Los nuevos recortes en educación y sanidad anunciados de manera casi clandestina por el Gobierno constituyen un verdadero despropósito y no solo por la manera en que se han publicitado en un baile de contradicciones y desmentidos de unos y otros (interesantes las intervenciones de Guindos y Florian para un teatrillo del absurdo), sino sobre todo porque ni se explicita como se van a llevar a cabo (las medidas concretas) y menos aun como se va a obligar a las comunidades autónomas a adoptar estos recortes en estas áreas concretas.
Proponer un recorte tan amplio sin aclarar en que conceptos pretende hacerse plantea al menos dos problemas adicionales, el primero es la perdida de credibilidad del gobierno que parece hacer la propuesta sin ningún fundamento concreto y de una manera apresurada y poco razonada porque si no fuera así no habría problema en especificar que es exactamente lo que se quiere hacer y de donde saldrá esta disminución del gasto; la segunda es que cabe sospechar que va a suceder como en Cataluña, que se pretende un recorte indiscriminado que en un tema como la sanidad es difícilmente justificable y que desde luego va a producir serios problemas de desatención y por lo tanto para la salud de muchas personas.
Un asunto especialmente importante es que, como sucedió con las declaraciones del Sr de Guindos, parece que tras estas decisiones/propuestas se esconde un profundo desconocimiento de las normas de funcionamiento de nuestro país. Como es conocido el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2001 y en 2009 se basa en la transferencia del estado a las mismas de unas determinadas cantidades y en la capacidad de las autonomías para redistribuir el presupuesto para atender las diferentes competencias que tienen asumidas, es decir que el modelo es no finalista y el gobierno no tiene capacidad para imponer a las CCAA recortes en temas concretos sino tan solo en las cuantías globales que transfiere a las mismas, y son estas las que, en última instancia tendrán que decidir si trasladan estos recortes a educación y sanidad y en que cuantía o prefieren hacerlo a otras partidas de gasto.
Otro aspecto que también parece desconocerse es que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre algunos impuestos y pueden optar, si se produce esta disminución de las aportaciones estatales, por incrementar todos o algunos de ellos para subir la recaudación y por lo tanto los fondos disponibles, que por supuesto también pueden decidir autónomamente a que conceptos dedican.
Desde el Gobierno los recortes en Sanidad pueden decidirse en dos aspectos, aquellas transferencias que se hacen de manera condicionada desde el presupuesto del Ministerio de Sanidad (ya lo ha hecho en el proyecto de presupuestos en lo referente a la Salud Pública), que son partidas de menor cuantía en el entorno del gasto sanitario, y desde luego en lo que respecta a la política farmacéutica mediante fijaciones de precios, financiación selectiva, financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Se trata de un aspecto importante tanto por su volumen de gasto (alrededor del 30% del gasto sanitario), como por la posibilidad real de ahorro potencial sin alterar la calidad de la prestación, pero por supuesto la política concreta de cada autonomía es muy importante a la hora de hacer operativas estas medidas porque intervenir sobre los precios es un parte de las actuaciones, pero hay muchas otras dirigidas a evitar prescripciones inadecuadas que a largo plazo son las mas efectivas.
En resumen estamos ante una situación muy preocupante en la que el Gobierno no parece tener propuestas fundamentadas sobre los recortes, o las tiene y es incapaz de defenderlas públicamente, además de que se invaden competencias de las CCAA a las que simplemente se ningunea. Desgraciadamente todo parece indicar que estamos ante una ofensiva muy seria para desmantelar el sistema sanitario público en nuestro país lo que, en la actual situación económica puede llevar a un importante deterioro de la salud de la población.