11 de noviembre de 2010, 3:14
NUEVATRIBUNA.ES - 10.11.2010
Los debates y acuerdos de la última reunión del Consejo Europeo (Bruselas, 28 y 29 de octubre de 2010) han pasado desapercibidos.
Los líderes europeos han aprobado normas presupuestarias más estrictas, hacer más rigurosas las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y aplicar sanciones severas y rápidas a los socios que incumplan esas reglas. La notable sensibilidad de estos líderes europeos con la protección de las finanzas públicas y la decisión que muestran en la tarea de reforzar y prolongar durante años las políticas de ajuste fiscal contrastan con la despreocupación con la que afrontan los problemas relacionados con el desempleo, la reducción de los salarios o el deterioro de los bienes públicos y la protección social.
La innegable necesidad de abordar los desequilibrios de las cuentas públicas y el inevitable desendeudamiento del sector privado no deben confundirse con el sesgo antisocial y antieconómico que las fuerzas políticas conservadoras han impuesto a las políticas de consolidación fiscal. La absoluta prioridad y la irracional intensidad de los ajustes fiscales que se exigen a Grecia, Portugal y España van a tener unas repercusiones económicas muy graves en estos países, tanto porque traban sus posibilidades de recuperación económica y, como consecuencia, dificultan la consecución de los objetivos de reducción del déficit público previstos como porque deterioran el potencial de crecimiento del conjunto de la UE.
Principales medidas de la cumbre de la UE
Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Bruselas han decidido endurecer reglas y sanciones para acabar con unas divergencias presupuestarias que los mercados de deuda no admiten y castigan con altos tipos de interés. En lugar de optar por la solidaridad y la cohesión, la cumbre da por buena la heterogeneidad real que existe en la zona euro y se contenta con intentar frenar las divergencias nominales.
Las principales conclusiones de la cumbre pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
Además, se aprueba introducir una modificación limitada del Tratado Fundacional de la Unión Europea sin cambiar el artículo 125. Se mantendrá, por tanto, el principio de no corresponsabilidad financiera o cláusula de no bail-out que impide el rescate colectivo (con fondos de la UE) de los socios que presenten problemas en sus cuentas públicas.
Tal modificación del Tratado de Lisboa permitirá que el Instrumento de Estabilidad Financiera (IEF), creado el pasado mes de mayo, tenga pleno sustento jurídico y un carácter permanente, en lugar de una vigencia limitada a tres años. El nuevo mecanismo para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro seguirá contando con aportaciones de los Estados miembros y del FMI. Y tendrá, además, una participación de los bancos privados a la que se resistieron sin éxito el presidente del Banco Central Europeo y los líderes de los países más afectados por la crisis de la deuda soberana. En la próxima cumbre de diciembre se definirán las características generales del nuevo mecanismo, entre ellas el papel y el tipo de participación del sector financiero privado y las estrictas condiciones en las que deberán funcionar los programas de rescate.
El blindaje de las políticas de austeridad fiscal que han aprobado los líderes europeos muestra la incapacidad de las actuales instituciones europeas y del pensamiento conservador y ultraliberal que en ellas domina de afrontar los retos que la crisis global y la gobernanza económica de la UE plantean.
Las fuerzas políticas conservadoras que ocupan las posiciones de poder en las principales instituciones comunitarias y que determinan las reformas, prioridades y políticas económicas de la UE siguen aprobando medidas que nada o muy poco arreglan y de nada o casi nada sirven. Las políticas de ajuste fiscal que patrocinan y han impuesto al conjunto de los socios comunitarios pueden impedir la explosión de la eurozona. Puede que también sean capaces de hacer compatibles el restablecimiento de las tasas de beneficios de los grandes grupos empresariales y una situación prolongada de muy bajo crecimiento; pero son medidas ineficaces para generar empleo neto, impulsar un crecimiento sostenible o recuperar el bienestar y la seguridad perdidos por la mayoría de las clases trabajadoras durante la recesión.
Hay alternativas progresistas a las políticas conservadoras
Para frenar la creciente heterogeneidad en las estructuras económicas de los países miembros de la eurozona y las divergencias en las especializaciones productivas que muestran los socios más avanzados respecto a los periféricos no valieron de nada las reglas de rigor presupuestario del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni van a servir las nuevas y severas sanciones que se proponen para castigar a los países que incumplan la disciplina fiscal. El factor clave para reducir los desequilibrios macroeconómicos, incluidos los que presentan las cuentas públicas y contrarrestar las divergencias entre los socios es la puesta en pie de formas de solidaridad estructural. Dicho de otro modo, sería necesario que la UE avanzara hacia un federalismo capaz de impulsar el crecimiento potencial de los socios menos avanzados y que favoreciera la transferencia de fondos públicos desde los países más ricos y ahorradores hacia los menos ricos y las regiones más atrasadas.
