ley de la memoria histórica.

Y por si fuera poco en la última jurisprudencia en esta materia el Tribunal Europeo ha comenzado a hablar del adicional incumplimiento de dar “un enterramiento adecuado” – además de no haberse hecho la investigación – de esas víctimas abandonadas en fosas comunes a raíz de un caso en Chechenia. (Khadzhialiyev y otros contra Rusia, también de 6 de abril de 2009; aquí los estudio jurídicos y sentencias completas, publicado en Jueces para la Democracia)

De modo que veremos hasta donde llega la calificación jurídica completa de toda esta injustificable forma de actuar desde un Gobierno democrático, no digo ya ni socialista.

3- Omitir el deber de investigar las desapariciones supondría un presunto crimen de Estado todavía sin tipificar internamente en España pero reconocido por el Consejo de Europa.

Pero todavía hay algo más que no creo que haya sido entendido por la militancia socialista y tiene unas implicaciones demoledoras.

De haber sido traspuesta a nuestro derecho interno la Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas estaríamos, directamente, ante un crimen de Estado contra todas esas víctimas de desapariciones forzadas por el que cabría exigirle responsabilidades propiamente penales al Presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a varios de los Ministros de su Gobierno socialista.

¿Que no?, lean el punto 10.3 de dicha Resolución:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

El caso es que si el Gobierno Zapatero hubiese dado aplicación legislativa interna en derecho español a dicha Resolución del Consejo de Europa de 2005 – cuando ya ostentaba el gobierno – estaría ahora en un aprieto.

Claro que si uno mismo es el que no introduce en el derecho interno resoluciones como esta sobre las desapariciones forzadas del Consejo de Europa luego es bastante más fácil zafarse.

Un poco como lo de Berlusconi en Italia con sus cuentas pendientes ante la justicia pero al revés. Aquí no hace falta reformar nada para zafarse y obtener la prescripción, basta con hacer oídos sordos y no reformarlo y ni siquiera se será imputado por nada.

Y cuando esa figura penal termine llegando a nuestro Código penal, y tengamos un delito de desaparición forzada de personas, y tengamos una modalidad específica para el delito de omisión de perseguir delitos de lesa humanidad dirigido también a las autoridades gubernamentales y no solo judiciales, José Luis Rodríguez Zapatero y varios de sus Ministros estarán protegidos por un principio fundamental del Estado de Derecho como es el principio de no retroactividad, que al no ser el delito de omisión en si de lesa humanidad – a los de lesa humanidad no se les aplica – les protegerá.

Pero aún así la Resolución 1463 del Consejo de Europa lo dice claro y así de claro se lo podemos, y debemos decir nosotros también a la cara:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

Y a partir de ahí que nos cuenten las puñetas que les dé la gana.

Que el deber de investigar las desapariciones democráticas en cualquier Estado de Derecho es tan deber y tan grave para las familias, viola tanto tantos derechos fundamentales distintos, que hasta debe ser legislado como delito, aunque en este país nuestro Europa se nos siga quedando al norte de los Pirineos con esta clase de gobernantes.

Puede que Rodríguez Zapatero y los otros implicados en estas conductas impunes se vayan de rositas después de lo que le han hecho a todas esas familias, aunque espero – eso sí que lo espero – , que algún día una Comisión de la Verdad sobre el genocidio franquista que abarque también las violaciones de los derechos humanos durante el posterior "periodo negro de impunidad", les convoque, y que tengan que mirar a los ojos a esos familiares a los que su Gobierno les ha negado deliberadamente su derecho a que el Estado emprenda una “investigación oficial efectiva e independiente”.

Porque es un derecho de esas personas, un derecho de derechos que implica varios derechos humanos además, que sea el Estado el que “investigue” y les devuelva a sus seres queridos vivos – en el caso de los niños desaparecidos – o sus restos mortales – en el caso de las miles de fosas –.

Que les convoquen y que se les caiga la cara de vergüenza, si aún les queda. Y que se les recuerde como ayudantes de la victimización de todas esas víctimas del genocidio, aunque no vayan a ir a la cárcel como merecerían.

4- Ocultar en la Exposición de Motivos que la ley de la memoria sigue el sistema de la Orden de Franco de 1940 supone, en si mismo, un intento de fraude a la ciudadanía contrario al artículo 88 de la Constitución española.

El artículo 88 de la Constitución española lo dice bastante claro:

“Artículo 88. Los proyectos de Ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.”

De modo que copiar el sistema de delegación familiar de la Orden de primero de mayo de 1940 de Franco es una cosa – lamentable, uno esperaría ingenuamente que un presidente de Gobierno democrático le copiase al Convenio Europeo en vez de a Franco (Orden de Franco de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres de asesinados por los rojos dictada por Serrano Suñer y publicada en el Boletín Oficial del Estado, núm. 130, del día 9 de mayo del mismo año, aquí se puede contrastar.

