jueves 17/6/21

La Privatización de los hospitales de Madrid. Conflictos, mentiras y papeles de Bárcenas

El gobierno de la CAM  ha presentado el Pliego de Cláusulas Administrativas para la privatización de la asistencia sanitaria de seis hospitales PFI de Madrid, los hospitales de Vallecas, Henares, Sureste, Infanta Sofía y los Hospitales de Parla y del Tajo que se adjudican juntos en un único “lote”...

El gobierno de la CAM  ha presentado el Pliego de Cláusulas Administrativas para la privatización de la asistencia sanitaria de seis hospitales PFI de Madrid, los hospitales de Vallecas, Henares, Sureste, Infanta Sofía y los Hospitales de Parla y del Tajo que se adjudican juntos en un único “lote”, decisión tomada en contra de la población madrileña, los profesionales sanitarios, las organizaciones ciudadanas y sindicales, y los partidos políticos, incluyendo a buena parte del Partido Popular.

El Sr Lasquetty, insultando la inteligencia de la población madrileña, afirma que los hospitales seguirán siendo públicos, pero lo único público que quedará será el dinero que financiará el hospital, que sale del bolsillo de los contribuyentes (no defraudadores o beneficiarios de amnistías fiscales)

La principal justificación de esta decisión, por parte del presidente de la CAM, Sr González y del Consejero de sanidad, Sr Lasquetty es la crisis económica, debido a los escasos recursos de la CAM y al supuesto incremento de la eficiencia con esta privatización.

El gobierno de la CAM afirma haber ajustado el pago capitativo a 500 euros, frente a los 440 euros que había calculado cuando anuncia esta privatización en noviembre 2012, así que lo intenta rebajar o maquillar aplicando unos descuentos que no son más que el reintegro obligado, por parte de la empresa concesionaria a la Consejería de sanidad, del coste de servicios incluidos en la cartera de cualquier hospital general básico, como son la radiología, el laboratorio o los sistemas de información, de los que estos hospitales carecen.

La tabla I muestra que el gasto/per cápita propuesto para estos hospitales supone además un incremento, de entre 14% y 47%, con respecto al presupuesto de 2012.

Por otra parte, a este gasto sanitario hay que añadir el de los servicios no sanitarios, es decir, el canon que reciben las empresas constructoras por este concepto (los gastos de la construcción y equipamiento de los centros ya ha sido liquidado) por lo que el coste total del funcionamiento de estos 6 hospitales es de 662 millones de euros y el coste medio/cama alcanza los 547.087  euros/año, significativamente superior al coste/cama de todos los hospitales públicos dela CAM  (30-50% superior a de los más grandes y prestigiosos hospitales públicos de Madrid  y hasta un 95% más caros que el hospital de la Princesa, que el gobierno popular pretendía reconvertir en geriátrico para mejorar la eficiencia de estos centros con vistas a su privatización).

Este enorme gasto por cama es consecuencia de la ineficiencia de unos hospitales construidos en base a una justificación político/electoral  y no sanitaria, con un número de camas que en algunos casos no cumple ni tan siquiera el límite inferior recomendado por la OMS.

El Sr Lasquetty afirma que el gasto/per cápita de estos hospitales será 20% inferior a los públicos. No disponemos de hospitales públicos con estas características (Alta Tecnología externalizada/privatizada, alto nivel de derivaciones y tan bajo número de camas) para poder comparar, pero podemos estar de acuerdo con el señor consejero de que  el gasto por persona es inferior al de los hospitales públicos de categorías A y B (y aún es necesario descontar un 20% de los beneficios empresariales, por lo que el dinero dedicado realmente a la asistencia sanitaria será aún menor y ronda los 400 euros) pero los hospitales públicos disponen de la tecnología y los profesionales necesarios, que además están dedicados a la atención de sus pacientes, no dedicados a incrementar los beneficios propios y empresariales, ya que, según las bases apuntadas en el documento, la puntuación de las empresas que optan a esta concesión se incrementa un 15% si las cumplen este criterio de reconvertir a sus profesionales en accionistas, hecho señalado por médicos de prestigio y sociedades profesionales de EEUU, como el Colegio Americano de Radiólogos, como la causa principal de la ineficiencia y la falta de equidad de su sistema sanitario