Un impulso federal de la UE requiere, en primer lugar, unos impuestos comunes capaces de sostener un presupuesto federal muy superior al actual (apenas supone el 1% del PIB comunitario). El horizonte de ese presupuesto federal capaz de propiciar el crecimiento potencial del conjunto de las economías de la UE debería aproximarse progresivamente a niveles cercanos al 16% del PIB que muestra EEUU.
Y en segundo lugar, una disciplina presupuestaria encaminada a evitar o dificultar los comportamientos presupuestarios irresponsables que favorecen el surgimiento de crisis fiscales. Cualquier tipo de federalismo presupuestario exige disciplina fiscal para debilitar la intensidad de posibles crisis y un cuadro eficaz de sanciones para menguar el riesgo moral que incentiva los comportamientos insolidarios.
Sin propuestas federales de cohesión social y territorial y de modernización de las estructuras productivas de los socios menos avanzados, la disciplina fiscal no puede impulsar ningún tipo de convergencia real o productiva. Normas presupuestarias más estrictas y sanciones más rigurosas no permiten superar las debilidades e incoherencias institucionales de la UE ni resolver los problemas que ocasionan.
Más aún, en las actuales circunstancias de bajo y precario crecimiento del conjunto de la UE, el rigor fiscal que se ha impuesto impedirá a las economías más frágiles salir de la crisis.
En el mejor de los casos, contribuirán a prolongar el estancamiento económico, alimentarán nuevos episodios de presión de los mercados financieros sobre la deuda soberana y el sistema bancario y reforzarán las divergencias económicas reales. No pueden contar, en consecuencia, con ningún tipo de justificación económica ni, menos aún, con el consenso social que surge de un reparto equilibrado de los beneficios y los costes asociados a los procesos avanzados de integración económica y monetaria en los que se comparten tantos intereses, costes y riesgos.
Gabriel Flores - Economista
Los debates y acuerdos de la última reunión del Consejo Europeo (Bruselas, 28 y 29 de octubre de 2010) han pasado desapercibidos.
Los líderes europeos han aprobado normas presupuestarias más estrictas, hacer más rigurosas las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y aplicar sanciones severas y rápidas a los socios que incumplan esas reglas. La notable sensibilidad de estos líderes europeos con la protección de las finanzas públicas y la decisión que muestran en la tarea de reforzar y prolongar durante años las políticas de ajuste fiscal contrastan con la despreocupación con la que afrontan los problemas relacionados con el desempleo, la reducción de los salarios o el deterioro de los bienes públicos y la protección social.
La innegable necesidad de abordar los desequilibrios de las cuentas públicas y el inevitable desendeudamiento del sector privado no deben confundirse con el sesgo antisocial y antieconómico que las fuerzas políticas conservadoras han impuesto a las políticas de consolidación fiscal. La absoluta prioridad y la irracional intensidad de los ajustes fiscales que se exigen a Grecia, Portugal y España van a tener unas repercusiones económicas muy graves en estos países, tanto porque traban sus posibilidades de recuperación económica y, como consecuencia, dificultan la consecución de los objetivos de reducción del déficit público previstos como porque deterioran el potencial de crecimiento del conjunto de la UE.
Principales medidas de la cumbre de la UE
Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Bruselas han decidido endurecer reglas y sanciones para acabar con unas divergencias presupuestarias que los mercados de deuda no admiten y castigan con altos tipos de interés. En lugar de optar por la solidaridad y la cohesión, la cumbre da por buena la heterogeneidad real que existe en la zona euro y se contenta con intentar frenar las divergencias nominales.
Las principales conclusiones de la cumbre pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
- Se confirma la absoluta prioridad del ajuste presupuestario y se anuncian nuevas y mayores sanciones para los socios que incumplan los planes de reducción del déficit o superen los límites establecidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (un 3% del PIB en el caso del déficit y un 60% para la deuda pública acumulada).
- Se rechaza cualquier posibilidad de aumentar un presupuesto europeo que seguirá anclado en un mínimo 1% del PIB comunitario.
- Se insiste en “la importancia de que se lleven a cabo reformas sistémicas de las pensiones”.
- Se pospone el debate sobre la aprobación de la propuesta alemana, apoyada por Francia, de suspender el derecho de voto en procedimientos relacionados con la unión económica y monetaria a los socios que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria y sus compromisos de ajuste fiscal. Dicha propuesta se mantiene como amenaza.