O esperaría que nuestro Gobierno le hubiese copiado todo lo demás que la Convención ONU para las desapariciones preveía con toda rotundidad desde el 20 de Diciembre de 2006, un año entero antes que nuestra "ley" de 27 de Diciembre de 2007...

Pero optar por copiarle mejor el sistema a Franco que al Convenio Europeo, o la propia ONU, y ocultarlo después en su Exposición de Motivos, es otra cosa aún peor. Es un hurto a la ciudadanía. Es la enésima falta de respeto a las formas y fondos democráticos básicos.

Y conste que entiendo muy bien que les diese vergüenza reconocer dicho antecedente legislativo franquista de cuyo sistema se copia nuestra ley de la memoria. Pero de vergüenza o no la dé es un deber constitucional que dicho antecedente legislativo sea puntualmente recogido en la Exposición de Motivos de dicha ley, es un deber constitucional básico. Punto.

Y así cuando sus señorías tengan delante el texto legal propuesto por el gobierno y tengan que decidir si votarlo o no votarlo saben perfectamente con leerlo de donde viene y de donde no, y sus postulados jurídicos.

Y cuando no es así, cuando el Gobierno les pone delante a sabiendas una semejante Exposición de Motivos en la que ni se menciona dicho antecedente legislativo les están dando gato por liebre a ellos y a través de ellos a todos nosotros.

Y conste que me parecen mucho más graves los tres puntos anteriores, – con no ser poco grave una violación constitucional en su trámite (en realidad concurren otras más vía artículo 10.2 y 96) – , pero, que quieren que les diga, para mi constatar este hecho es lo que terminó de abrirme los ojos sobre la clase de Gobierno que hemos tenido en nuestro nombre pero sin nada que ver con la inmensa mayoría de los militantes que no habrían sido capaces eticamente de perpetrar nada de esto

La “ley de la memoria” es la mayor estafa al conjunto de la militancia socialista y la ciudadanía española desde el inicio de esta transición inconclusa nuestra. Y se siguen violando cada día los derechos humanos de muchas personas, en virtud de la misma. Enhorabuena.

De modo que, por lo pronto, como socialista ni he guardado silencio ni lo voy a guardar y no me voy a quedar sin decirles esto, aquí bien publicadito y por escrito, que es lo que entiendo que corresponde con normalidad de cualquier socialista; porque ni somos socialistas para violar los derechos humanos de nadie, ni para cometer delitos de Estado que tan solo están sin tipificar en el orden interno, ni para hacer canalladas como esta. Ni para callarnos ante quienes las hacen y justificarlo porque supuestamente son “los nuestros”. Pero nadie que haga nada de eso tan, tan grave, atentando contra los derechos fundamentales de las personas, es nada mío ni nada que tenga que defender.

Yo no soy socialista para violar de un forma tan bestial como esta tantos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de unas víctimas directas e indirectas de un genocidio que ya han sufrido de sobra crímenes y arbitrariedades en este país.

Y tampoco soy socialista, con todas las consecuencias, para callarme ante ello, porque me daría vergüenza.

Y a quien sí que se pueda quedar tan calladito como tantos ante tanta tropelía, mi enhorabuena por ser capaces de ello.

Y a quien sea capaz de dar un paso más y hasta salir con paños calientes defendiendo cosas tan indefendibles como estas, violación constitucional incluida, por una lealtad mal entendida – a las siglas que no a los contenidos que debiera haber detrás de esas siglas –, mi enhorabuena también: es una habilidad estomacal de lo más reseñable, digna de hacerse titular de alguna cartera en algún Gobierno de estos que algún día pueda violar otra media docena de derechos humanos de otra gente re-machacada.

Y pienso que algunos de nuestros dirigentes hayan sido capaces de caer en todo esto es algo verdaderamente malo y una mancha indigna… pero que muchos otros guardásemos silencio o incluso se lo permitiésemos ya serían dos. Mala solución.

¿Somos socialistas para amar en silencio vuestras ideas y para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, o lo somos para llevarlas a todas partes?.

Demos la cara en la defensa de un regreso al Convenio Europeo de Derechos Humanos del que nunca nos debimos marchar. Demos la cara para pedir una actuación normal, legal, y debida por parte del Estado hacia todas estas personas. Porque es para defender cosas tan dignas, humanas y de justicia como estas que somos socialistas y ya nos va tocando plantarnos y demostrarlo.

El ideario socialista empieza por nosotros mismos, por lo mejor de nosotros mismos y de nuestro compromiso real con los derechos humanos universales, aunque algunos se crean ya a estas alturas tan por encima del bien y del mal, y tan dueños del partido y de lo que es ser socialista y lo que no lo es, que no necesiten ni consultar internamente ni a la ciudadanía las reformas constitucionales antes de anunciarlas…

Ser del PSOE es respetar y defender los derechos humanos
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