miércoles 16/6/21

Reforma Gallardón: deslegitimar y penalizar a quienes se les enfrentan

En su deriva autoritaria y neoconservadora, el gobierno del PP acaba de anunciar, por medio de su ministro de Justicia, una nueva vuelta de tuerca en su espiral de recortes, en este caso de derechos y libertades (reforma del Código Penal  para facilitar la imputación de sindicatos y partidos), que se suma a los sociales y laborales que viene imponiendo.

En su deriva autoritaria y neoconservadora, el gobierno del PP acaba de anunciar, por medio de su ministro de Justicia, una nueva vuelta de tuerca en su espiral de recortes, en este caso de derechos y libertades (reforma del Código Penal  para facilitar la imputación de sindicatos y partidos), que se suma a los sociales y laborales que viene imponiendo.

Se trata, en ambos casos, de expresiones de un mismo diseño ideológico conservador que, con la crisis como pretexto, pretende desmantelar los servicios del Estado de Bienestar, desregular las relaciones laborales y consolidar la desigualdad social, para lo que se requiere la deslegitimación primero y la penalización después de quienes se le enfrentan, especialmente de las organizaciones sindicales

El puzzle se va componiendo, las piezas van encajando. Y es que efectivamente, cuando desde los medios más conservadores se inició la campaña de acoso y deslegitimación contra los sindicatos, no estábamos ante hechos aislados, sino ante una estrategia perfectamente planificada.

La campaña contra dirigentes sindicales, preñada de bulos y de falsedades, el ataque a las estructuras sindicales a través de los “liberados sindicales”, sobre los recursos de los sindicatos, la presión sobre las manifestaciones, sobre el derecho de huelga, sobre los derechos de participación…, se completa ahora con la reforma anunciada por Gallardón dirigida a reprimir las formas de exteriorización del conflicto social que generan los recortes laborales y sociales impuestos que, lejos de contribuir a la salida de la crisis, no hacen sino profundizar en la misma y ampliar la fractura social del país.

Como se viene planteando desde los sectores neoliberales, los derechos de protección social son perturbaciones del mercado. Y ya se sabe lo que ha de hacerse con las perturbaciones. Dicho de otro modo: quebrar el espinazo al sindicalismo confederal es un requisito necesario para destruir los derechos sociales, sin ningún tipo de obstrucción.

De hecho, la aplicación a los sindicatos, que desarrollan una actividad de amplia proyección social, de medidas de responsabilidad penal inicialmente previstas para las sociedades mercantiles, permite diseñar los mecanismos necesarios para imputar a la organización convocante,  promotora, o simplemente a la que se le considere “beneficiaria” del conflicto en el que se generan los hechos, una responsabilidad penal que puede llevar aparejada no sólo importantes multas económicas, sino igualmente la intervención o disolución de la organización, la clausura de los locales o instalaciones, la suspensión de sus actividades, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se impute el delito –como la convocatoria de huelga, o de manifestaciones o reuniones–, o a intervención judicial de sus actividades. 

Estamos, pues, ante la puerta abierta para que las organizaciones sindicales puedan ser disueltas, incautados sus bienes y clausura de sus actividades, a través de la imputación de cualquier práctica  cometida en el curso de huelgas, piquetes, manifestaciones, no ya por sus órganos de dirección, sino por sus afiliados o simples “simpatizantes”.

Llama poderosamente la atención que tales medidas, particularmente restrictivas de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, se anuncien tras la convocatoria de la Huelga General del próximo 14 de noviembre. Presenta todos los indicios de que estamos ante una medida con la que se quiere castigar precisamente a las organizaciones sociales que vienen manteniendo una posición activa de confrontación con la posición del Gobierno en el recorte de los derechos sociales y laborales.

Se trata, en definitiva, de ataques intolerables en una sociedad democrática, que con un descarado componente ideológico, pretenden limitar la capacidad de acción de los sindicatos y desmontar la cultura de los derechos, base fundamental de la vertebración de la sociedad y donde radica también el legítimo protagonismo del sindicalismo confederal.

Reforma Gallardón: deslegitimar y penalizar a quienes se les enfrentan
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