Además, se aprueba introducir una modificación limitada del Tratado Fundacional de la Unión Europea sin cambiar el artículo 125. Se mantendrá, por tanto, el principio de no corresponsabilidad financiera o cláusula de no bail-out que impide el rescate colectivo (con fondos de la UE) de los socios que presenten problemas en sus cuentas públicas.
Tal modificación del Tratado de Lisboa permitirá que el Instrumento de Estabilidad Financiera (IEF), creado el pasado mes de mayo, tenga pleno sustento jurídico y un carácter permanente, en lugar de una vigencia limitada a tres años. El nuevo mecanismo para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro seguirá contando con aportaciones de los Estados miembros y del FMI. Y tendrá, además, una participación de los bancos privados a la que se resistieron sin éxito el presidente del Banco Central Europeo y los líderes de los países más afectados por la crisis de la deuda soberana. En la próxima cumbre de diciembre se definirán las características generales del nuevo mecanismo, entre ellas el papel y el tipo de participación del sector financiero privado y las estrictas condiciones en las que deberán funcionar los programas de rescate.
El blindaje de las políticas de austeridad fiscal que han aprobado los líderes europeos muestra la incapacidad de las actuales instituciones europeas y del pensamiento conservador y ultraliberal que en ellas domina de afrontar los retos que la crisis global y la gobernanza económica de la UE plantean.
Las fuerzas políticas conservadoras que ocupan las posiciones de poder en las principales instituciones comunitarias y que determinan las reformas, prioridades y políticas económicas de la UE siguen aprobando medidas que nada o muy poco arreglan y de nada o casi nada sirven. Las políticas de ajuste fiscal que patrocinan y han impuesto al conjunto de los socios comunitarios pueden impedir la explosión de la eurozona. Puede que también sean capaces de hacer compatibles el restablecimiento de las tasas de beneficios de los grandes grupos empresariales y una situación prolongada de muy bajo crecimiento; pero son medidas ineficaces para generar empleo neto, impulsar un crecimiento sostenible o recuperar el bienestar y la seguridad perdidos por la mayoría de las clases trabajadoras durante la recesión.
Hay alternativas progresistas a las políticas conservadoras
Para frenar la creciente heterogeneidad en las estructuras económicas de los países miembros de la eurozona y las divergencias en las especializaciones productivas que muestran los socios más avanzados respecto a los periféricos no valieron de nada las reglas de rigor presupuestario del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni van a servir las nuevas y severas sanciones que se proponen para castigar a los países que incumplan la disciplina fiscal. El factor clave para reducir los desequilibrios macroeconómicos, incluidos los que presentan las cuentas públicas y contrarrestar las divergencias entre los socios es la puesta en pie de formas de solidaridad estructural. Dicho de otro modo, sería necesario que la UE avanzara hacia un federalismo capaz de impulsar el crecimiento potencial de los socios menos avanzados y que favoreciera la transferencia de fondos públicos desde los países más ricos y ahorradores hacia los menos ricos y las regiones más atrasadas.
Un impulso federal de la UE requiere, en primer lugar, unos impuestos comunes capaces de sostener un presupuesto federal muy superior al actual (apenas supone el 1% del PIB comunitario). El horizonte de ese presupuesto federal capaz de propiciar el crecimiento potencial del conjunto de las economías de la UE debería aproximarse progresivamente a niveles cercanos al 16% del PIB que muestra EEUU.
Y en segundo lugar, una disciplina presupuestaria encaminada a evitar o dificultar los comportamientos presupuestarios irresponsables que favorecen el surgimiento de crisis fiscales. Cualquier tipo de federalismo presupuestario exige disciplina fiscal para debilitar la intensidad de posibles crisis y un cuadro eficaz de sanciones para menguar el riesgo moral que incentiva los comportamientos insolidarios.
Sin propuestas federales de cohesión social y territorial y de modernización de las estructuras productivas de los socios menos avanzados, la disciplina fiscal no puede impulsar ningún tipo de convergencia real o productiva. Normas presupuestarias más estrictas y sanciones más rigurosas no permiten superar las debilidades e incoherencias institucionales de la UE ni resolver los problemas que ocasionan.
Más aún, en las actuales circunstancias de bajo y precario crecimiento del conjunto de la UE, el rigor fiscal que se ha impuesto impedirá a las economías más frágiles salir de la crisis.
En el mejor de los casos, contribuirán a prolongar el estancamiento económico, alimentarán nuevos episodios de presión de los mercados financieros sobre la deuda soberana y el sistema bancario y reforzarán las divergencias económicas reales. No pueden contar, en consecuencia, con ningún tipo de justificación económica ni, menos aún, con el consenso social que surge de un reparto equilibrado de los beneficios y los costes asociados a los procesos avanzados de integración económica y monetaria en los que se comparten tantos intereses, costes y riesgos.
Gabriel Flores - Economista