El Ministerio de Educación ha elaborado una propuesta para sustituir el actual modelo de financiación, permitiendo que los centros de enseñanza públicos, privados y concertados, puedan recibir fondos públicos si presentan y ponen en marcha proyectos educativos que demuestren, con evaluaciones anuales, que obtienen resultados de éxito entre los alumnos.
En el caso de que se aplicase esta medida, a través de los denominados Programas de Mejora de la Calidad Educativa contemplados en el anteproyecto de la LOMCE, se pondría fin a la equidad de nuestro sistema educativo, reconocida por las instituciones internacionales de evaluación educativa, y dividiría la red escolar partiendo de criterios puramente economicistas y clasistas y apelando a un concepto espurio de la autonomía escolar.
Además con ello se abriría la puerta a la desigualdad y a la atomización de nuestra red de centros, dividiéndolos en “buenos” y “malos”, con lo cual se prescinde de la influencia del entorno socio-cultural en el que está ubicado cada uno de ellos, y se los califica únicamente por su nivel de “productividad”, o sea, por los resultados escolares, como si se tratasen de fábricas y no lugares en los se educa y forma a personas en edad escolar.
Es un error tanto desde el punto de vista pedagógico como social utilizar los resultados de la evaluación del alumnado y de los centros como criterio para determinar la financiación de estos últimos y sin atender en absoluto a sus necesidades reales.
Si se implanta este programa ministerial, se privará de los recursos necesarios a aquellos centros docentes con un elevado porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales, y que son en su inmensa mayoría centros públicos. Como es lógico, a estos centros les resulta prácticamente imposible competir en resultados con los privados que seleccionan a su alumnado según su origen social.
La iniciativa ministerial encaja en la visión exclusivamente economicista que el Ministerio quiere imprimir a esta reforma que pretende tramitar al margen de la comunidad educativa, sin un debate democrático y por imposición, sin contar con la opinión del profesorado.
La vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) destaca claramente “la necesidad de combinar calidad con equidad en la oferta educativa” siendo éstos “dos principios indisociables”. En el capítulo 1, referente a los Principios y fines de la educación, señala que el sistema educativo se inspira en “la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación”, actuando “como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad”. El artículo 7 establece que las administraciones educativas “podrán concertar el establecimiento de criterios y objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad”.
La atención a la diversidad del alumnado no consiste en introducir constantemente evaluaciones (desde 3º de Primaria) aplicadas y calificadas por especialistas externos, y mucho menos dotar a los centros de más recursos según el éxito de sus evaluaciones, sino en garantizar que los centros tengan los recursos humanos necesarios para asegurar la atención personalizada del alumnado con necesidades educativas específicas.
Para CCOO la LOMCE no es más que una reforma ideológica que no solucionará los dos grandes problemas del sistema: el abandono prematuro y el fracaso escolar. Al contrario, con la excusa de la transparencia en los resultados de las evaluaciones, se impulsará innecesariamente una competencia desleal entre centros, en perjuicio de la equidad del sistema.