Los pliegos marcan una serie de derechos y obligaciones de la empresa adjudicataria que no vale la pena comentar, ya que estos acuerdos se han incumplido sistemáticamente. En la CAM (incremento del canon acordado y la renegociación de otros aspectos de los contratos con las empresas constructoras de estos mismos hospitales y la  paralización del hospital Collado Villalba sin riesgos añadidos para Capio, que cobra un canon por mantenerlo cerrado) y en  otras CCAA, como ha ocurrido con el rescate del hospital de Alzira, que se sanea y se adjudica a la misma UTE incumplidora, con condiciones más favorables o con  la paralización de grandes hospitales, como el  de Vigo, por la insolvencia de las UTEs concesionarias, que se irán “de rositas” o el mantenimiento de gestoras sanitarias privadas de servicios y hospitales del SNS, como Ribera Salud, a pesar de haber sido nacionalizadas con miles de millones de euros de dinero público.

Por otra parte, el documento aclara que “si la empresa concesionaria no puede hacer frente a sus obligaciones los hospitales puede ser intervenidos temporalmente por el Estado hasta que la empresa resuelva sus problemas” y también que “tras dos años de gestión, la empresa adjudicataria podrá ceder esta a una tercero” así que, hoy estoy yo mañana estás tu según convenga, y los acuerdos de hoy son papel mojado mañana….

En este contexto, la obligación de la empresa concesionaria de contratar a  todos los profesionales de estos hospitales tiene escaso recorrido. La legislación laboral es muy flexible y permite hacer un ERE con una previsión de disminución de un 10% de las ganancias, y con toda seguridad la empresa concesionaria aplicará la legislación.

Algunas de las empresas constructoras adjudicatarias de los servicios no sanitarios de estos hospitales además de tener graves problemas de solvencia o incluso haber declarado concurso de acreedores han sido nombradas en los papeles de Bárcenas  por posibles donaciones ilegales y ser beneficiarias además de contratos con la administración y es muy probable que acaben imputadas, por lo que sería prudente esperar acontecimientos, ya que este hecho puede ser causa de resolución del contrato, en vez de acometer a “toda prisa” la privatización total de estos hospitales, como pretende el gobierno de la CAM.

Debemos considerar además que uno de los principales actores de esta negociación es el director general de hospitales de la CAM, Antonio Burgueño Carbonel, ideólogo e impulsor del fallido modelo de concesión administrativa de Alzira que ahora quiere extender a Madrid, en contra de las recomendaciones del propio presidente de la Comunidad Valenciana, Sr Fabra, buen conocedor de las consecuencias económicas y sanitarias del modelo.

Burgueño está vinculado a Ribera salud y fue directivo de la aseguradora Adeslas, que como Sanitas y Asisa son socias de Ribera salud. La gestión del hospital de Torrejón de Madrid se concede a Ribera salud gracias a su intermediación y recientemente se traspasa a Bupa-sanitas, en una negociación “muy familiar” ya que el director del Área de negocios de Sanitas es su propio hijo, Antonio Burgueño Jérez.

Burgueño padre fue además directivo de Capio, empresa a la que se cede la gestión de los hospitales madrileños de Valdemoro, Móstoles y collado Villalba, gracias a su inestimable colaboración y asesor del grupo hospitalario privado “Hospitales de Madrid”

No parece razonable , por lo tanto, negociar la privatización de los hospitales madrileños con cualquiera de estas empresas, Bupa-Sanitas, Asisa, Adeslas, Ribera Salud, HM Hospitales de Madrid o Capio, ni con cualquier empresa sanitaria u hospital privado, aseguradoras ni entidades financieras relacionadas, con Burgueño al frente de la gestión de los hospitales de la CAM, por incumplir la ley de incompatibilidades.

Consideraciones finales:

El empecinamiento del gobierno madrileño en privatizar a “toda prisa” la asistencia sanitaria de seis hospitales de Madrid en contra de la población y de las organizaciones profesionales y ciudadanas no responde a criterios de eficiencia ni de calidad, sino a motivos oscuros e inconfesables. Las justificaciones del consejero Lasquetty y del presidente González  son engañosas y no responden a la realidad y los problemas legales y conflictos de interés que envuelven esta decisión la deslegitiman y pueden suponer su nulidad. No podemos consentirlo.

La Privatización de los hospitales de Madrid. Conflictos, mentiras y papeles de Bárcenas